Las redes de servicios sociales valoran un modelo sin lucro
Respaldan la necesidad de un decreto como el aprobado por el Gobierno vasco, aunque deseaban un concierto sin operadores privados
Cuesta orientarse en esa amalgama de organizaciones diversas, entidades sin ánimo de lucro y empresas que trabajan en los centros de los servicios sociales vascos. ... Es un enorme cajón variopinto que atiende las necesidades más acuciantes de 28.248 personas gracias al trabajo de 35.500 empleados y 125.000 voluntarios. A todos ellos les afectará el nuevo marco que firmó a finales de diciembre la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y que pretende eliminar el lucro a través de un nuevo concierto válido para el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos. El documento, adelantado por EL CORREO hace dos semanas, supone un giro de 180 grados y afecta a los centros donde se atiende la dependencia, la discapacidad, a la infancia tutelada y a las personas sin hogar.
¿Cómo ven el decreto quienes trabajan a diario en los centros? Sareen Sarea es la asociación que agrupa desde 2014 a las entidades y ONGs del Tercer Sector Social en Euskadi y está presidida por Pablo González, gerente de Gorabide. «En la mesa de diálogo civil veníamos trabajando hace tiempo una modalidad de organización de los servicios sociales diferenciada del régimen de contratación del sector público, como el que ya está aprobado en Aragón, Asturias, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra, entre otras», recuerda. Ese concierto social resulta, a su juicio, «prioritario» y «un instrumento fundamental». Y «está previsto en la Ley de Servicios Sociales y en la Ley del Tercer Sector».
Reinvertir el rendimiento
La idea se antoja positiva, pero el nudo gordiano es el papel que se otorga en todo esto a la iniciativa privada. González recuerda que «hemos defendido, desde Sareen Sarea, un régimen de concierto reservado a las organizaciones sin ánimo de lucro. En el caso de este proyecto de decreto se abre a todos los operadores privados». Pero añade que, «no obstante, el decreto obliga a las entidades, independientemente de su naturaleza jurídica, a destinar los resultados económicos que puedan derivarse de su provisión a los propios servicios, algo que las asemeja a la práctica común de las entidades sin ánimo de lucro». Y es que el decreto especifica que cualquier rendimiento deberá reinvertirse en el ejercicio siguiente.
Las empresas privadas sólo tienen presencia en el ámbito de la dependencia, en las residencias y los centros de día además de alguna excepción en infancia. Entre las 28.248 plazas de los servicios sociales hay 20.475 para mayores. El proyecto entra ahora en periodo de alegaciones, una fase en la que «en Sareen Sarea seguiremos trabajando de forma colaborativa por la estabilidad y calidad de los servicios, el empleo y por los destinatarios a los que nos debemos».
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