La realidad de las víctimas

En octubre se cumplirán seis años desde que ETA anunció su adiós definitivo a las armas. Hace apenas unas semanas la banda hacía entrega a las autoridades judiciales y policiales francesas del limitado arsenal todavía bajo su control. Y se espera que en muy poco tiempo -en medios abertzales se habla de entre mediados y finales de julio- la organización comunique al fin su decisión de autodisolverse.

Todo ello a cambio de nada. Sin contrapartidas políticas de ningún tipo. Derrotada por la democracia y empujada por su propio brazo político, temeroso de que si el Estado de Derecho terminaba con medios exclusivamente policiales y judiciales con ETA, su fin dejara a la izquierda abertzale fuera del juego político por mucho mucho tiempo.

Pero el terrorismo no es sólo un problema político. Desgraciadamente. Lo peor es su vertiente humana. Que tiene rostro y corazón. Víctimas. Miles de ellas. Y ese es un problema que difícilmente encuentra cura. Como mucho admite cuidados paliativos. Es todo.

Consciente de esta realidad, la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, y su equipo, acompañadas por el delegado del Gobierno central en Euskadi, Javier De Andrés, mantuvieron ayer en Bilbao una primera reunión privada con quienes sufrieron el terror etarra en Bizkaia y también en Álava. Acudieron unas 150 personas.

Fue un encuentro, sobre todo, para escuchar las necesidades, las quejas y los problemas de quienes sufrieron en carne propia las tropelías etarras. Además de para ofrecerles información detallada de cuantas medidas ha dispuesto el Estado de Derecho para ayudarles.

Esta vez no hubo discursos grandilocuentes para salir en los medios de comunicación. Tampoco apuestas equidistantes ni mezclas artificiales, como las que ciclicamente plantea el comisionado del lehendakari Urkullu para las víctimas, y ahora también para los refugiados, el tantas veces cuestionado Jonan Fernandez.

¿Conclusiones? Posiblemente las esperables. Si acaso la especial soledad y el desconocimiento de muchas de las medidas arbitradas en su favor por el Estado de Derecho de aquellos familiares de víctimas de ETA que no forman parte de ningún colectivo ad hoc. También una cierta inquietud porque el fin de la banda y el paso del tiempo supongan, además de olvido, la eventual injusticia de que los asesinos acaben por recibir un trato que por burocracia o por otros motivos aún no han tenido las víctimas.

Tanto la Administración central, como la autonómica deben de estar encima de quienes sufrieron en carne propia la sinrazón de ETA. Deben ser ellos quienes busquen a los damnificados, no al revés. Ni sólo cuando convenga para programas de reconciliación. También para quienes los rechacen.

Las víctimas merecen muchas cosas. Pero, sobre todo, calor, justicia y cercanía.