Enjuiciar el pasado

La ley fue aprobada el 28 de julio del año pasado, publicada en el boletín oficial de nuestra comunidad autónoma el 10 de agosto y recogida por el BOE el 10 de septiembre. Su único problema no es que ahora sea recurrida ante el TC a cuenta, sobre todo, de la Comisión de Valoración prevista para verificar y dictaminar respecto a si alguien fue víctima, o no está claro que llegara a serlo. El problema es que trata de responder de una manera entre ingenua y pretenciosa a la dificultad que entraña hacer justicia sobre un pasado prescrito judicialmente, sobre un sinfín de casos que aflorarán o no, y que en el mejor supuesto darán lugar a un relato que dependerá más del ánimo actual de los afectados -directos o indirectos- que de la verdad descarnada sobre lo sucedido.

La convicción moral de que en el período 1978-1999 se produjeron graves vulneraciones de derechos a manos de funcionarios públicos y de grupos supuestamente incontrolados que pudieran responder a «un contexto de motivación política» cuenta con una prolija documentación. La que recabó el Consejo General Vasco en la pre-autonomía, la que pudieron consignar tanto el Gobierno como el Parlamento de Euskadi durante ese período y más adelante, la que forma parte del acerbo informativo de los distintos medios de comunicación en sus hemerotecas, fonotecas y videotecas. El testimonio de las personas afectadas completaría la narración de la verdad, siempre y cuando ésta fuese requerida -no solo aceptada a demanda del denunciante- por una instancia libre del más mínimo litigio, especialmente en cuanto a la constitucionalidad de la iniciativa. La tarea que pretende la Ley 12/2016 es tan ciclópea y a la vez delicada que solo puede afrontarse con las máximas garantías jurídicas. Lo demás es poco menos que propaganda.

El problema de la constitucionalidad de la ley recurrida parte de la dificultad que entraña dictar sentencias parajudiciales sobre graves conculcaciones de derechos legalmente prescritos. Es sin duda terriblemente injusto que sea así. Pero la reversión de la justicia no puede darse por un mero acto de voluntad política. Certificar públicamente que alguien sufrió lo indecible delata que otro alguien produjo esa injusticia de manera más o menos deliberada. Lo cual sería tanto como dejar en suspenso la prescripción penal. Estaría bien que se pretendiera esto último a causa de la gravedad de lo denunciado, pero con todas las consecuencias. También políticas. De manera que podríamos, al mismo tiempo, exigir el esclarecimiento de los crímenes de ETA pendientes y la revisión de la Ley de Amnistía de 1977. A ver cómo queda el panorama final.

Es coherente que el Gobierno vasco centre sus esfuerzos en el reconocimiento y reparación del sufrimiento padecido por muchas ciudadanas y ciudadanos de Euskadi entre 1978 y 1999 a causa del descontrol policial, cuando el Estado de Derecho debía hacerse ya cargo de la situación tras el franquismo. Pero sería también lógico extender la iniciativa al conjunto de España. Ya se sabe que el PNV está a lo suyo. Podría hacerlo el PSOE y podría hacerlo Podemos, estos últimos tan indignados frente al recurso del Gobierno del PP contra la ley vasca.

En cualquier caso, sería recomendable que el Gobierno Urkullu y su partido evitasen limitar el capítulo de sus desavenencias respecto a Madrid a la agenda de la izquierda abertzale. Dicho esto sin demagogias. Sería decepcionante que el nacionalismo que gobierna Euskadi tuviera que verse obligado a hacerse eco de «las consecuencias del conflicto armado» -en términos de los herederos de ETA- para, entre otras cosas, prestarse a confundir a quienes entre 1978 y 1999 sufrieron graves injusticias a manos de presuntos servidores públicos con aquellos que aún hoy pretenden hacerse las víctimas cuando son victimarios.