Los servicios secretos de Carrero Blanco espiaron a la Iglesia vasca

El sector socioreligioso estaba en el punto de mira de los servicios de inteligencia desde 1968, cuando el Gobierno de Franco temió que España se contagiara del mayo del 68 francés. El aparato Organización Conde, escindido de la Tercera Sección del Alto Estado Mayor, promovió una Organización Contrasubersiva Nacional (OCN) para actuar en distintos ámbitos, entre ellos, el religioso. En 1972 se vinculó a la Presidencia del Gobierno bajo la denominación Servicio Central de Documentación (SECED), a las órdenes del almirante Carrero Blanco, asesinado en 1973 en el atentado perpetrado por un comando de ETA.

El general Peñaranda escribe que en 1968 "la subversión irrumpía en España como una amenaza interior claramente definida que generaba gran inseguridad ciudadana y que podía poner en peligro la propia seguridad del Estado. Las revueltas ideológicas aparecidas en la Universidad se suponían alentadas por servicios de información del bloque oriental europeo, por lo que resultaba adecuado que aquella incipiente amenaza fuera sometida a tratamiento por especialistas de Inteligencia", justifica. Aunque el sector Político-Intelectual-Religioso no tuvo un jefe oficial hata abril de 1972, un año antes se puso al frente de ese servicio al comandante Armando Marchante Gil, que había trabajado como agregado en la Agregaduría Militar de la embajada en Roma, lo que le había servido para moverse en los ambientes vaticanos y establecer contactos en ese círculo.

Marchante enseguida se puso a investigar al clero progresista, con especial atención al clero vasco, a todo lo relacionado con el Vaticano, y a la organización Justicia y Paz, encargada por velar por los derechos humanos. En aquella época la dirigía Joaquín Ruiz Jiménez, político cristiano apoyado por Pablo VI, al que sustituyó Joan Gomis. Los acuerdos del Concilio Vaticano II inquietaban al régimen de Franco, no solo por los "desconciertos doctrinales y desórdenes litúrgicos", según explica Peñaranda, sino porque germinaba en ambientes de la Iglesia una oposición a la dictadura. En los informes habituales que se reportaban a la dirección de los servicios secretos, se aludía a la necesidad de atender el País Vasco y Navarra con especial dedicación al sector religioso. A ojos del régimen, el potente e influyente seminario de Vitoria era "un nido de nacionalistas".

Durante el Proceso de Burgos que juzgó a varios miembros de ETA una parte importante de la Iglesia vasca se había movilizado contra las condenas de muerte y algunos obispos, Cirarda y Argaya, habían enviado cartas a Franco, lo que irritó sobremanera al régimen. Más tarde, en 1974, se produjo el 'caso Añoveros', que provocó la colisión más fuerte entre la Iglesia y el Gobierno. El responsable de la OCN, el coronel San Martín, se haría eco del "notable divorcio entre el equipo gubernamental y las minorías politizadas, influido decisivamente por la actitud de la Iglesia". "El deterioro de la situación se agudiza particularmente en la Zona Vasco-Navarra, y dentro de ella en la provincia de Guipúzcoa", advertía. El jefe de los espías trasladaba la preocupación por el "comportamiento de la Iglesia, de quien la organización terrorista recibe simpatía y apoyo", acusaba.

Cortarle el paso a Setién

El director del sector religioso, el comandante Marchante, ya reveló en su día que los servicios secretos acudieron a Rouco Varela, en 1972, para cortocircuitar la actividad de Setién. En un artículo publicado en el número 167 de la revista Razón Española ('Los servicios de información que yo he conocido'), el militar ya retirado relataba que la delegación de Salamanca alertó de la actividad en la Universidad Pontificia de un grupo de sacerdotes vascos, «capitaneados por José María Setién", que mantenían "una permanente campaña de crítica mordaz contra la cooperación que la Iglesia prestaba indebidamente al Régimen". Marchante informaba de la «comprensión» de este grupo para con el terrorismo etarra y de que allí se fraguó la equidistancia con «la consigna de condenar la violencia, venga de donde viniere". Según este responsable de Inteligencia, se promovió una reunión con Rouco, entonces vicerrector de la Universidad, para trasladarle la "preocupación" del Gobierno por "la actividad de Setién y sus seguidores". Pero el Vaticano tenía otros planes para el sacerdote guipuzcoano.

En diciembre de 1972, moseñor Añoveros, obispo de Bilbao, escribió al almirante Carrero para comentarle que el discurso que había pronunciado ante el Consejo de Ministros en el 80 cumpleaños de Franco no era objetivo ni verdadero. "La palabras de VE estimo que no han contribuido a sembrar la paz y evitar enfrentamientos entre los distintos grupos del pueblo cristiano. Y en verdad no creo que sea el camino de fomentar la pacífica convivencia de los españoles", escribió, según se recoge en el libro. Unos días después era el cardenal Vicente Enrique Tarancón quien le enviaba una carta con el mismo tono al vicepresidente del Gobierno, de la que envió fotocopia al jefe del Estado. Tres meses antes, José María Setién había sido nombrado obispo auxiliar de San Sebastián, lo que terminó por amargar las navidades a Franco.

Setién había sido nombrado obispo auxiliar, como una estratagema para burlar el derecho de representación que tenía el Gobierno para filtrar el acceso al Episcopado y vetar a figuras incómodas. Para entonces, el cardenal Tarancón, promocionado por Pablo VI, ya estaba al frente de la Iglesia española y preparaba el desenganche de la institución del régimen franquista. Tres días antes de que finalizara aquel 1972, Franco escribió una carta al Papa para que se la entregara en mano el 30 de diciembre el ministro de Asuntos Exteriores López-Bravo. Una indisposición gripal del Pontífice retrasó esa audiencia hasta el 12 de enero de 1973. En la carta, Franco se quejaba del "afán de algunos eclesiásticos y de ciertas organizaciones que se llaman apostólicas de convertir a la Iglesia en instrumento de acción política. Preocupados por objetivos temporales creen poder conseguirlos entrando e franca hostilidad con el Estado. Esa hostilidad se agrava menudo por la fascinación de la violencia", denunciaba ante la Santa Sede.

Los curas obreros

En realidad, el progresivo distanciamiento entre un sector de la jerarquía eclesiástica y el Estado había comenzado unos años antes con el cambio de dirección en la Conferencia Episcopal, con nuevos obispos auxiliares y Tarancón a la cabeza, en una operación bendecida por Roma. Por eso los servicios secretos del Gobierno de Franco vigilaban los ambientes eclesiásticos, en los que despuntaban, por ejemplo, los curas obreros. Gente como el padre Llanos había sido falangista pero se hizo comunista, García Salve o Díaz Alegría hermano de dos generales, que eran seguidos de cerca e, incluso obispos, como monseñor Iniesta, el 'obispo rojo' de Vallecas. La Brigada Político Social protagonizó numerosas redadas. Una de las más sonadas fue la detención de la cúpula de Comisiones Obreras en el convento de los oblatos de Pozuelo (Madrid), que se tradujo en el 'Proceso 1001'.

El general Peñaranda relata en su libro las iniciativas del Gobierno, a través de sus servicios de Inteligencia, para compensar y neutralizar el aperturismo que se abría camino en la Iglesia postconciliar. Por eso establecieron contactos con la Hermndad Sacerdotal, que agrupaba a varios miles de curas tradicionalistas. Un puntal en esa estrategia, según reconoce el exalto mando del Ejército de Tierra, fue monseñor Guerra Campos y la publicación 'Iglesia Mundo': "Fueron instrumento y vehículo en ese ámbito religioso para contrarrestar las opiniones de 'Vida Nueva'. Se promocionó al obispo de Cuenca para la diócesis de Santiago de Compostela, facilitándole la tribuna de Televisión Española para que expusiera su pensamiento".

Guerra Campos, inspirador de la revista y de la organización clerical mencionadas, fue designado por Franco procurador de las Cortes Españolas y votó en contra de la Ley para la reforma Política que derogaba los Principios Fundamentales del Movimiento. También manifestó su rechazo a la Constitución. Fue el obispo "preferido" de la ultraderecha, como siempre reconocía Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva, mientras los guerrilleros de Cristo Rey embadurnaban las paredes con aquella consigna de 'Tarancón al paredón'.