La comisión de expertos que reforma la RGI plantea dar más dinero a las familias con hijos

El documento ha servido de base para el informe que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales dirigido por Beatriz Artolazabal deberá presentar en el Parlamento vasco para debatir con el resto de grupos la futura reforma de la ley, una de las promesas de esta legislatura que figura además en el pacto de gobierno de los jeltzales con el PSE. La pelota está ahora en el tejado político y será el Gobierno el que decida qué medidas incorporar a su propio modelo.

Los expertos a quienes se encomendó el análisis abogan, entre una larga lista de medidas, por reforzar la cobertura a las familias pobres con hijos menores a su cargo a través de un nuevo complemento que se añadiría a la cantidad que les corresponda percibir, según ha podido saber este periódico. Hasta ahora, la ayuda social contempla unas cuantías en función de la composición familiar, que van entre los 625 y 959 euros, a los que se suman 45,5 euros más al mes si se es familia monoparental (una sola persona, por lo general la madre, a cargo de un hijo). En caso de vivir de alquiler, también se pueden añadir otros 250 euros mensuales de la prestación de vivienda (PCV). La idea de conceder más dinero a las familias con menores no estaría sujeta a límites, ni en cuanto al número de menores ni en cuanto a la cuantía final, pero sí tendría un carácter decreciente, esto es, el complemento se reduciría de forma progresiva en función del número de niños en el hogar.

El nuevo complemento infantil iría de la mano de la propuesta de modificar la forma en que se calculan las cuantías de las prestaciones, un cambio de calado si finalmente se lleva adelante. Según las fuentes consultadas, se trataría de pasar a un sistema con una cuantía base común a todos los hogares, al que se añadirían complementos individuales, tanto para adultos como por la presencia de menores, en función de la composición del hogar. Esta fórmula sustituiría a los topes actuales.

De forma indefinida

Otra de las novedades va dirigida al fenómeno creciente de los trabajadores pobres, que ya suponen el 20% de las casi 63.000 prestaciones que se conceden en Euskadi. La iniciativa está pensada para estimular el empleo en lugar de que el cobro de la ayuda desincentive el salto al mercado laboral. Pero tiene un límite de tiempo. Los trabajadores que se benefician de la ayuda social como complemento a un bajo salario la pueden cobrar un máximo de tres años. Los técnicos creen que debería eliminarse ese tope y que la RGI se pueda percibir de forma indefinida siempre y cuando se cumplan los requisitos de acceso.

En la compleja gestión de los cobros indebidos, los técnicos consideran necesario regular las reclamaciones de forma más ágil. Proponen además que la responsabilidad de los perceptores a la hora de tener que devolver esas cantidades a Lanbide prescriba si han pasado dos años y el Servicio Vasco de Empleo no se lo ha comunicado. Solo en 2016 fueron 24 millones. Los casos de fraude propiamente dichos se limitan al 0,3% de los expedientes revisados y hay otro 0,6% de usos indebidos de la ayuda.

La hoja de ruta elaborada por los técnicos incluye también propuestas para estrechar el control sobre las ayudas. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales ya adelantó en marzo que reforzará la lucha contra el fraude y las irregularidades. La implantación de la huella digital en las oficinas de Lanbide, como así lo recogían también los expertos, la creación de un grupo antifraude y una mayor colaboración con otras administraciones (Hacienda, Seguridad Social, ayuntamientos...) para detectar posibles situaciones no declaradas por los perceptores forman parte de los cambios que se introducirán sin esperar al debate de la ley.