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El boicot a la alta velocidad está retrasando su puesta en funcionamiento entre Euskadi y Navarra. Esta situación, que ya se vivió hace dos décadas cuando ETA y la izquierda abertzale convirtieron las obras del TAV en un objetivo prioritario con funestas consecuencias, se repite ... en pleno 2025. El acoso es ahora de menor intensidad, pero la situación que se está registrando en la Sierra de Aralar ha hecho saltar ya las primeras alarmas.
A los sabotajes que ha sufrido la maquinaria se unen durante las últimas semanas las «visitas» que vecinos y concejales de algunos municipios de la vertiente navarra están realizando a unos trabajadores que ni siquiera están ejecutando el proyecto. Solo llevan a cabo catas geológicas para determinar si es técnicamente viable la conexión entre Pamplona y Euskadi por Gipuzkoa, una de las dos alternativas existentes –la otra es por Vitoria–. Pese a que la fase es así de incipiente, las interferencias empiezan a ser notables. «Hablan con los profesionales, les mueven las estacas con las que se marcan las zonas donde va a analizarse el terreno...», confirman portavoces autorizados del Gobierno central a EL CORREO. «Está habiendo muchas cosas que retrasan las labores», lamentó antes de Navidad el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.
El galimatías que rodea al tren de alta velocidad que debe conectar la 'Y' vasca con Pamplona –y después con Zaragoza, Barcelona y el Corredor Mediterráneo– empieza a ser ya difícil de seguir. Pasado mañana se cumplen siete años desde que el Gobierno central pusiera sobre la mesa un proyecto en el que planteaba dos opciones, enlazar Euskadi y Navarra por Ezkio-Itsaso o por Vitoria. La segunda alternativa es la favorita de los técnicos porque es más simple y costaría cuatro veces menos. La ruta de Gipuzkoa obligaría a perforar un túnel de 20 kilómetros en la Sierra de Aralar con todo lo que eso supone. El ministerio siempre compara esta obra con la de Pajares, la galería ejecutada para llevar el AVE a Asturias que costó 19 años y 3.900 millones culminar.
La decisión parecía clara hasta que entró en juego la presión política. El anterior Gobierno vasco liderado por Iñigo Urkullu y la consejera guipuzcoana de Transportes Arantxa Tapia; el PNV de ese territorio y Geroa Bai –socio del PSN en Navarra– empezaron a reivindicar la ruta de Ezkio-Itsaso, que ciertamente conectaría Pamplona con las capitales vascas unos minutos más rápido. A las puertas del ciclo electoral de 2023, Pedro Sánchez evitó desairar a sus aliados vascos y anunció un estudio complementario del terreno en Aralar. El resultado ratificó lo que ya se sabía: horadar el macizo es una moneda al aire porque es de naturaleza kárstica, está lleno de «fisuras, túneles y cavernas» provocadas por la erosión del agua. Por comparar, en Miribilla un subsuelo de este tipo generó graves problemas de cimentación –y sobrecostes– cuando se construyó la nueva estación de tren y el Bilbao Arena.
A mediados del año pasado la pugna política volvió a inflamarse. «La conexión por Ezkio es irrenunciable», repite desde verano la diputada general de Gipuzkoa,Eider Mendoza. Tiene de su parte las instituciones y partidos del territorio. En contra está la Diputación de Álava, también en manos del PNV, y todo su ecosistema de fuerzas. Tuvo que salir a templar gaitas el lehendakari Pradales, recién llegado al cargo, ante el riesgo de un cisma institucional interno. La solución planteada desde Madrid fue otra huida hacia adelante. El ministro Óscar Puente anunció en julio más estudios en Aralar porque los que hay le parecían «superficiales». El objetivo era decidir algo a final de año.
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Pero tampoco ha sido así porque cuando los técnicos han vuelto al límite entre Gipuzkoa y Navarra han empezado los problemas y los sabotajes. Como los análisis geotécnicos –catas– que se quieren realizar ahora son mucho más ambiciosos se necesita ejecutarlos en zonas muy concretas de Aralar y a gran profundidad. Cuando el Ministerio empezó a pedir permiso a algunos ayuntamientos y a particulares para adentrarse en parcelas de su propiedad la respuesta fue negativa. En la zona no quieren saber nada del TAV.
Inicialmente el Gobierno central apostó por realizar las catas en terrenos de su propiedad. Buscó carreteras, cunetas, bases de torres eléctricas... pero necesitaba acercarse más a Aralar. A diferencia de lo que se hizo en Euskadi cuando algunos ayuntamientos que gobernaba la izquierda abertzale se negaban a ceder terrenos en este caso no se puede optar por la expropiación porque se trata de hacer estudios y no existe un proyecto concreto. El proceso se detuvo y en noviembre la Abogacía del Estado autorizó a Transportes a 'ocupar' parcelas municipales y privadas para realizar los sondeos. La esperanza era poder culminar las labores para primavera.
Una vez que los trabajos técnicos han empezado de verdad el veto de los habitantes de la zona ha tomado otro cariz. De lo administrativo han pasado a manipular las máquinas perforadoras cuando los obreros abandonan la zona de noche y, el capítulo más reciente, a acudir a la zona en plena jornada laboral. Solo son conversaciones y no se han registrado incidentes, «pero los afectados están inquietos porque no es una situación agradable», explican fuentes conocedoras de la situación.
Mientras tanto, el tiempo corre. Si no hay nuevos retrasos la 'Y' vasca podría inaugurarse en 2029 y el objetivo de las administraciones es que la conexión con Navarra no tarde mucho más en estar lista. Difícil al ritmo que va el proyecto e imposible si hay que hacer un túnel enAralar. Por si acaso, Transportes ha optado los últimos meses por acelerar las labores en el tramo Pamplona-Alsasua, la parte del trazado que ya se sabe por dónde va a discurrir.
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