El Gobierno denegó el año pasado siete de cada diez peticiones de asilo

A Qurban Ali Khagan se le quiebra la voz. Él está en Madrid, pero su pensamiento viaja hasta Pakistán donde están su mujer y su hijo. «Es muy difícil para ellos. No tienen a nadie», explica en un español que perfecciona cada día en su trabajo en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Allí llegó hace tres años, cuando abandonó su Afganistán natal con un visado del Gobierno. Trabajaba en una base de Naciones Unidas, encargándose de la seguridad del recinto. Pero los talibanes pusieron a Qurban en su punto de mira y la vida se hizo insostenible. «Antes había una guerra abierta. Los terroristas tenían miedo. Pero ahora los militares de Europa y América se han ido», explica.

Se marchó el solo a España, pero dejando a miles de kilómetros a su familia. «Es muy difícil. Hay muchas personas como yo», apuntó Qurban, que puso voz a los más de tres millones de compatriotas que han tenido que abandonar Afganistán. Un país que no está incluido en la lista de los países prioritarios de la Unión Europea. Irak, Siria y Eritrea conforman los primeros puestos. Un hecho que denunció CEAR en la presentación de su informe anual. «Hay miles de afganos en Italia y Grecia», incidió Estrella Galán, secretaria de la ONG, quien solicitó más implicación a las autoridades comunitarias y a las españolas. El Gobierno recibió durante el año pasado el mayor número de peticiones de asilo de su historia. Hasta 14.881 personas reclamaron al Gobierno que tuviera en consideración su situación especial. CEAR aseveró que sólo representa el 1% de las solicitudes que llegaron a los países de la Unión Europea, que superaron los 1,3 millones. Una cifra que supone el doble que en el ejercicio anterior.

Europa resolvió de forma favorable más de 300.000 solicitudes, de las que 249.280 corresponden a Alemania. Francia estudió 77.910, de las que denegó las tres cuartas partes; y Suecia aceptó 32.104 peticiones de las 44.590 planteadas. En el caso español, el Ejecutivo resolvió durante el pasado ejercicio 3.240 peticiones, de las que rechazó siete de cada diez (2.220). De los expedientes aceptados (1.020), 800 personas recibieron una protección subsidiaria mientras que solo 220 personas lograron el estatus de refugiado para permanecer en el país. No se dio ningún permiso por razones humanitarias. Por países, del total de petición la gran mayoría provienen de Ucrania (sobre todo hombres llamados a filas que no quieren combatir contra las tropas separatistas), Siria y Palestina. CEAR denunció que tanto la concesión de protección subsidiaria como la de refugiado han bajado: de 1.199 a 800 y de 384 a 220. Es decir, en el año de la mayor crisis de refugiados, el Gobierno de España ha bajado sus concesiones. «Solo ha reubicado a 18 refugiados de los 16.000 comprometidos en los acuerdos de la UE», afirmó Galán.

«Esta UE no la reconozco», apuntó, por su parte, Carlos Berzosa, presidente de la ONG quien recordó que más de 7.000 personas -«Que sepamos»- han fallecido en el Mediterráneo intentando llegar a Europa entre 2015 y los primeros cinco meses de este año. «Estamos en una crisis de la humanidad, no de refugiados», añadió Galán, quien criticó a los estados europeos por apelar a la seguridad en el problema de los refugiados. «El tratado entre la Unión Europea y Turquía vulnera todos los acuerdos internacionales», incidió.

La retirada del apoyo español a este acuerdo, la acogida inmediata de las personas refugiadas en Grecia e Italia en cumplimiento de los acuerdos de reubicación, la puesta en marcha de las vías legales y seguras de acceso al procedimiento de asilo son algunas de las medidas reclamadas por CEAR.