«Profunda decepción» en el Gobierno vasco por el recurso a la ley de víctimas de abusos policiales

El Gobierno vasco ha expresado su «profunda decepción» ante el acuerdo adoptado este viernes por el Consejo de Ministros de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de reconocimiento y reparación a las víctimas policiales.

La denominada 'Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en el País Vasco entre 1978 y 1999' fue aprobada el 28 de julio de 2016 con los votos del PNV y el PSE-EE, contó con la abstención de EH Bildu que la consideró insuficiente y la oposición de PP y UPyD por estimar que era «insegura jurídicamente». El objetivo de esta ley era continuar con el camino emprendido en 2012 por el Gobierno vasco, dirigido entonces por el lehendakari socialista Patxi López, para atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no habían sido reconocidas ni reparadas hasta la fecha.

La decisión adoptada este viernes por el Consejo de Ministros se produce dos días después del acuerdo entre los gobiernos central y vasco sobre el Cupo y del pacto entre el PP y el PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año. Es por ello por lo que el Ejecutivo vasco ha expresado su «profunda decepción», ya que con esta decisión el Ejecutivo de Mariano Rajoy «se desentiende de la obligación» que tienen todos los poderes públicos de «dar respuesta a los derechos que corresponden a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos».

Además, «es decepcionante porque contraviene el mandato del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas», señala el Gobierno de Urkullu en un comunicado. No obstante, el Ejecutivo vasco expresa «su compromiso firme con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos», que «constituye un principio de contenido ético, institucional, democrático y de humanidad» y es además «una pieza fundamental» para lograr «una convivencia normalizada y basada en una memoria crítica del pasado».

«Plena legalidad»

Por ello, el Gobierno vasco anuncia que seguirá «trabajando intensamente» para defender «la plena legalidad y viabilidad de esta ley» y para «ofrecer reparación a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos que no hayan recibido el debido reconocimiento». Aunque no conoce el detalle del recurso que se ha anunciado, el Ejecutivo vasco está convencido de «la plena seguridad jurídica de todo el articulado de la Ley 12/2016, tal y como ya han corroborado expertos juristas del más amplio y plural espectro en el ámbito vasco, estatal e internacional».

De hecho, el pasado 24 de abril un informe encargado por el Gobierno vasco al expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Fabián Salvioli avaló que la ley vasca de abusos policiales «se ajusta a rajatabla» al derecho internacional. El estudio pone de manifiesto que las indemnizaciones y reparaciones a estas víctimas «coadyuvan al cumplimiento del derecho a la verdad" y que la norma vasca responde a "una obligación que el Estado debe cumplir».

La ley vasca de víctimas policiales fue acordada por el PNV y el PSE el año pasado e incorporó la práctica totalidad de las enmiendas socialistas, la mayoría de ellas tendentes a dotar a la norma de la máxima seguridad jurídica y evitar que el Gobierno central la recurriese por vulnerar la Constitución o infringir competencias exclusivas estatales. Por ello se eliminaron todas las alusiones a la «represión ilícita» y se excluyeron como víctimas a las personas que fallecieron o resultaron heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta.