El pacto educativo que nunca llega

La educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Pese a ello, en España ha estado sometida a los vaivenes políticos en el poder. El rosario de leyes orgánicas aprobadas desde la Transición ha llevado a que los alumnos vivan en una constante incertidumbre, agravada por la falta de entendimiento entre los partidos políticos y también por el pulso que han mantenido algunas comunidades -entre ellas, Euskadi-, que apuestan por un mayor poder de decisión en los planes de estudios. El batiburrillo de siglas refleja los sucesivos cambios en las normas elaboradas en los últimos cuarenta años, con nueve leyes orgánicas.

Echando la vista atrás, con el comienzo de la democracia la Constitución de 1978 fijó la primera ley sobre Educación. Posteriormente, en 1980 se aprobó la LOECE, ley orgánica por la que se establecía el Estatuto de Centros Escolares. Cinco años después la LODE reguló el derecho a la educación. Otro lustro más tarde se aprobó una nueva reglación, esta vez de carácter global. Se trataba de la LOGSE, la gran apuesta socialista para la reforma de la enseñanza. El mismo partido, en 1995 redactó otra norma, la LOPEGCE para la participación, evaluación y gobierno de los centros docentes. En 2002, el PP ya en el Gobierno apostó por una nueva ley, la LOCE ,para la calidad de la educación, que no llegó a aplicarse. Cuando el PSOE se puso de nuevo al frente del Ejecutivo volvió a redactar otro texto en 2006 que estuvo vigente siete años hasta que en 2013,el PP aprobó la polémica LOMCE que, aunque entró en vigor, algunos puntos han quedado en suspenso en busca de la paz educativa.

Un nuevo pacto

Ahora, el Gobierno parece dispuesto a llegar a un pacto social y político para la Educación. No es la primera vez que se persigue ese objetivo. En 2010, con el PSOE en el gobierno, el ministro Ángel Gabilondo estuvo a punto de alcanzar un acuerdo, que finalmente fue rechazado por los populares.

A principios de febrero se creó en el Congreso una subcomisión parlamentaria destinada a sentar las bases de ese nuevo pacto. En ella comparecerán 82 personas representantes de los distintos agentes implicados, docentes, sindicatos, políticos, representantes de las familias, responsables de educación de las comunidades autónomas... En principio, se ha fijado un plazo de seis meses para redactar un primer borrador de una futura ley orgánica.

En un evidente giro en su política, tras el conflicto levantado por la ley Wert, el Gobierno afirma ahora que es necesario ese nuevo pacto y que para ello hay que partir «con la mente abierta y unas hojas en blanco, sin premisas ni condicionantes, sin prejuicios, de forma que las propuestas para el pacto surjan del debate y no vengan preestablecidas ni nos limiten a la hora de aceptar la postura de otro», según ha señalado el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín.

Todavía son pocos los comparecientes que han pasado por la comisión, que se reúne los martes y los miércoles, y por tanto es pronto para avanzar cuáles serán los elementos. ¿Pero qué elementos debe recoger ese nuevo plan? Varios profesionales vascos de la Educación ofrecen su opinión y plantean sus dudas.

Saber de lo que se habla

El exrector de la UPV y catedrático de Fisiología Juan Ignacio Pérez considera que de entrada «hay que sacar a la Educación del pim pam pum de la bronca diaria y cotidiana. Debería establecerse el principio de que cualquier política que tenga consecuencias en la práctica educativa debe estar basada en que tengamos conocimiento fiable, en que sepamos de qué estamos hablando. El problema está en que en el mundo educativo hay pocas pruebas de lo que se afirma. Unos dicen que si hay que aprender por competencias, otros que hay que incentivar el esfuerzo, otros que hay que abandonar la tarea memorística. En términos generales, aunque entiendo que la ley no está para esto, sino para ordenar el sistema, hay temas como el de las reválidas que sí tienen que ver con una concepción determinada sobre en qué debe consistir la Educación, por eso creo que debería asumirse como principio que no se haga nada que no tenga un soporte del que nos podamos fiar porque hay pruebas que lo avalan».

Otro aspecto que le parece clave es que «se debe decidir lo que se busca con el nuevo sistema educativo. Hay algunos que piensan que la escuela debe servir prácticamente para todo y deben incluir en el currículum todo tipo de cosas trasversales como educación vial, y otros pensamos que lo esencial es que se deben transmitir habilidades y conocimientos en relación con una serie de materias básicas. Es importante que se determine qué es lo que se quiere conseguir, qué tipo de ciudadanos queremos tener, con qué tipo de formación queremos que salgan. ¿Alguien con los conocimientos básicos en las disciplinas básicas que denomine los lenguajes? ¿Se va a dar más importancia a las ciencias o a las humanidades? Hay que determinar cuál es el objetivo sobre unos consensos muy amplios, que no lleguen a mucho detalle porque si no, no se llegará a un acuerdo».

El decano de la Facultad de Filosofía de la UPV, Xabier Etxague, opina que «es indiscutible la necesidad de un pacto porque la dinámica que llevamos desde la restauración de la democracia es bastante perversa, cada partido ha hecho la ley que le ha convenido pensando en su electorado. También hay que pedir tiempo. Aplicar los grandes objetivos requiere procesos lentos, por eso deberíamos mantener el pacto ajeno a los tiempos electorales».

Para Josu Etxeburu, presidente de la recién creada asociación Heize que aglutina a centros tanto de Infantil y Primaria como de Secundaria, «estamos hablando de algo muy serio y conminaría a los participantes a pensar más allá, porque un pacto social no debe estar nunca sujeto a los tiempos políticos. Hay que partir de unos mínimos. Debemos tener claro qué es lo que se va a trabajar, qué puntos y no tener miedo al debate».

Leer, escribir y comprender

María José Julián, profesora de Secundaria y Bachiller recién jubilada, tiene claro que «el pacto es necesario. Me da igual quién esté en el Gobierno. Un país no puede permitirse cambiar constantemente en temas como la sanidad o la educación». Y piensa que el principio básico en el que se debe asentar cualquier reforma «es que los críos pequeños aprendan cosas básicas. Pondría obligatorio que en Primaria supieran leer, escribir y entender correctamente y que los contenidos de otros temas fueran mínimos. Para eso tienen toda la ESO y Bachiller».

Jon Ander González, presidente del Consejo de Estudiantes de la UPV, comenta que «de entrada, me parece que la universidad va a quedar un poco relegada en esta negociación. Los compañeros de Madrid me han comentado que en principio se van a centrar en la educación Primaria y Secundaria, y eso me parece un error. Es necesario plantear un proyecto global para poder realizar los cambios necesarios».

Otro de los puntos en los que hay que llegar a un consenso es qué agentes deben tomar parte en el debate y en la redacción de la ley si llega ese momento, más allá de las personas que ahora están pasando por la subcomisión. Lurdes Imaz, coordinadora de Ehige, Euskal Herriko Ikastetxeetako Guraso Elkartea, cree que deben participar agentes políticos, educativos y sociales. «Las familias, por ejemplo, son un elemento fundamental e imprescindible en la mejora del sistema educativo, pero curiosamente se legisla en contra de garantizar su participación y se recortan los recursos hasta extremos que imposibilitan la realización de su tarea. Es imprescindible poner en marcha una política seria de incorporación de las familias al sistema».

Una opinión similar tiene Jon Ander González: «No pueden participar solo PP, PSOE y Ciudadanos, que parece que son los que han tomado la iniciativa. Tienen que tener cabida todos los partidos, así como trabajadores, profesores, padres y alumnos».

Etxeburu considera que «tienen que reconocer a los que estamos trabajando todos los días en los centros educativos. Nadie mejor que nosotros conoce qué está pasando en las aulas. Todo lo que refiera un pacto para la Educación tiene que ser eminentemente social».

El papel que la enseñanza pública debe jugar en el futuro de la Educación será, seguro, uno de los puntos del debate entre las fuerzas políticas. Xabier Etxague piensa que «es el momento de volver a apostar por este tipo de enseñanza. Durante la crisis, frente a la concertada y privada, ha visto restringidos los presupuestos y los recursos. Aquí, en Euskadi hemos estado mejor porque el Gobierno Vasco se ha portado bien».

Juan Ignacio Pérez entiende que «la Educación es un bien público, pero eso no quiere decir que quien preste el servicio tenga que ser también público. Las familias deben tener protagonismo en la elección del modelo que quieren para sus hijos y no tienen por qué estar obligados a optar por un servicio público».

En cambio, desde Ehige opinan, según explica Lurdes Imaz, que «la escuela pública debe ser el eje vertebrador y prioritario del sistema educativo. Nuestro sistema es cada vez más segregador ya que separa al alumnado según su situación socioeconómica y no ayuda a construir una sociedad inclusiva. Es hora de debatir la concertación, ya que no ayuda a lograr una sociedad cohesionada».

Josu Etxeburu también hace una puesta decidida por la pública. Entiende que «ha llegado el momento en que cada uno nos retratemos sobre lo que opinamos respecto a este tema» y pone como ejemplo el País Vasco «que no ha mejorado su ley sobre educación desde 1993, con todo lo que ha evolucionado la sociedad. En Heize predicamos que la educación es un derecho y como tal, corresponde a la administración dar la respuesta adecuada».

Contextos diferentes

El peso de las comunidades autónomas y sus competencias será, sin duda, uno de los puntos calientes de la negociación. Para Juan Ignacio Pérez, «un principio importante es que en materia de descentralización del Estado no se puede ir hacia atrás. Las autonomías tienen unas competencias en la materia y deben mantenerlas sin estar en peligro constantemente. Cada una tiene un contexto histórico, cultural y social diferente». Una opinión similar mantiene el decano de la Facultad de Filosofía: «El consenso social en relación a las lenguas oficiales está bastante consolidado». Por su parte, Lurdes Imaz apunta que hay que tener en cuenta que «la escuela debe estar comprometida con el fomento y el desarrollo de la lengua y cultura vasca».

En donde sí hay una opinión común generalizada es en la necesidad de una educación integral, donde no se apuesta por el aspecto científico y tecnológico de la formación en detrimento de las humanidades. «No hay que entrar en asignaturas. Estamos hablando de aprender a convivir, a ser autónomos, críticos y capaces de comunicar», señala Etxaburu. «El debate entre una apuesta por las ciencias o por las humanidades es falso. Hay materias que son fundamentales y otras no. Para mí Filosofía es una materia tan fundamental como Lenguaje, Ciencias Naturales o Matemáticas», concluye Juan Ignacio Pérez.