La RGI y el día de la marmota

Como en el filme Atrapado en el tiempo, conocido como El día de la marmota, me sorprendía ver la pasada semana en este periódico al consejero Toña regresando al futuro. Nuevamente el debate de la ubicación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), superado legalmente con la ley 4/2011, que trasladaba su gestión al sistema de empleo con la creación de Lanbide. La ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social define esta política como autónoma. Se llegó a estudiar su reubicación en una red de oficinas ad hoc, pero se descartó por falta de recursos. En aquel texto de consenso se fijó la centralidad del empleo en la inclusión social. Ya que garantía de ingresos e inclusión van de la mano en nuestro ordenamiento jurídico y el empleo es clave en la ecuación, la RGI en Lanbide es algo coherente. Además, las políticas pasivas -prestaciones por desempleo- forman parte del sistema de empleo desde el principio. El actual Gobierno vasco defiende el traspaso de esas políticas pasivas a Euskadi. ¿Tendría que pagarse el paro en los servicios sociales acaso?

Desde el punto de vista del diseño y la comprensión de las políticas públicas, los sistemas de empleo y de servicios sociales son sistemas diferentes. Y esta afirmación es el asunto principal, puesto que implica que el sistema de servicios sociales existe como tal y no es gregario de otros. La demostración de esto es que la práctica totalidad de las personas a las que el señor Toña quiere dirigir a los servicios sociales, ya están allí y son atendidas por estos. Nunca han dejado de serlo; tanto por los públicos como por el tercer sector de la acción social. Nuestra ley de Servicios Sociales de 2008 define estos servicios como un elemento clave, «en cooperación y coordinación con otros sistemas y políticas públicas», en la promoción del bienestar social del conjunto de la población. La ley dispone de una cartera de servicios en la que no aparece la tramitación de la RGI. Pero ojalá solamente fuera una cuestión legal. Al fin y al cabo las leyes y decretos están para cambiarse y adaptarse a las personas y sus necesidades. No es eso.

Soy trabajador social desde 1990 y se que el dinero enturbia el trabajo social y ha llenado de dificultades la labor diaria de grandes profesionales en los servicios sociales durante décadas porque se genera un triángulo perverso. Si el consejero Toña pretende aligerar Lanbide, debe explotar las herramientas informáticas para hacer de la RGI un derecho ciudadano sin interpretaciones. La RGI no es más complicada que el IRPF y se debe ayudar solo a quienes de forma autónoma no pueden solicitarla. El sistema está preparado para la interoperabilidad con otras administraciones, para no enterrar personas en papel. Las bases para la modernización están puestas. En cuanto a los pensionistas que complementan sus ingresos con la RGI, la solución es aún más sencilla, vía declaración de la renta en coordinación con las haciendas forales.

La ley de RGI excluye a las personas en alta exclusión de la activación para el empleo, hasta que superan su situación. Así no sobrecarga a las políticas activas de Lanbide. Sin embargo, expulsar del sistema de empleo a los que se consideran inempleables es negar la universalidad del mismo. Orientarlos a que tramiten su RGI en el sistema de Servicios Sociales es negar la existencia del sistema de Servicios Sociales. Dispone de tanta lógica como derivar a los enfermos terminales a las bases de los ayuntamientos porque «el enfermo no tiene cura». Supone negar el enorme trabajo que la red de centros de empleo especial y las empresas de inserción hacen en nuestro país con las personas con discapacidad o en exclusión social. Aun sabiendo que hay personas con muchas dificultades para el empleo y que no habrá empleo para todos, esa expulsión para quedarse con los mejores no es buena para las personas. Solo lo es para la gestión política de Lanbide.

La razón que justifica la creación de un sistema público es la existencia de un bien a proteger. El sistema de empleo está llamado a proteger la empleabilidad de las personas, su derecho al empleo. El sistema de servicios sociales es responsable de proteger otros bienes, de carácter más relacional y con perspectiva comunitaria. Flaco favor al sistema de empleo si expulsamos de él a quienes más lo necesitan y flaco favor al sistema de servicios sociales si le hacemos un encargo envenenado: ocuparse de proteger un bien como el empleo de las personas, para el que no tiene los medios ni forma parte de sus objetivos. Especialmente en un tiempo en el que toca desarrollar los servicios sociales, modernizarlos y saltar al siguiente escalón, marcado por una extraordinaria ley de servicios sociales de 3ª generación. La primera del Estado. Demos entre todos una oportunidad a Lanbide, al sistema vasco de servicios sociales y, sobre todo, a quienes se encuentran en una mayor situación de exclusión social.