La pesada losa del Valle de los Caídos

Fue el 1 de abril de 1940 cuando se decidió la construcción de una basílica y un monasterio en la finca de Cuelgamuros, en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, mediante un decreto que justifica la iniciativa para «perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada». Fue inaugurado 19 años después y en los trabajos participaron miles de represaliados políticos del bando republicano. En 1957 se había constituido la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para su gestión. Un año después Pío XII da luz verde a la abadía y la fundación suscribe un convenio con la abadía de Silos para el mantenimiento del culto. Juan XXIII convierte la iglesia en basílica menor en 1960.

Según los datos oficiales, en el complejo monumental yacen los restos registrados de 33.833 personas, víctimas de uno y otro lado de la contienda, que desde 1959 hasta 1983 fueron llevados en 491 traslados desde fosas y cementerios de casi todas las provincias españolas. Fueron depositados en columbarios individuales y colectivos, ubicados en las ocho cavidades adyacentes al crucero y a las capillas de la basílica.

Con el paso del tiempo se ha producido algún derrumbamiento en las criptas, con lo que algunos restos se han mezclado con otros. En un lugar preeminente del tempo yacen también los restos de José Antonio Primo de Rivera, trasladados desde El Escorial en 1959, y del dictador Franco, enterrado allí tras su muerte en 1975. Los monjes de la abadía no tienen jurisdicción sobre los restos de los enterramientos, pero sí en el caso de Franco porque hubo un acuerdo oficial para su custodia.

Sobre el Valle de los Caídos hay demandas particulares que solicitan la exhumación de los restos de sus familiares en lo que supone el mayor cementerio de la Guerra Civil. En concreto, hay una asociación denominada Agrupación de Familiares Pro Exhumación de Republicanos del Valle que canaliza muchas de las peticiones. El informe forense sobre la viabilidad de identificación de los enterramientos y el estado de los columbarios y de los restos óseos elaborado por el Ministerio de Justicia en febrero de 2011 califica esa actuación como «extremadamente compleja». En algunos casos por no haber sido localizado el columbario en cuestión, a veces por haberse fragmentados los columbarios y mezclado los restos de numerosas personas, y en otros supuestos por no haber podido entrar en la cripta a inspeccionar en los sucesivos niveles de los osarios.

Los expertos reunidos meses después, conscientes de estas dificultades, consideraban que las medidas de dignificación y resignificación democrática del cementerio y del conjunto del Valle, debería ayudar a poner en una nueva perspectiva las reclamaciones presentadas. Aún así, reconocían el derecho moral a que se satisfagan las demandas en la medida de lo posible, pese a que el deterioro del recinto «hace prácticamente imposible como norma general la identificación individualizada».

«La fuerza personal que genera la determinación de localizar los restos de familares no hay política que la pare. La gran tarea pendiente es el adecentamiento de las criptas y la dignificación de los restos allí depositados», señala un interlocutor cercano a las demandas de exhumación. Conocida la decisión judicial la pregunta que surge ahora es quién tiene que dar la autorización para exhumar los restos. El responsable del recinto es Patrimonio Nacional, pero la decisión política correspondería a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saénz de Santamaría.

Los expertos hicieron catorce recomendaciones, recogidas en un informe que se envió a los grupos parlamentarios, que arrancaba con la asunción de las dificultades políticas y sociales para ejecutarlas, que requerirían lograr los más amplios consensos. A partir de ahí, proponían una resignificación integral que proporcione la relectura completa del conjunto monumental para convertirlo en un lugar para la memoria de víctimas y muertos de la Guerra Civil. Ideado originariamente «para honrar a los caídos de la llamada Cruzada, las víctimas, todas ellas iguales en valor, y no la defensa de una u otra ideología deben ocupar la centralidad del conjunto, sostenían.

En esa línea señalaban que los restos de Primo de Rivera no deben ocupar un lugar especial en la basílica y recomendaban que los de Franco fueran trasladados «a un lugar que designe la familia o, en su caso, al lugar que sea considerado digno y más adecuado». Este punto no fue compartido por tres miembros de la comisión al entender que «la exhumación y traslado de los restos de un jefe de Estado por incompatibilidad con su régimen político resultaría hoy impropia en nuestro contexto europeo y occidental presente, donde no se ha dado nada semejante». Además, la creían «inoportuna» porque contribuiría a dividir y radicalizar a la opinión pública. También exigiría una negociación, no ya con la orden benedictina, sino con el propio Papa.