Las residencias de Bizkaia piden «prudencia» en su desescalada

Las residencias vizcaínas avanzan ahora hacia la normalidad amparadas precisamente en una reciente orden foral que autoriza la salida de los usuarios de las instalaciones. Semanas atrás, la Administración también había dado luz verde a las visitas bajo férreos controles que todavía se mantienen, con un familiar por interno, durante una hora, con cita previa y un circuito de entrada a una zona concreta. Algo que puede resultar contradictorio y «no tiene mucho sentido», a juicio de Alberto García Santiuste, director del centro Domusvi Miraflores de Bilbao y miembro de la junta de Gesca, la principal patronal de las residencias en Bizkaia, que aglutina a 28 geriátricos y otros tantos equipamientos de día, con 4.190 plazas.

Aunque admite que la situación que soporta el sector pasa en estos momentos por «un punto de tranquilidad» en el territorio -no hay ningún interno enfermo por Covid-19 y sólo un anciano está hospitalizado-, García Santiuste no olvida la vulnerabilidad del colectivo al que atiende, especialmente expuesto a contagios y rebrotes. Por eso considera que las medidas que se están adoptando para intentar recuperar algo de lo que nos arrebató la pandemia quizá estén yendo «un poco demasiado rápido» en el ámbito de la asistencia a los mayores.

Ante esta situación, los asociados de Gesca se han dirigido por carta al Departamento de Acción Social de la Diputación para que resuelva todas las dudas surgidas en torno a los llamados paseos terapéuticos, autorizados a los residentes desde el 19 de junio, solos o acompañados de profesionales o allegados, con todas las medidas de prevención e higiene, evitando espacios concurridos o cerrados. «Queremos que se nos aclare lo de terapéuticos. Las familias están cumpliendo, pero hay que andar con mucho cuidado, ya lo estamos viendo», apunta García Santiuste.

«No podemos dejar que un interno salga del centro y regrese horas después sin ningún control», advierte. De hecho, la normativa foral solo contempla la cuarentena para aquellos mayores que retornen a la residencia después de pasar la noche fuera de sus instalaciones, al ser considerados como nuevos ingresos a efectos epidemiológicos.

Ana -nombre ficticio de una gerocultora que trabaja en una conocida residencia de la capital vizcaína- entiende la necesidad que tienen los mayores de salir y estar con sus familiares «después de pasar tanto tiempo confinados», pero tiene muy presentes los riesgos. Conoce de primera mano lo que duele el coronavirus y no quiere revivir las situaciones pasadas «de caos, desprotección y abandono» que siguieron al primer positivo confirmado en su centro, donde han fallecido unos 40 de sus 180 residentes.

«Poco a poco nos fuimos contagiando, trabajadores y ancianos. No estábamos preparados para algo así», confiesa Ana. El modelo de atención «no ha funcionado», lamenta. Y, aunque cree que la experiencia acumulada en los últimos tres meses y el acopio de material en el que ahora están inmersas las residencias puede ayudar a plantar cara al virus si las cosas otra vez se ponen feas, reclama cambios urgentes. «Hace falta más personal, más medios. No queremos volver a pasar miedo a infectarnos y poder contagiar a los nuestros», insiste.

La pandemia ha devuelto a la actualidad un debate antiguo que ahora se ha intensificando precisamente por el miedo. Incide en que el modelo asistencial de cuidados para nuestros mayores ya no sirve, mientras los expertos abogan por estrechar esa colaboración entre los servicios sociales y los sanitarios que tanto se ha echado de menos durante la crisis. «El modelo actual ha caducado», afirma Ander Akarregi, portavoz de ELA en un sector que se ve a sí mismo como «el hermano pobre» del ámbito sanitario, «por las carencias que soporta, que son muchas, y a las que no se ha dado respuesta ni antes ni ahora».

El sindicato recuerda que el 95% de las residencias que abren sus puertas en Bizkaia son privadas, y considera que «la gestión de la vida de las personas no puede estar en manos de empresas con intereses mercantiles, que buscan el beneficio y obvian la inversión». Akarregi lamenta que, en el curso de la pandemia, «lo público haya tenido que salir al rescate de lo privado», y que el dinero «pagado religiosamente» por la Diputación por las plazas que tiene concertadas no se haya traducido «en un mejor servicio». «Y el control público, ¿dónde ha estado?», se preguntan desde ELA, que reclama «una reflexión seria para pasar a un modelo más social», con un ratio mínimo de dos horas de atención diaria a cada residente y unas condiciones de trabajo dignas para el personal de los geriátricos. «Sin más recursos humanos, el Covid nos volverá a pasar la misma factura», alertan.

«¿Que cómo están las cosas? ¿Cómo lo ves? Igual o peor. Ahora casi no hay contagios, pero muchos de nuestros mayores ya no están aquí». Iraide Urriz, portavoz de la asociación de familiares Babestu, avisa de que no hay que bajar la guardia, «porque el problema sigue aquí».

Y no aprecia que la angustia desatada por el patógeno haya provocado reacciones. Porque sigue sin ver más personal trabajando en los centros «para que los internos estén mejor cuidados», nuevas medidas de seguridad, como arcos desinfectantes, para blindar su salud y un mayor control por parte de la Administración, que ha dado «manga ancha a las empresas y no hace caso a nuestras reclamaciones», se duele.

Que el sistema «no ha funcionado», dice, es un hecho. Que ya «nadie se acuerda de lo que ha pasado», también. Pero los mayores, subraya, «después de tres meses encerrados», necesitan respirar. Por eso Urriz no ve con malos ojos que puedan volver a pisar la calle. «¿Tú crees que un hijo no va a tener cuidado para que su padre o su madre no se contagie?», lanza.