El Gobierno vasco busca respaldo internacional a la ley de abusos policiales

El Gobierno vasco por medio de Jonan Fernández ha instado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a «recorrer juntos el camino de la reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos». El llamamiento del secretario de Paz y Convivencia pretende que el PP no recurra ante la Justicia la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento vasco en junio de 2016. Fernández ha presentado un documento elaborado por el expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Fabián Salvioli que, según este experto, demuestra que la ley «se ajusta al derecho internacional».

La presentación de este informe que avala la normativa aprobada hace casi un año por el Parlamento vasco con el voto a favor del PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y el voto en contra del PP y UPyD llega en un momento muy concreto. Fue el último proyecto remitido por el Gobierno vasco que fue ratificado en la pasada legislatura, y en apenas dos semanas concluye el plazo para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pueda recurrirla ante los tribunales.

La ley busca reparar a las personas que pudieran haber sufrido malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad entre 1978 y 1999. El problema, según los populares, es que genera una notable inseguridad jurídica y pasa por encima de las decisiones adoptadas por los tribunales de justicia. Desde el Gobierno vasco se subraya, por contra, que sus resoluciones solo tendrán un valor administrativo y no entrarán en el terreno penal.

A la espera de ver qué decisión toma el Gobierno central y de cómo se resuelve el debate jurídico, Fernández presentó ayer un informe para apuntalar su proyecto. Porque el texto elaborado por Salvioli viene a decir, básicamente, que la ley de abusos policiales tiene encaje en la legalidad internacional. «Es inobjetable», ha subrayado Salvioli.

El informe, según Fernández, está en manos del Gobierno central desde la semana pasada. El propio secretario de Paz y Convivencia ha admitido que todavía es pronto para saber qué postura adoptará el Ejecutivo de Rajoy. Durante su intervención, ha incidido en la necesidad de resarcir a todas las víctimas y convertirlas en «un factor de unión». Desde que se aprobó la ley, el PP ha señalado que el problema no es reconocer a las víctimas de torturas reconocidas por los tribunales, sino la inseguridad que puede generar la ley vasca.