El Correo

El fiscal superior del País Vasco pide a Maroto que "no generalice" sus críticas a los inmigrantes

El alcalde de Vitoria Javier Maroto y el fiscal superior del País Vasco Juan Calparsoro.
El alcalde de Vitoria Javier Maroto y el fiscal superior del País Vasco Juan Calparsoro.
  • Juan Calparsoro analiza desde hoy la denuncia presentada por SOS Racismo después de que el alcalde de Vitoria asegurara que "los magrebíes solo quieren cobrar ayudas sociales"

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, analizará esta semana las palabras del alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), en las que aseguró que los inmigrantes magrebíes «no quieren trabajar» y les acusó de ejercer el fraude de forma «escandalosa» a la hora de acceder a ayudas sociales. SOS Racismo Álava denunció las declaraciones al considerar que «incitan al odio y atacan a la dignidad de las personas por motivos raciales». En un principio, sin haber analizado la literalidad de las palabras de Maroto, Calparsoro consideró «difícil» que se pudieran considerar delito, pero ayer recordó que los políticos «no pueden generalizar y estigmatizar a colectivos o grupos de vecinos identificándoles por su nacionalidad o cualquier otra circunstancia accesoria para atribuirles a todos sin distinción comportamientos ilegales».

En declaraciones a Europa Press, Calparsoro hizo un llamamiento público a los representantes de los ciudadanos y a las autoridades «para que usen el lenguaje con la máxima responsabilidad por la repercusión que tienen sus palabras y los efectos que pueden producir entre los ciudadanos». «Lo responsable es que esos representantes públicos, desde el conocimiento que les da su posición institucional, promuevan las reformas que consideren necesarias para lograr un sistema que entiendan más justo en cualquier aspecto de la convivencia y, por supuesto, también en el de la convivencia, con personas originarias de otros países».

El obispo de Bilbao, también

Horas antes de que el obispo de Bilbao, Mario Iceta, también reclamara que se investigue el fraude en la concesión de ayudas sociales a inmigrantes en Euskadi «si existe», pero que «no se señale a colectivos determinados para evitar cometer injusticias», Calparsoro reconoció que hasta el momento no ha leído la denuncia de SOS Racismo contra Javier Maroto. Lo hará hoy, una vez reincorporado a la Fiscalía vasca tras el periodo vacaciones. Estudiará el caso y decidirá las posibles medidas a adoptar con urgencia «dada la alarma y el evidente interés social que se ha generado».

El fiscal superior recordó que el Código Penal contempla los delitos de «provocación a la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas o su origen nacional», pero insistió en que Maroto actuó «en el ejercicio de una libertad pública y un derecho fundamental garantizado por la Constitución como es la libertad de expresión». Además, señaló que si quien habla es un responsable público o un representante político, «tiene un margen de actuación más amplio».