El plus del euskera en la Administración

Lo razonable sería que el porcentaje de vascoparlantes entre los empleados públicos fuera parecido al existente en el conjunto de la sociedad

ANDONI UNZALU

Antes de opinar sobre el euskera en la Administración, vamos a poner las cartas encima de la mesa. Vamos a lo prosaico, a los datos fríos, aunque resulten algo pesados. Siempre hablamos de que no todos los puestos tienen perfil. Es verdad, vamos a dar los datos de 5.174 puestos de la Administración General del Gobierno vasco. No entran en esta relación la Ertzaintza, los docentes, Osakidetza o la Justicia.

Los perfiles están divididos en 5 categorías: el 1, el más bajo; el 2, intermedio; el 3, que corresponde al EGA; el 4, que además requiere conocimientos técnicos; y el 5 es un perfil especial superior. El perfil 1 se asigna a 539 puestos. El 2, a 2.227 puestos. El tercero, a 1.625. El perfil 4, a 624 puestos y el quinto, a 159. Claramente cuanto mayor es el nivel del puesto, mayor es la exigencia de euskera. Dicho de otra manera, para optar a un puesto alto de la Administración, hay que saber mucho euskera.

He seleccionado a 2.012 técnicos, que son los que tienen los niveles altos del 25 al 28. De estos tienen el perfil 5, 98 puestos. El perfil 4, 606 puestos. El perfil 3, 1.210. El perfil 2, 97. El perfil 1, 0 puestos. Es decir, que casi todos los altos funcionarios tienen asignados un perfil de euskera del nivel de EGA o superior.

No en todos los puestos, aunque tengan asignado perfil, es obligatorio. De los 5.174 puestos, los que tienen perfil obligatorio son 2.761, la mitad aproximadamente. En el resto no es obligatorio pero se puntúa el conocimiento. Bueno, no es para tanto pensarán algunos. Pero vamos a ver cómo condiciona el conocimiento del euskera para acceder a los puestos donde no es obligatorio.

Vamos a analizar tres oposiciones reales de Osakidetza que corresponden a la OPE de 2011, turno libre. Tres categorías muy dispares, médico de familia, auxiliar de enfermería y conductor. En cada caso analizaremos los 30 primeros posicionados después de sumar a los puntos de la oposición los correspondientes a méritos y euskera. Médicos de familia: entre los 30 con mejor puntuación total, sólo 5 no tienen puntos por conocimiento de euskera. Auxiliar de enfermería: de entre los 30 mejores sólo una persona no tiene puntos por su control de idioma. Conductor: de entre los 30 primeros sólo 11 carecen de estos puntos.

En la revista del IVAP número 6/2014 se analiza con mucho detalle otra oposición, en la que se presentan 16.009 personas para acceder a 419 puestos de administrativo, auxiliar y subalterno. De los 16.009 que se presentan sólo el 36,1% tiene algún perfil lingüístico, pero al final del proceso, de todos los que realmente acceden a un puesto, son el 92,1% los que sí tienen un perfil.

Bien, no voy a hacer comentarios, ahí están los datos y, como decía el viejo Axular, «Berak dira bere buruz asko gora mintzo». De lo que se trata es de cómo podemos garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, la pluralidad de la Administración pública junto a los derechos lingüísticos. Cuando un colectivo del 36% se hace con el 92%% de los puestos públicos, al menos alguna reflexión debiéramos hacer.

Primero, afirmar que garantizar que la Administración atienda en euskera a todo aquel que lo desee no quiere decir, en absoluto, que todos los empleados públicos deban ser vascoparlantes. Atender en euskera a todo ciudadano que lo solicita es un mandato legal, obligar a que todos los funcionarios tengan que saber euskera es una imposición ideológica.

A riesgo de recibir de inmediato una sarta de insultos desaforados, podríamos afirmar que lo razonable sería que el porcentaje de vascoparlantes entre los empleados públicos fuera parecido al porcentaje en el seno de la sociedad vasca. Siendo un bien notable el acceso a los puestos públicos, podríamos afirmar como Isaiah Berlin que el que defiende la distribución proporcional no debe justificar su decisión, son las personas que rompen esta regla de igualdad en el reparto los que deben justificar sus razones.

Afirmando, y yo lo afirmo, que las personas que saben euskera no son más tontas o peor preparadas, para lograr este objetivo no hace falta ninguna norma lingüística en el acceso. Sin ninguna intervención se debiera lograr el equilibrio entre los vascoparlantes de la sociedad y los de los empleados públicos.

Pero, sin duda, casi todos estamos de acuerdo en dos cosas. Primero, que hay algunos puestos en los que es necesario el euskera: los específicos del euskera y los que tienen relación personal con los administrados. La verdad no son tantos. Y segundo, estaremos de acuerdo en que aunque su función no sea tener relación con los ciudadanos, el saber euskera aporta un valor extra.

Toda una generación de jóvenes vascos que no saben euskera ha sido excluida del acceso a la función pública, que, por cierto, son los puestos de trabajo más valorados en la sociedad vasca.

Y llegados a este punto voy a hacer una propuesta para el debate. Uno, redefinir de forma razonable los puestos en los que se requiera euskera. Dos, quitar el requisito en el resto y, asimismo, no tener en cuenta en los méritos el conocimiento de euskara en los puestos que no se requiera. Y tres, asignar a todos los empleados públicos que ocupan puestos en los que no se requiere conocimiento pero sí lo tienen un complemento salarial personal.

Creo que podría ser una fórmula que busca el equilibrio entre el derecho a la igualdad de acceso a la Administración pública de todos, la necesidad de que la Administración atienda en euskera a los que lo solicitan y el reconocimiento a aquellos que aunque no se les exige tienen conocimiento. El resultado sería que, exceptuando los puestos en los que es necesario el euskera, todos tendrían las mismas oportunidades de acceder a un puesto público, aunque el que lo sabe tendría reconocido un complemento salarial que el que no sabe no tendría. Seguramente no es la única fórmula posible, pero desde luego sí sería mucho más justa y equitativa que el sistema actual.