El Gobierno recurrirá la ley vasca de víctimas de abusos policiales

El Consejo de Ministros ha decidido esta mañana presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento vasco el pasado mes de julio. Después de que PNV y PP llegaran a acuerdos en torno a otras normas territoriales, como la municipal y la de iniciativas populares, en el marco de las negociaciones presupuestarias, dos días después de firmar el acuerdo el Gabinete Rajoy ha decidido bloquear la norma al filo de lo permitido. El plazo para apelar a la justicia finalizaba el 10 de mayo tras permanecer seis meses abierto.

La ley se denomina oficialmente como 'De Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos' y tiene por objetivo dar respuesta a las situaciones de «violencia política» ocurridas en el País Vasco entre 1978 y 1999. Más allá del terrorismo de ETA, busca reparar a las personas que sufrieron otro tipo de abusos y vulneraciones de derechos humanos. Especialmente, los policiales. La norma fue aprobada con los votos de PNV y PSE, contó con la abstención de EH Bildu, que la consideró «insuficiente», y la oposición de PP y UPyD por estimar que era «insegura jurídicamente». En su día, la ley fue considerada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, como una «pieza necesaria» para construir la convivencia.

Pero duró poco en vigor. Pasado el verano, el Gobierno central, justo antes de iniciar su acercamiento al PNV, anunció que iba a presentar un recurso y se abrió un plazo de negociación con Lakua que no ha dado frutos. «Las posturas siguen muy distantes», reconocía el portavoz del Gabinete Urkullu, Josu Erkoreka, hace un par de semanas. La ley de víctimas de abusos policiales contempla la creación de una comisión de valoración que debe encargarse de analizar las solicitudes que se presenten los damnificados para acogerse a las ayudas y medidas de reparación y Madrid considera que la norma atribuye a este foro funciones de investigación sobre posibles hechos delictivos cometidos en el pasado que, según la Constitución, «estarían reservados exclusivamente a jueces y tribunales de Justicia».