El Gobierno vasco tramita 57 desahucios de pisos sociales en tres meses por «impago sistemático» del alquiler

Ricardo Navia y Asier Azkaraga, desahuciados en Barakaldo, junto a miembros de Berri Otxoak , protestando por su desalojo./
Ricardo Navia y Asier Azkaraga, desahuciados en Barakaldo, junto a miembros de Berri Otxoak , protestando por su desalojo.

Dos de los expedientes que ha presentado este año ya han acabado con el inquilino en la calle

JAVIER MUÑOZ

Tan sólo durante el primer trimestre de este año, el Gobierno vasco ha presentado 57 demandas de desahucio en el parque público de alquiler, que ronda los 17.700 pisos en los tres territorios históricos en sus diferentes modalidades. De todos esos expedientes, dos ya se han materializado con la expulsión de los inquilinos, una drástica solución que a uno de ellos en particular se le aplicó porque se incurría en «un impago sistemático y no justificado de la renta». Aunque, en realidad, ese supuesto está detrás de «la mayoría» de los demás procedimientos incoados por la Administración vasca que todavía no se han cerrado.

Así lo recoge una respuesta del Departamento de Empleo y Políticas Sociales a una pregunta del grupo socialista en el Parlamento vasco. La consejería de Ángel Toña -en una nota de prensa que hizo pública ayer- indica que, entre las 57 reclamaciones de desalojo planteadas de enero a marzo pasados, 19 corresponden a inmuebles directamente gestionados por la viceconsejería de Vivienda; y en uno de esos casos concretos el denunciado ya está en la calle.

«A otros fines»

Los motivos por los que la Administración vasca decide iniciar estos trámites tan expeditivos -lo hace desde hace tiempo- suelen ser casi siempre los mismos. «Por ejemplo, contar con ingresos suficientes y no destinarlos al pago de la renta», detalla el Departamento de Empleo. También hay supuestos de desahucio cuando el beneficiario del alquiler social incumple los compromisos de pago a los que ha llegado con la Administración. Igualmente hay episodios en los que un beneficiario que, además de haber recibido un piso social, cobra un subsidio para pagarlo, llega al extremo de dedicar ese dinero «a otros fines».

Otro grupo de expedientes de desalojo (en concreto 38) lo ha puesto en marcha Alokabide, un organismo autónomo que gestiona, por un lado, un paquete de viviendas del Gobierno vasco y, por otro, los pisos particulares movilizados apara el alquiler dentro del programa Bizigune. En uno de esos casos, el inquilino entregó las llaves y de ese modo, según la consejería, «recuperó la posesión de la vivienda». A otro beneficiario de Bizigune, ya lo han desalojado.

LA CLAVE

Inspección de VPO en propiedad De enero a marzo se han abierto 2.419 expedientes por irregularidades o uso indebido del inmueble

Estas intervenciones se inscriben en la ronda de revisiones y controles que el Gobierno vasco hace regularmente en los pisos de titularidad pública. Respecto al parque protegido en propiedad, que son unas 77.000 viviendas en Euskadi, durante el primer trimestre pasado se tramitaron 2.419 expedientes por uso indebido o irregularidades (también se contabilizaron 49 procedimientos que venían del año pasado y acabaron con multas de 8.400 euros).

En una segunda respuesta al grupo socialista del Parlamento vasco, el Ejecutivo de Urkullu explicó que, antes de imponer esas sanciones económicas, se comprueban los consumos de luz y agua, o el empadronamiento, a fin de verificar si la casa está ocupada o no por el titular.

De los 2.419 expedientes abiertos en 2016, la mayoría (1.705) son del territorio de Bizkaia: en Bilbao, Mungia, Abanto y Portugalete, principalmente. Otros 622 fueron en Vitoria y 92 en el territorio de Gipuzkoa, casi todos en el municipio de Oiartzun.