Certezas, dudas e incógnitas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a Artur Mas, a Joana Ortega y a Irene Rigau por desobediencia. El expresident queda inhabilitado por dos años para el ejercicio de cualquier cargo público; la exvicepresidenta, por un año y nueve meses; y la exconsellera de Educación, por un año y seis meses.

La sentencia no es firme. Cabe recurso ante el Supremo. Si esta instancia ratifica el fallo entonces sí se convertirá en definitiva. Los afectados anunciaron que impugnarán la sentencia. Si no ven atendida su queja, irán a Estrasburgo.

La única condenada que ocupa un cargo, Irene Rigau, parlamentaria catalana por la coalición soberanista Junts Pel Sí, conservará el escaño. En cambio, si Artur Mas contemplaba volver a ser candidato a president por el PDeCAT (la antigua Convergencia) en los comicios que se celebrarán hacia septiembre -que sí lo contemplaba-, ya puede irse despidiendo. En la última reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, UPyD coló un artículo 6.2b que lo hace del todo imposible.

Es decir que el expresident conjuga desde ayer un poco más en pasado y un poco menos en futuro. Para que no fuera así precisaría que el Supremo revocara la pena de inhabilitación y que lo hiciera en el plazo de escasos meses.

Y si Mas parece cada vez más cerca de que la prejubilación a la que le envió prematuramente la CUP -los amigos catalanes de Sortu- se convierta en jubilación definitiva, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, acaricia un poco más convertirse en el próximo inquilino del Palau de la Generalitat. Al PDeCAT le va a pesar la falta de un/una líder sólido y le va a sobrar basura y corrupción. Votos en potencia para una ERC cuyo margen de alianzas parece, a priori, mayor: Ada Colau, PSC o el propio PDeCAT.

El PNV y el lehendakari Urkullu, además de solidarizarse con los condenados, valoraron como un «despropósito» que un problema político termine así. Lo es. Como que se complica un poco más una solución pactada. Pero la reflexión jeltzale ignora un detalle. La sentencia de ayer no condena a tres políticos por consultar a sus ciudadanos, como pretenden los nacionalistas. Se les inhabilita por vulnerar la ley. Por ignorar las órdenes del Constitucional. Por no respetar el Estado de Derecho, sin el cual no hay democracia.

Sólo cabe elucubrar acerca de si la condena propiciará nuevas adhesiones al frente rupturista. Es posible. Lo que parece más improbable es que reste apoyos a esa amplia minoría del 48% que, dicen los sondeos, está por la secesión.

Cuestión diferente es la corrupción. Cada revelación en un tribunal de Justicia supone un mazazo en potencia a Convergència, al soberanismo y al conjunto de la política.

Primeras condenas por el procés y no se vislumbran salidas. Crece el peligro.