Disidentes de Sortu defienden el uso de «los métodos de lucha que sean necesarios»

Militantes de la izquierda abertzale críticos con la gestión de Sortu han constituido un colectivo que responde al nombre de Aurrerantz (Hacia adelante) y que aboga por recuperar las prácticas de «la desobediencia activa con todas las consecuencias» y que «nada tiene que ver con el pacifismo». En un documento elaborado tras mantener distintas reuniones «para poner en común sus experiencias, análisis y perspectivas para ponerlas al servicio de la lucha por la liberación nacional y social de Euskal Herria», los disidentes defienden también el «derecho a la rebelión, utilizando los métodos de lucha que se piensen necesarios en cada momento para combatir al enemigo».

Descontentos «jóvenes y mayores» han optado por dar un paso al frente para combatir la estrategia oficial de la izquierda abertzale durante los últimos siete años, que califican como «un total fracaso» que «impide avanzar hacia el socialismo y la independencia». Por ello, Aurrerantz llama a «la construcción de la Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional» para enfrentarse a los opresores y retomar «adecuándolas a las condiciones actuales, las líneas estratégicas que han sido la base de la izquierda abertzale antes de Zutik Euskal Herria», documento en el que se apostó por «vías exclusivamente políticas y democráticas».

Aurrerantz discrepa, asimismo, con la postura de Sortu sobre los presos. Por ello, señala «la necesidad de crear un movimiento popular por la amnistía diferenciada» de la oficial de la izquierda abertzale. «La amplitud y la riqueza de la lucha por la amnistía sólo puede recogerse si la organización que canaliza esta lucha a través de un amplio movimiento popular organizado fuera del partido, con un entronque respecto a los objetivos finales, pero con independencia de funcionamiento», añade el texto . «No querer trabajar en ese sentido es ahogar la lucha por la amnistía», subraya.

Las denuncias del colectivo crítico se extienden también al acuerdo jurídico sobre el llamado caso Segura, por el que una treintena de dirigentes evitaron la cárcel tras pactar con las acusaciones y admitir el vínculo con ETA que se les atribuía.