Osakidetza encarga el análisis del fármaco que provoca ceguera a un laboratorio de Valladolid

Según informó el Ministerio de Sanidad la semana pasada, el lote de perfluoroctano Ala Octa supuestamente tóxico está siendo investigado en la farmacéutica alemana Ala Medics, fabricante del producto. En este estudio también participan las autoridades sanitarias alemanas, así como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que el pasado 26 de junio ordenó la retirada del producto al tener conocimiento de numerosos «incidentes adversos».

Cuatro meses después de que se diera la alerta sobre los posibles efectos nocivos de esta sustancia utilizada para fijar una retina desprendida, este estudio no ha terminado. Sin embargo, las reclamaciones por cegueras inexplicables empiezan a amontonarse en los despachos de los diferentes servicios sanitarios, como es el caso de Osakidetza. Y es que los pacientes que han perdido la visión piden una compensación a la administración titular del hospital en el que se han operado. Para ello, plantean lo que, en términos jurídicos, se conoce como una reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, cuyo objetivo es lograr una compensación económica. En caso de ser aceptada, la indemnización es inmediata. Si es rechazada, el siguiente paso es acudir a los tribunales.

Osakidetza ha asegurado que sus servicios jurídicos han abierto ya «procedimientos de responsabilidad patrimonial» para cada uno de los casos registrados hasta el viernes: ocho en el Hospital Universitario Donostia y uno en el de Cruces (los cuatro de una clínica privada de San Sebastián no son de su competencia). Esto significa que se está preparando para afrontar los requerimientos. Para ello, precisa tener la prueba analítica de que el perfluoroctano aplicado a cada paciente ocasionó un daño irreversible. De ahí que acuda a un laboratorio de prestigio como es IOBA para certificarlo.

Una decisión «oportuna»

Como el Servicio Vasco de Salud tiene seis meses para contestar a los escritos de reclamación de daños, en tanto no disponga del análisis, deja en suspenso las solicitudes para que los plazos no corran. Una vez que tenga el informe del IOBA, reabrirá el procedimiento. Osakidetza ha designado al director de Asistencia Sanitaria, Antonio Arraiza, para hacerse cargo de las reclamaciones. Y es él quien está comunicando a los pacientes que ha pedido al centro de investigación de Valladolid un análisis del perfluoroctano «con la máxima celeridad».

Según el despacho de abogados Gómez Menchaca, que está tramitando decenas de casos en toda España, la decisión de Osakidetza es del todo «oportuna» y va en beneficio del paciente en la medida que es el afectado «el primer interesado en que se acredite que el perjuicio sufrido es debido a la toxicidad de un producto». En este sentido, este informe puede ser positivo también para las personas intervenidas en clínicas privadas.

El segundo objetivo que persigue el Servicio Vasco de Salud con este análisis es disponer de una prueba pericial contundente para poder reclamar al laboratorio. Y es que en el caso del perfluoroctano hay dos perjudicados. El primero, sin duda, son los pacientes que se han quedado sin visión. Y el segundo, los diferentes hospitales y clínicas que han aplicado uno o dos lotes posiblemente tóxicos de un producto, cuya validez en la cirugía de retina no se cuestiona. En este sentido, algunos afectados señalan que algunos de los médicos «están desolados».