El transporte escolar recupera la normalidad este lunes

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha emitido una nota este sábado en la que informa de que el propio Ejecutivo y «las asociaciones que representan a las empresas de transporte escolar afectadas por la Orden del 1 de septiembre para garantizar el servicio, han acordado retomar el diálogo para analizar y plantear propuestas de mejora de cara al futuro». Aparentemente, el compromiso es únicamente hablar. Pero teniendo en cuenta que la postura del Ejecutivo hasta ahora era tirar de autoridad y reclamar el cumplimiento de la orden emitida por él mismo sin más matices, se trata de un avance reseñable que ha sido suficiente para engrasar la situación. «Fruto de dicho acercamiento, las empresas de transporte escolar retomarán su servicio a partir del próximo lunes, 18 de septiembre».

Es decir, no habrá mejoras en el precio ni cambio de condiciones de momento. En la nota de Educación insisten en que «tras el acuerdo, las empresas retomarán el mismo servicio que ofrecían el curso pasado, en las mismas condiciones económicas que entonces». Eso sí, deja la puerta abierta a cambios porque «el diálogo entre Departamento de Educación y las empresas fijará las bases para la determinación de las condiciones del transporte escolar con vistas a posibles medidas de corrección que se consideren necesarias».

De hecho, los planes del Gobierno vasco pasan por iniciar «próximamente» un nuevo proceso de licitación de las rutas que han quedado desiertas «con el objetivo de dotar para al curso 2024-2025 de la máxima estabilidad posible a un servicio fundamental para miles de alumnos y alumnas». Esto tiene una segunda lectura, y es que las empresas que ahora prestan el servicio se mantendrán en él durante todo el curso, disipando así los temores de que en cualquier momento se lanzase un nuevo proceso que las apartase de él de un modo abrupto y en un momento en el que reconfigurar el trabajo para el resto del ejercicio sería complicado.

Hay que volver la vista atrás para apreciar la medida exacta del avance que supone que ambas partes se hayan sentado a negociar. El Departamento de Educación acusó a las firmas de transporte de Bizkaia y Álava de actuar como un cártel en las licitaciones del servicio, y anunció denuncias ante la Autoridad Vasca de la Competencia y la Fiscalía. Para evitar el parón de las empresas, publicó una orden en la que les exigía seguir trabajando, pero los transportistas se plantaron y el inicio de curso se convirtió en un tormento para miles de familias.

Lo que piden las empresas no es únicamente, ni siquiera principalmente, un aumento de precios, sino también ciertos ajustes que les hagan reducir costes y minimizar riesgos en un contexto de subida de los carburantes, de los neumáticos, de los vehículos y de todo en general. Así, reclaman que no se les obligue a tener un autobús parado en las cocheras con un conductor para contar con margen de reacción si se estropea otro que está en ruta; también modificar el régimen sancionador que penaliza la impuntualidad más allá de no cobrar el servicio; y eliminar la obligatoriedad de que los conductores deban pasar costosos cursos de conducción eficiente pagados por la empresa. Todo apunta a que es en estos aspectos en los que hay margen de negociación con el Gobierno vasco a corto plazo, más allá de lo que se decida para los pliegos del próximo curso, para cuya redacción se abordarán reuniones mensuales entre ambas partes.

En este nuevo escenario, cabe suponer que desde el Ejecutivo de Vitoria relajarán los ímpetus en los procesos anunciados contra las empresas tanto en la Fiscalía como en la Autoridad Vasca de la Competencia.