El Delegado del Gobierno dice que la ley de abusos policiales está «mal hecha»

El delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, ha asegurado esta mañana que la ley de abusos policiales promovida por el Ejecutivo vasco y recurrida por el Central «está mal hecha» y «provocaría injusticias». «No podemos permitir que una parte decida quién puede ser víctima ni que administre justicia alguien que no sean los tribunales», ha dicho De Andrés durante un acto solidario en la sede de Cruz Roja en Bilbao en el que ha querido responder a Jonan Fernández, secretario de Derechos Humanos y Convivencia del Gabinete Urkullu, que ayer reprochó al Estado que ponga trabas a «reparar a las víctimas» al presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. «Las cosas no son como él dice ha añadido el delegado del Gobierno el debate no es si se repara a las víctimas sino cómo lo hacemos».

Jonan Fernández se mostró ayer especialmente crítico con el Gobierno central durante una comparecencia en el Parlamento vasco para explicar la estrategia que va a seguir su equipo ante la suspensión de parte de la ley de abusos policiales tras el recurso presentado por el estado ante el Tribunal Constitucional (TC). Fernández, y también portavoces del PNV en la Cámara vasca, seguraron que van a seguir defendiendo «con firmeza» el encaje legal del texto aprobado, reprocharon al Gabinete Rajoy que «no actúe de buena fe» con la norma y que «no quiera reparar a algunas víctimas». «Esperemos que (el Ejecutivo de Madrid) siga necesitando negociar cosas para ver si arreglamos esto», llegó a decir el jeltzale Iñigo Iturrate.

El principal punto de discordia que general la ley de abusos policiales entre los gobiernos vasco y central es que plantea la creación de una comisión de valoración que identifique a las personas que hayan sido víctimas de alguna vulneración de sus derechos humanos por actuaciones de las fuerzas de seguridad. Lakua asegura que el órgano solo tramitará las quejas de las personas que presenten sentencias judiciales favorables o «pruebas fehacientes que llevarían a un juicio» y La Moncloa defiende que pretende invadir las competenias de los tribunales. Por ese camino ha seguido Javier de Andrés, que ha rechazado la creación de la comisión y ha sugerido que la viabilidad de la ley, que permanece suspendida cautelarmente hasta octubre mientras el TC analiza el recurso del Estado, no formará parte de ninguna negociacion política como sugirió Iturrate. «La Administración de Justicia no entra en cálculos de negociación», ha matizado el delegado del Gobierno.

«Superaremos las tensiones»

Tras firmar los pactos presupuestarios y actualizar la Ley del Cupo, los gobiernos central y vasco, y PP y PNV, mantenían durante las últimas semanas un nuevo clima de concordia diferente al de los meses anteriores, en los que los reproches públicos eran casi diarios. El armisticio parece haberse terminado estos días: el martes el portavoz del Gabinete Urkullu reprobó al Ejecutivo de Rajoy su «afán recentralizador» una crítica recurrente- y le acusó de ser «insumiso del estatuto» al no querer transferir las competencias atribuidas a Lakua en el Estatuto de Gernika. Ayer fue Jonan el que elevó el tono, algo inusual en el secretario de Derechos Humanos y Convivencia.

Javier de Andrés ha querido quitar hierro a los reproches asegurando que el clima entre PP y PNV «no se ha enrarecido». «Tienen (los nacionalistas) una sensibilidad distinta así que es normal que surjan discrepncias», ha dicho el delegado del Gobierno antes de lanzar un nuevo mensaje de cordialidad. Le conviene a los populares, que han iniciado las conversaciones en el Congreso para pactar el techo de gasto, un proceso en el que necesitan imperiosamente el apoyo jeltzale. «Superaremos las tensiones por el bien del interés público».