"Tenemos sol, viento y mareas. No necesitamos el 'fracking'"

Mario Rodríguez, director de Greenpeace España. /
Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.

El responsable de la organización ecologista defiende el potencial de las energías renovables y denuncia los "daños" provocados por la corrupción política en el medio ambiente

JOSÉ MARI REVIRIEGO

El director ejecutivo de Greenpeace en España, Mario Rodríguez Vargas (Madrid 1965), repasa en profundidad la situación del medio ambiente en 'La hoja de roble', la ventana verde abierta en la edición digital del diario EL CORREO. Físico de formación y comprometido con la lucha contra el cambio climático, Rodríguez desgrana las principales amenazas que afectan a nuestra calidad de vida y los ejes que vertebran la ecología, asuntos que vendrán a tapizar este espacio en próximas entrevistas. El máximo responsable de Greenpeace subraya que la gestión de nuestro entorno también tiene que ver con la política y la economía. Y que, por lo tanto, está expuesta a los embates de la corrupción.

Estamos en plena campaña electoral y la ecología no parece estar entre las prioridades de los partidos. ¿A qué atribuye el escaso peso del medio ambiente en el debate político, pese a la vital importancia que tiene en nuestra vida cotidiana, en la alimentación, el ocio o la salud?

El medio ambiente está en una posición muy baja en la agenda de la política, salvo cuando hay una catástrofe, un vertido, una marea negra... Cuando afecta a la alimentación, el cambio climático y el modelo energético. Nunca se ha hablado tanto del oligopolio eléctrico como hasta ahora que ha salido el debate sobre la pobreza energética; sobre gente que no tiene dinero para cocinar y calentarse. Pero es verdad que no está en el top ten. Y eso tiene que ver con un país que tiene una calidad democrática no óptima El tema del medio ambiente importa más a la ciudadanía que a los políticos. Y esa es nuestra esperanza.

¿Por qué en España no ha prosperado un partido verde como en otros países de Europa, teniendo en cuenta la importancia de su sector primario, su biodiversidad y la sensibilidad especial que hay por la naturaleza?

Los partidos han metido en sus programas cosas sobre el medio ambiente, pero nadie se ha planteado en profundidad un cambio de modelo económico y productivo para luchar contra el cambio climático, la crisis alimentaria y la contaminación. En Alemania, el partido verde despertó cuando había una conciencia social muy acusada a consecuencia de la contaminación y del riesgo nuclear. En España empieza ahora a abrirse un espacio más verde. A día de hoy hay temas de debate que tienen mucho que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, la corrupción, que es el eje de toda la especulación urbanística.

Antes de ser nombrado director ejecutivo de Greenpeace, en 2012, trabajó en la lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles son sus efectos más palpables entre nosotros, sabiendo que lo que ocurra en Groenlandia puede tener consecuencias en La Concha o en la ría de Bilbao?

Hay efectos que puede percibir la gente. El cambio climático se traduce en incendios forestales más virulentos y daños muy fuertes en la economía rural; inundaciones imprevistas que provocan destrozos tremendos; ciclos de temperatura absurdos que nos llevan a estar en primavera con 40 grados. En nuestro trabajo se percibe mucho en el mundo agrícola, especialmente en el sector vitivinícola. Ven que los cambios de temperatura y de los patrones climáticos están mermando la calidad del producto. Y se plantean si tienen que subir las viñas más arriba. Te dicen que, si esto sigue así, se tendrán que llevar las viñas al sur de Inglaterra. Son indicadores muy claros.

Advierten también que el aumento de las temperaturas está poniendo en peligro otros cultivos de gran relevancia como los olivos, lo que sería un desastre para la economía.

Hablamos de pérdidas para el aceite, el vino, el turismo... El turismo de esquí desaparecería por el calor, mientras que la subida del nivel del mar afecta a nuestra costa. El cambio climático se va a traducir en una reducción del PIB y cuando llegue a la ciudadanía se va a traducir en pobreza, en pérdida de puestos de trabajo.

Los últimos desbordamientos de ríos y los destrozos provocados por la mala mar revelan la precaria planificación en los cauces y el litoral, invadidos por el desarrollo urbanístico. ¿Porqué se han incumplido sistemáticamente las distancias entre la línea de costa y las edificaciones?

Esto es uno de los grandes problemas de este país. Se hacen leyes que luego no se cumplen. Los últimos desbordamientos en el Ebro y la imagen del agua del mar entrando mansamente en el casco histórico de San Sebastián son síntomas de que algo no funciona. Se construye y cultiva en llanuras fluviales, zonas de inundación; se crean aparcamientos en zonas de torrentera en el Levante; y se construyen campings en cuencas. La ley establece que eso no se puede hacer, pero se hace y se permite sobre todo por los planes urbanísticos de los ayuntamientos, tolerados luego por las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que prima? Prima la corrupción, el ladrillo, la comisión que se lleva tal o cual concejal o constructor... Se construye donde sea y, además, cómo no está en el catastro, nadie se va a enterar. Luego se producen las catástrofes, los daños económicos y las evacuaciones de gente.

La corrupción también ha hecho mucho año en el medio ambiente. La proliferación de rotondas sin sentido, las urbanizaciones ilegales, los vertidos y los aeropuertos sin usos constituyen el otro reverso de la corrupción. ¿La han cuantificado?

En el caso de la costa es claro. Nuestros informes anuales sobre destrucción a toda costa incluyen un apartado dedicado a la corrupción. Para este país han sido nefastos los convenios urbanísticos y los planes de desarrollo local. Cuando no era un concejal, era el alcalde o un constructor. Han hipotecado el litoral en base a pelotazos de mucho calibre y esto ha producido un daño tremendo. Cuando navegamos por la costa en nuestros campañas marinas vas viendo una sucesión de luces, algo constante. No hay ninguna zona virgen, natural. Ha sido una depredación brutal. Hemos llegado en el litoral a tener un millón de viviendas vacías. Eso es totalmente absurdo. Y seguían construyendo, pese a los problemas de gestión de residuos, de suministro de aguas, de redes viarias, sanitarias... Primero construir y luego lo demás ya vendría o no. Hay una íntima vinculación entre el mundo de la construcción y el de la política que dio lugar a la ley de costas, como ya denunciamos. Cuando Villar Mir (presidente de la constructora OHL) decía me he implicado y he trabajado mucho en la modificación de la ley de costas uno se pregunta qué ha habido allí. Hay tanta conexión entre el sector de la construcción y el actual partido del Gobierno... Aunque ocurre con otros partidos. La corrupción es dilapidar el patrimonio público, sea natural o financiero a través de los impuestos de todos, en beneficio propio.

¿Este descontrol lo podemos ver ahora en la adjudicación «sin rigor» de Aznalcóllar, pese a la catástrofe ecológica que produjo esa mina a cielo abierto?

Lo surrealista es que reabra la mina. Esta la mina que ha producido la mayor catástrofe ecológica en tierra en España. Eso denota el perfil de país que tenemos. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno y nosotros apostamos en esa zona por un plan de generación de empleo basado en la agricultora ecológica y las energías renovables. Pero reabrirla es laentable. Ya denunciamos que la compañía mexicana que concurre en la UTE es la responsable de uno de los mayores vertidos tóxicos en México. Si ahora se añade un problema de irregularidades en el proceso, pues aún se agrava más la situación.

¿Qué espera de la cumbre climática convocada a finales de año en París?

No todos los males del cambio climático se van a solucionar en París. Esto es una carrera de fondo, pensando en las generaciones futuras. Pero no por eso hay que parar la lucha contra el cambio climático. Es importante que haya un acuerdo global que fuerce a los gobiernos de China y de Estados Unidos, los más contaminadores, a corregir el problema. Nos jugamos mucho. El coste de actuar contra el cambio climático equivale aproximadamente a un 2% del PIB mundial. El coste de no actuar, el 20%.

¿Hasta qué punto los lobbys de empresas energéticas condicionan las decisiones de los gobiernos?

La presión de los lobbys del sector de hidrocarburos y del nuclear es brutal. Hasta tal punto que van empotrados en las delegaciones oficiales de los países. Hemos descubierto que en España, en todo el proceso de determinación de emisiones contaminantes, había doce miembros del sector eléctrico. Es como alucinante, ¿no? Y no puede ser. Una cosa es que les pidan opinión. Pero no pueden ir en la delegación oficial. Hay muchos intereses empresariales que no miran por el interés general. Como consecuencia de nuestras campañas contra la defosteración y el cambio climático en India, nos quieren cerrar la oficina del Greenpeace en el país. Su Gobierno considera que estamos produciendo un daño en su PIB. Así se las gastan.

Greenpeace funciona con la cuotas de sus socios para no depender de subvenciones de gobiernos y poder así actuar con mayor libertad y sin tantas servidumbres. En la actualidad tiene 100.000 socios en España y tres millones en todo el mundo. Sin embargo, debe capear numerosas presiones. Iberdrola insistía en pedir casi tres años de cárcel y 360.000 euros a los 16 activistas que participaron en una acción de denuncia en la central nuclear de Cofrentes, pese a que han sido absueltos de los delitos de desórdenes públicos y lesiones.

Esa es nuestra lucha contra los gigantes energéticos. Me quedo con una frase que se dijo en la presentación del recurso en la Audiencia de Valencia. 'Es que esto no puede salir gratis, es que denunciar la energía nuclear no les puede salir gratis. Si no, van a seguir haciéndolo en otras centrales'. Se trata de escarmentar a aquellos que evidencian sus contradicciones, a aquellos que denuncian el riesgo de la energía nuclear. Y esto se va a agravar. Cada vez nos ponen multas más altas, nos piden ya penas de cárcel. Llevo 22 años trabajando en Greenpeace y jamás había habido peticiones de cárcel para sus activistas. Las multas son estratosféricas. Entre 200.000 y 300.000 euros por las acciones en el Algarrobico, otro tanto por bloquear el inicio de las perforaciones de petróleo en Canarias. Es un indicador de que vamos por el buen camino, de que la independencia económica y política les molesta, pero van a intentar asfixiarnos. Mientras tengamos el apoyo de la ciudadanía, de nuestros socios y socias, seguiremos adelante. España se está convirtiendo en un país autoritario, donde prima el beneficio a corto plazo y la ciudadanía queda en un segundo plano.

¿Paradójicamente, Iberdrola podría ser un buen socio de Greenpeace teniendo en cuenta su peso en las energías renovables?

Si fueran coherentes, sí. Iberdrola tiene un patrón estratégico de inversión diferente fuera del país que dentro. Si apuesta realmente por las renovables, si quiere ser un líder en ese campo como ha hecho E.ON en Alemania, tiene que plantearse el cierre de las nucleares. Lo que no puede hacer es decir que quiere ser líder en las renovables y estar mareando la perdiz con Garoña, que es una central obsoleta y ya fuera de circulación, mantener Cofrentes y seguir con los ciclos combinados de gas. Si Iberdrola se lo toma en serio, nos tendrá hablando con ellos.

El 'fracking', la polémica técnica de extracción de gas a grandes profundidades mediante el uso de agua mezclada con químicos, divide a los partidos. ¿Tienen en la organización estudios definitivos que demuestren que realmente es una práctica que puede contaminar las aguas subterráneas?

Es una seria amenaza para la contaminación de las aguas subterráneas y el riesgo sísmico. Eso está más que probado en los estudios realizados en Estados Unidos, que es donde más se ha desarrollado el 'fracking'. Cuando abres el grifo llega el agua con componentes tóxicos utilizados en la fractura hidráulica, pone en riesgo los acuíferos y hay un riesgo sísmico. La gran batalla del 'fracking' en España se libra en el norte de Burgos, Álava, el sur de Cantabria y un poquito de La Rioja. Pero es que no nos hace falta el 'fracking' porque tenemos un gran potencial de energías limpias. Tenemos sol, viento, olas y fuerza geotérmica. Ese es nuestro futuro. Y no exprimir el poco gas que pueda quedar o perforar a 4.000 metros de profundidad para extraer petróleo.

¿Se puede compaginar el desarrollo de un medio de transporte 'limpio' como el AVE con un encaje más decente en el medio?

No estamos en contra del AVE como modelo de transporte, pero sí rechazamos cómo se está desarrollando. Lo prioritario es mejorar la red actual. Con modificaciones se podría viajar a 160 kilómetros por hora, incluso en muchos tramos a 220 km/h. Así se podría evitar el efecto barrera que supone el AVE. Sirve para comunicar ciudades alejadas entre sí, pero las que están por el medio desaparecen. Para distancias superiores a 500 y 600 kilómetros podríamos tener en cuenta el AVE, que tiene su cabida dentro de un plan de transporte. Luego habría que ver por dónde pasa. Sin embargo, parece que se establecen las redes de AVE para incrementar las cuentas de resultados de las constructoras. No podemos hacer más obras. España duplica en su red de alta velocidad a Alemania.

La pesca sostenible, que utiliza redes artesanales frente a la pesquería industrial, puede generar puestos de trabajo?

La pesca artesanal genera el 80% de la extracción de pescado y del empleo en España. Luego casi el 20% procede de la pesquería industrial, que se lleva una gran parte de las subvenciones. La acuicultura es testimonial. La pesca artesanal es un sector muy descentralizado. Genera economía local, pequeñas conserveras, negocios familiares... Es gente que respeta mucho la naturaleza y cuida los caladeros. Se parece a la agricultura ecológica. Pero les hacen muy poco caso. Podríamos incrementar con este modelo el empleo un 30% o un 40%. Es un sector muy prometedor. Lo que pasa es que no está en el debate.

Algo similar ocurre con las abejas. Greenpeace ha puesto en marcha una campaña para preservarlas por su labor fundamental para polinizar cultivos esenciales para el consumo humano.

Pondría en riesgo la alimentación mundial, la soberanía alimentaria. Las abejas están muy afectadas por el uso de insecticidas en la agricultura convencional, llamados neonicotinoides. Acaban con las abejas y los insectos polinizadores. Les produce problemas de orientación, dejan de beber y no encuentran las colmenas. Mueren de sed. Entonces no se produce la polinización, no hay cultivos, no hay plantas, no hay agricultura y se producen enfermedades de carácter vírico. Se rompe toda la cadena trófica. Las abejas están en peligro y son fundamentales para que podamos seguir comiendo tomates y filetes, porque los animales se alimentan de vegetales. Poríamos llegar a situaciones tan extremas como en China, donde los agricultores se han visto obligados a polinizar a mano cada flor. Hasta ahí hemos llegado. Pero siempre hay una esperanza. Hemos conseguido de momento que la Unión Europea prohíba los dos neonicotinoides más graves. A finales de año se tiene que ratificar esta decisión. Nos jugamos, tan simple como lo digo, el futuro de la alimentación.

 

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