Una sentencia obliga a Osakidetza a retrasar una OPE para valorar de nuevo la experiencia de miles de opositores

Todo comenzó en 2022. Aquel año Salud puso en marcha una OPE especial, dotada con 3.723 plazas e impulsada por Europa y la llamada ley Iceta para reducir la temporalidad en el sector público. En aquella convocatoria, llamada de estabilización, las bases otorgaban una puntuación mayor a la experiencia de los trabajadores en Osakidetza y el resto del Sistema Nacional de Salud. Aprovechando aquella convocatoria Salud activó de forma paralela una OPE ordinaria, la 20/21/22, con 3.919 puestos. Se buscó que los aspirantes realizasen un único examen válido para las dos oposiciones y pudiesen elegir entre las plazas ofertadas en ambos procesos. A esa gran OPE se apuntaron 109.029 personas en un centenar de categorías profesionales.

SATSE advirtió a los entonces responsables de Salud de que la convocatoria unificada no cumplía la legalidad. Y es que mientras la OPE de estabilización sí podía tener unas bases extraordinarias, la ordinaria debía mantener las de anteriores procesos; esto es que se debía puntuar de igual forma la experiencia en Osakidetza como en el resto de administraciones públicas. El problema fue que no existió tal diferenciación. Las bases únicas que se fijaron para toda aquella macroconvocatoria fueron las elaboradas para la OPE de estabilización.

El sindicato de enfermería presentó entonces un recurso que fue atendido en primera instancia y ratificado ahora por el TSJPV. El fallo recoge que en la oposición ordinaria se «puntúe igual el mérito de servicios prestados en Osakidetza, la Seguridad Social o los servicios de salud de las autonomías, así como en cualquier administración pública y en los servicios sanitarios públicos de la UE». Con este dictamen se tiene en cuenta, por ejemplo, la experiencia laboral del personal que ha trabajado en residencias de mayores de titularidad pública.

SATSE entiende que la sentencia se puede ejecutar modificando solo las bases específicas de las categorías y manteniendo el desarrollo de ambos procesos en paralelo. Sin embargo Osakidetza no la interpreta así. Considera que el fallo afecta a la totalidad de la OPE ordinaria 20/21/22 y ha procedido a modificar las bases generales de esta convocatoria para realizar una nueva baremación de los méritos de los aspirantes.

Según detallan desde el Departamento, fruto de esta sentencia Salud «se ve obligada a separar» en dos la resolución de la mayor OPE de su historia. Por un lado mantiene los plazos previstos para la asignación de las 3.723 plazas de la convocatoria de estabilización de cara a adjudicar estos destinos antes del 31 de diciembre, tal y como fija la ley Iceta para esta convocatoria especial. Por otro lad retrasa hasta 2025 la resolución de las 3.919 plazas de la oferta ordinaria para revisar de nuevo los méritos de los aspirantes. Salud confía en que este segundo proceso pueda estar resuelto en los primeros meses del próximo año.

El principal problema que se encuentran los opositores es que si antes con una misma puntuación -examen y méritos- podían optar a la totalidad de las plazas ofertadas entre ambas convocatorias, ahora ya no es así. Podrán elegir primero entre la mitad de estos puestos (los de la OPE excepcional), para después renunciar a la plaza si les interesa más uno de los destinos incluidos en esa segunda fase (la ordinaria). Fuentes sindicales indican que entre los profesionales existe «inquietud y dudas» por esta situación.

Para intentar suavizar las consecuencias que esta sentencia tiene para los aspirantes, el Departamento les ofrece la siguiente fórmula. Una vez hayan elegido una plaza de la primera fase, y antes de que la adjudicación sea definitiva, podrán consultar «la relación provisional de aspirantes y destinos» de la segunda fase. De forma que si hay otro puesto que les interese más y, siempre que su puntuación les permita acceder a él, puedan renunciar a su elección inicial para decantarse por una plaza ofertada en la segunda fase de la OPE. SATSE, por su parte, insiste en que el proceso de selección de destino de ambas oposiciones se haga unificado y en que Salud «pida una moratoria al Ministerio de Función Pública» para poder resolver las dos OPE de forma paralela.