El Supremo confirma la demolición del Hotel Miramar de Castro

El Hotel Miramar está enclavado en la playa de Brazomar. /ABEL VERANO
El Hotel Miramar está enclavado en la playa de Brazomar. / ABEL VERANO

La Sala desestima el recurso del propietario del edificio, al que condena en costas, contra la expropiación y urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras

ABEL VERANO

El Hotel Miramar de Castro, enclavado en la playa de Brazomar, está sentenciado. Tarde o temprano sucumbirá a la piqueta. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el derribo del edificio al desestimar el recurso presentado por su propietario contra el acuerdo del Consejo de Ministros (29 de septiembre de 2017) por el que se declaraba la utilidad pública y la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras comprendidas en el proyecto de demolición. Ya no caben más recursos. Y además se condena en costas al propietario del inmueble, que deberá abonar 4.000 euros al Estado.

Según se recoge en la sentencia fechada el 14 de febrero, a la que ha tenido acceso este periódico, el propietario del Miramar -la familia Alonso- denunciaba en su recurso que se había «vulnerado» su derecho de defensa por estar incompleto, a su juicio, el expediente administrativo. «La administración demandada ha cometido un abuso de derecho y una desviación de poder para privar a mis representados del uso de la propiedad de la finca que se pretende expropiar desde 2008, dejando que se arruine el edificio para luego justificar una expropiación a la baja».

En datos

1955
es el año en el que el Ayuntamiento de Castro Urdiales logra la concesión del edificio.
2008
es el año en el que el Ministerio declara la caducidad de la concesión.
929,72
metros cuadrados es la superficie del hotel, que ocupa parte de la playa y de suelo urbano.
200.000
euros es el coste aproximado de los trabajos de demolición del edificio.
500.000
euros es la indemnización que prevé abonar el Estado a los propietarios.

Además, los propietarios consideraban que no se justifica un interés general simplemente en el estado de la ruina inducida por la propia actuación de la administración para proteger la playa. Asimismo, entendían que «no habiéndose realizado deslinde alguno, no puede determinarse que sólo se indemnice por una parte cuando el total del inmueble sólo puede ser objeto de expropiación por vía de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera en relación a la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, de la Ley 22/1988». Finalmente, señalaban que, subsidiariamente, y en caso de que se confirmara la conformidad a derecho de la expropiación, «que se considere que el precio ofrecido por la expropiación de la propiedad no se corresponde con el valor real del inmueble que está valorado, como mínimo en 3.635.300 euros».

Ante estos argumentos, la Sala reprocha al recurrente el «desconocimiento palmario de la finalidad y significado del acuerdo recurrido, que se limita a declarar la utilidad pública y urgente ocupación de los bienes afectados por ese proyecto de demolición, a efectos de legitimar el inicio del oportuno procedimiento expropiatorio en el curso del cual, además de poder discutir sobre la extensión del terreno de su propiedad que se expropia, se procederá a la apertura y tramitación de la oportuna pieza de justiprecio, cuya decisión valorativa podrá ser objeto de impugnación jurisdiccional, por lo que, obviamente, como bien dice el abogado del Estado, lo que no puede el recurrente es pretender la apertura de una especie de 'causa general', con ocasión de este limitado acuerdo, para reabrir vías definitivamente cerradas».

Licitación pendiente

Al margen de la resolución de este recurso, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene pendiente de licitar las obras demolición del edificio (que ascienden a unos 200.000 euros a los que se suman 500.000 de indemnización para los propietarios). En julio de 2018, el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, anunció que ya había consignación para sacar a concurso el derribo, pero aún no se ha publicado en el BOE.