El PNV avala la ley del PP que refuerza la implantación del 'fracking'

PP y PNV avalaron ayer en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Hidrocarburos diseñada por el Gobierno central para controlar el mercado de compraventa de gas, establecer un nuevo marco para regular los cada vez más numerosos proyectos de búsqueda que se plantean en la geografía española y, sobre todo, reforzar la implantación del fracking, la controvertida técnica de extracción que está generando un importante rechazo social en Euskadi. Populares y nacionalistas unieron sus votos a los de los representantes de Foro Asturias y UPN para tumbar las enmiendas totales planteadas por PSOE, Izquierda Plural y el Grupo Mixto, en el que se integra Amaiur. UPyD y CIU se abstuvieron en el primero de los tres trámites que tendrá que pasar la norma en las Cortes antes de ser aprobada. Pase lo que pase saldrá adelante gracias a la mayoría que ostenta el PP.

Entre otros asuntos, el proyecto de ley anuncia un nuevo tributo que se impondrá a las prospecciones y las explotaciones de petróleo y gas para «compensar» a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y a los titulares de los suelos donde se detecten los yacimientos. En la práctica supone la actualización del canon que ya abonan las empresas rastreadoras -una de las más activas es la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), dependiente del Gobierno autonómico- y la inclusión de los propietarios de los subsuelos en el posible reparto de beneficios. Cuando la norma entre en vigor se les reconocerá la posibilidad de percibir el 1% del valor de la producción anual del yacimiento. El ejecutivo de Madrid calcula que el Impuesto sobre el Valor del Gas, Petróleo y Condensados permitiría recaudar a las administraciones hasta 316 millones de euros al año. Esa es la estimación más optimista, la más pesimista limita el beneficio a 8,4 millones.

"Margen de mejora"

Mientras las formaciones de izquierdas reclamaron al Gobierno que retire la Ley de Hidrocarburos, que plantea renovar el actual marco normativo que data de 1998, y suspenda todas las licencias para ejecutar fracking que hay en vigor «hasta que no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de riesgos ambientales», el diputado del PNV, Pedro Azpiazu, anunció que su formación dará «cierto margen de maniobra» al PP con el objetivo de «mejorar una norma muy relevante para Euskadi». «El País Vasco le da una importancia capital al desarrollo del gas desde hace 30 años», añadió. Azpiazu no se refirió en su alocución a la fractura hidráulica, se centró en aclarar que negociarán la inclusión de enmiendas parciales a la ley para «mejorar la competitividad y beneficiar al consumidor de gas».