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A Enma le diagnosticaron un glioblastoma hace más de año y medio, un cáncer cerebral muy agresivo con una esperanza de vida corta, de entre los 12 y 18 meses de media. Este tumor pertenece a la familia del carcinoma que acabó con la vida ... de Severiano Ballesteros.
En abril de 2023 esta vizcaína comenzó su tratamiento en el hospital de Cruces. En Osakidetza ha recibido la terapia estándar para esa patología. Ha consistido en la retirada parcial del tumor, seguida de una combinación de quimio y radioterapia, para continuar después con sesiones de quimio periódicas. Lo que no les han ofrecido es un tratamiento con el que han sido atendidas ya más de 40 personas en España entre la red pública y la privada.
Se trata del TTFields, un dispositivo que emite campos eléctricos de baja intensidad directamente sobre la zona donde el paciente tiene el tumor, frenando la división de las células cancerosas. Dicho de otra manera, no cura el cáncer, pero sí logra frenar su crecimiento. La Sociedad Española de Oncología Médica recomienda indicar esta terapia en aquellos pacientes de diagnóstico reciente que han completado el tratamiento estándar. Destaca que «mejora la supervivencia global de los enfermos» de este agresivo cáncer cerebral. tanto a dos como a cinco años , lo que supone un «beneficio clínicamente relevante sin efectos adversos importantes».
Ander Pérez-Orive, hijo de Enma, lleva tiempo insistiendo sin éxito a los especialistas de Osakidetza que comiencen a tratar a su madre con este dispositivo. Ante la falta de respuestas, en octubre del pasado año se fueron a la clínica Ruber de Madrid para que Enma pudiese disponer de este dispositivo. Desde entonces lo lleva con una malla en la cabeza. Eso sí, al «astronómico» precio de 13.200 euros al mes.
En España hay varias comunicades y centros públicos que ofrecen este tratamiento. El Hospital Clínico San Carlos, en Madrid, es solo uno de ellos. Otras regiones, como Navarra, están estudiando su incorporación. Ante este escenario Pérez-Orive ha presentado una reclamación patrimonial a Osakidetza en la que le solicita 245.000 euros por el dinero que esta familia lleva ya gastado en la sanidad privada por un tratamiento aprobado en España y que otras comunidades autónomas ofrecen a través de su red pública de salud.
El diagnóstico aprobado el pasado otoño por los integrantes del Pacto de Salud realizaba una visión crítica de la sanidad vasca. El documento marcaba en rojo varios aspectos a mejorar. Dos de ellos se refieren a la participación de Euskadi en ensayos clínicos y en el gasto público farmacéutico, en especial el de ámbito hospitalario. Según el diagnóstico elaborado por el Departamento de Salud, el País Vasco está a la cola de España en ambos campos.
En el caso del gasto farmacéutico, según figura en el documento, desde 2016 su porcentaje ha ido descendiendo progresivamente hasta representar el 11,7% del total del desembolso sanitario. Es más, este análisis destaca que Euskadi «ha figurado cada año como la última o de las últimas comunidades en cuanto a porcentaje de gasto público destinado a farmacia». Una posición de cola que ocupa «especialmente en el uso de medicamentos hospitalarios».
Pacientes como la familia de Enma critican a Osakidetza por no incorporar tratamientos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, que sí se ofrecen otras comunidades, y tener que ser ellos los que se los costeen en la sanidad privada.
Fuentes de Osakidetza quitan hierro al diagnóstico aprobado en el Pacto de Salud. Aseguran que hay 1,2 millones de vascos con tratamientos crónicos, de los cuales 460.000 están polimedicados. Defienden que «gastar mucho o poco en farmacia es un concepto muy relativo». Apuntan además que en el hecho de que el País Vasco sea de las comunidades con un menor gasto influye el «uso racional» que se hace de los fármacos.
En cuanto a los hospitales, estas mismas fuentes oficiales defienden que se realiza una compra conjunta de medicamentos innovadores por parte de los centros, lo que les permite conseguir «unas mejores ofertas por parte de las farmacéuticas». En esta línea aseguran que en «Euskadi siempre se ha garantizado el acceso a la innovación».
El diagnóstico aprobado en el Pacto de Salud afirma que, pese a que Euskadi cuenta con una red de unos 3.000 investigadores en el ámbito sanitario, la participación de la comunidad en ensayos clínicos es limitada. Según el documento, «la presencia de la comunidad en ensayos clínicos promovidos por la industria farmacéutica es muy escasa». Una afirmación que realiza tras comparar datos con el peso poblacional del País Vasco en el conjunto de España. Así, mientras que el 4,7% de los ciudadanos residen en Euskadi, los comités de ética de investigación de esta comunidad solo participan en el 0,8% de los ensayos promovidos a nivel nacional. Y solo el 2,5% de los participantes en estas iniciativas científicas son vascos. En ambos casos, los porcentajes son inferiores al peso de la población vasca en el conjunto del país.
A esto hay que sumar que, según se indica en el diagnóstico realizado por el Departamento de Salud, la tendencia de Euskadi a la hora de tomar parte en estas iniciativas es descendente, «especialmente en Oncología e Inmunología, afectando también a los ensayos clínicos en Atención Primaria».
Esta menor implicación en este tipo de proyectos tiene consecuencias. La primera es que Euskadi tarda más en tener acceso al conocimiento que se genera. Y que los pacientes en situaciones complejas, en especial en enfermedades como el cáncer, tienen un menor abanico de opciones terapéuticas, aunque algunas de ellas estén aún en fase experimental.
Recursos y talento
Por otro lado, esa reducida participación en ensayos no favorece la creación de este tipo de dinámicas científicas en la comunidad, con lo que ello supone a la hora de atraer recursos y talento. El diagnóstico que realiza el Gobierno vasco es claro en este sentido. Afirma que «la comunidad presenta una reducción actividad en ensayos clínicos que no se corresponde con su desarrollo social, económico y tecnológico».
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