La petición fiscal: Más de 440 años de prisión y 134 millones en fianzas para los 26 acusados

El fiscal ve a Alfredo de Miguel responsable de más de una veintena de delitos, pero no es el único. Se piden 30 años para su esposa, 32 años para el exburukide Tellería y 17 para el exviceconsejero Larrañaga, entre otros

ELCORREO.COM

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria dictó hace ahora un año el auto en el que puso fin a la instrucción del llamado Caso de Miguel, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales, liderada por exdirigentes y cargos del PNV, que también buscaba al parecer obtener contratos y adjudicaciones públicas. Los 26 imputados de este caso, a los que se atribuye la presunta comisión de decenas delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, son los siguientes. En conjunto, se les pide una pena superior a los 440 años de prisión y fianzas que superan los 134 millones de euros.

1.- Alfredo de Miguel: Principal imputado en esta causa, fue miembro de la Ejecutiva del PNV en Álava hasta que fue nombrado en agosto de 2007 diputado foral de Administración Local de la Diputación alavesa. También fue miembro del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Álava. El juez considera que lideró un entramado societario (Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga) dirigido supuestamente a la obtención de contratos públicos de forma irregular y al cobro de presuntas comisiones ilegales.

El fiscal pide para De Miguel una pena de 54 años, 11 meses y 15 días por la comisión de hasta 21 delitos. Las acusaciones son múltiples.

El fiscal le acusa de: asociación ilícita en grado de dirigente (3 años de prisión), blanqueo de capitales (3 años), fraude en la contratación (Caso Urbanorma, 2 años), cohecho (4 años), coacciones (3 años), fraude en la contratación (caso Stoa, 2 años), cohecho (caso Stoa, 4 años), falsedad en documento mercantil (Caso Stoa, 2 años), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses), tráfico de influencias (caso Plan joven Gobierno vasco, 10 meses), prevaricación (contrarto DFA, sin pena de prisión), tráfico de influencias (caso comisión Prudencio Hierro, 10 meses), falsedad en documento mercantil (caso comisión P. Hierro, 2 años), tráfico de influencias (caso comisión Lapuebla de Labarca y Zigoitia, 10 meses), falsedad en documento mercantil (caso comisión Lapuebla de Labarca y Zigoitia, 2 años), prevaricación (caso Zambrana, sin pena de prisión), cohecho (caso Zambrana, 3 años), negociación y actividad prohibida a funcionario público (caso Zambrana, sin pena de prisión), tráfico de influencias (caso Zambrana, 11 meses y 15 días), cohecho (caso Zambrana, 3 años), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 25 millones de euros.

2.- Ainhoa Bilbao: Esposa de Alfredo de Miguel, socia y titular de un tercio de las participaciones de Kataia Consulting, así como inicialmente administradora mancomunada de la misma y posteriormente administradora única.

El fiscal pide una pena de prisión de 30 años y 6 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de dirigente (3 años de prisión), blanqueo de capitales (3 años), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses), blanqueo (caso comisión P. Hierro, 4 años y 6 meses), blanqueo de capitales (caso Zambrana, 4 años y 6 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 2,5 millones de euros.

3.- Aitor Tellería: Era miembro de la Ejecutiva del PNV alavés y responsable del Centro de Empresas e Innovación de Álava localizado en el Parque Tecnológico de Álava. Empleado de la empresa Riera Urbanizer supuestamente vinculada con una fallida recalificación urbanística en el municipio alavés de Zambrana.

El fiscal pide una pena de prisión de 32 años y 2 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de dirigente (3 años de prisión), blanqueo de capitales (3 años), fraude en la contratación (caso Urbanorma, 2 años), cohecho (4 años), coacciones (3 años), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses), tráfico de influencias (caso Plan joven Gobierno vasco, 10 meses), tráfico de influencias (caso comisión Lapuebla de Labarca y Zigoitia, 10 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 3 millones de euros.

4.- Araceli Bajo: Esposa de Aitor Tellería. Socia y titular de un tercio de las participaciones de Katia Consulting, así como inicialmente administradora mancomunada de la misma.

El fiscal pide una pena de prisión de 21 años y 6 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de dirigente (3 años de prisión), blanqueo de capitales (3 años), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 2,1 millones de euros.

5.- Koldo Ochandiano: Exmiembro de la Ejecutiva del PNV en Álava y promotor de algunas de las sociedades investigadas.

El fiscal pide una pena de prisión de 32 años y 2 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de dirigente (3 años de prisión), blanqueo de capitales (3 años), coacciones (3 años), fraude en la contratación (caso Stoa, 2 años), cohecho (caso Stoa, 4 años), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses), tráfico de influencias (caso Plan joven Gobierno vasco, 10 meses), tráfico de influencias (caso comisión Lapuebla de Labarca y Zigoitia, 10 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 1 millón de euros.

6.- Iratxe Gaztelu-Urrutia: Esposa de Koldo Ochandiano. Socia y titular de un tercio de las participaciones de Kataia Consulting así como inicialmente mancomunada de la misma.

El fiscal pide una pena de prisión de 21 años y 6 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de dirigente (3 años de prisión), blanqueo de capitales (3 años), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 2,1 millones de euros.

7.- Aintzane De Miguel: Hermana de Alfredo de Miguel, empleada de Kataia Consulting y de Errexal, se encargaba de llevar la contabilidad de parte de las empresas investigadas que tenían relación directa o vinculación con su hermano, conociendo la supuesta ilicitud de las actividades que realizaban, según el juez.

El fiscal pide una pena de prisión de 13 años.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), cohecho (caso Stoa, 4 años), falsedad en documento mercantil (Caso Stoa, 2 años), falsedad en documento mercantil (caso comisión Lapuebla de Labarca y Zigoitia, 2 años), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 50.000 euros.

8.- Iñaki San Juan: Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia) durante 4 años entre 2000 y 2004, y administrador de diversas empresas investigadas como Errexal y Ortzi Muga.

El fiscal pide una pena de prisión de 19 años y 2 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses), tráfico de influencias (caso Plan joven Gobierno vasco, 10 meses), tráfico de influencias (caso comisión Lapuebla de Labarca y Zigoitia, 10 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 2,2 millones de euros.

9.- Josu Montes: Administrador de Ortzi Muga y empleado de Errexal.

El fiscal pide una pena de prisión de 17 años y 6 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 15.000 euros.

10.- María Justina Angulo: Alcaldesa del Ayuntamiento de Zambrana por el PNV desde 1995 hasta junio de 2007 y posteriormente concejal del consistorio hasta 2011.

El fiscal pide una pena de prisión de 4 años y 6 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), prevaricación (caso Zambrana, sin pena de prisión), cohecho (caso Zambrana, 3 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 10.000 euros.

11.- Francisco Javier Sánchez Robles: Director de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a junio de 2009. Supuestamente se sirvió de su cargo para favorecer a la red de empresas lideradas por De Miguel.

El fiscal pide una pena de prisión de 18 años y 4 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses), tráfico de influencias (caso Plan joven Gobierno vasco, 10 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 2 millones de euros.

12.- Gurutz Larrañaga Zubizarreta: Viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a mayo de 2009. El juez le imputa porque supuestamente incurrió en una falta de control sobre la actividad de Sánchez Robles.

El fiscal pide una pena de prisión de 17 años.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 1,5 millones de euros.

13.- Jon Iñaki Echaburu: Titular del grupo Loizate en el que se incluye la mercantil construcciones Loizate, vinculada supuestamente con el pago dos presuntas comisiones del 4 % a la mercantil Kataia Consulting por la adjudicación de obras en los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca y Zigoitia.

El fiscal pide una pena de prisión de 11 años.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), fraude en la contratación (2 años), cohecho (4 años), cohecho (caso comisión Lapuebla de Labarca y Zigoitia, 3 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 650.000 euros.

14.- Alfonso Arriola: Gerente del Parque Tecnológico de Álava desde el 1 de abril de 2006 hasta el 1 de septiembre de 2009. Vinculado supuestamente con las presuntas irregularidades en la ampliación del citado parque.

El fiscal pide una pena de prisión de 21 años.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), fraude en la contratación (2 años), cohecho (4 años), coacciones (3 años), fraude en la contratación (caso Stoa, 2 años), cohecho (caso Stoa, 4 años), falsedad documental (caso Stoa, 4 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 600.000 euros.

15.- Julián Sánchez Alegría: Presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco entre noviembre de 2005 y julio de 2009.

El fiscal pide una pena de prisión de 17 años.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), fraude en la contratación (2 años), cohecho (4 años), coacciones (3 años), fraude en la contratación (caso Stoa, 2 años), cohecho (caso Stoa, 4 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 600.000 euros.

16.- Miren Lourdes Bilbao: Directora técnica del Parque Tecnológico de Álava entre el 1 de junio de 2007 al 2 de febrero de 2011.

El fiscal pide una pena de prisión de 11 años y 6 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), fraude en la contratación (caso Stoa, 2 años), cohecho (caso Stoa, 4 años), falsedad documental (caso Stoa, 4 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 40.000 euros.

17.- Sergio Fernández Oleaga: Administrador y socio único de la mercantil Studio Técnico Obras y Arquitectura S.L. (Stoa). Empresa que supuestamente abonó un presunta comisión ilegal para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.

El fiscal pide una pena de prisión de 12 años.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), coacciones (caso Urbanorma, 2 años) fraude en la contratación (caso Stoa, 2 años), cohecho (caso Stoa, 4 años), falsedad en documento mercantil (Caso Stoa, 2 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 40.000 euros.

18.- Jesús José Arruti Letemendia: Administrador único y socio junto a su padre Jesús Arruti de la mercantil Sidepur, relacionada supuestamente con la recalificación en Zambrana.

El fiscal pide una pena de prisión de 19 años y 10 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), cohecho (caso Zambrana, 3 años), cohecho (caso Zambrana, 3 años), tráfico de influencias (caso Zambrana, 10 meses), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), blanqueo de capitales (caso Zambrana, 4 años y 6 meses), delito contra la Hacienda Pública (caso Zambrana, 3 años y 6 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 21 millones de euros.

19.- Jesús Arruti Odriozola: Padre del anterior, socio de Sidepur y administrador único de Zerulur, otra de las empresas supuestamente vinculadas con la recalificación en Zambrana.

El fiscal pide una pena de prisión de 19 años y 6 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), cohecho (caso Zambrana, 3 años), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), blanqueo de capitales (caso Zambrana, 4 años y 6 meses), delito contra la Hacienda Pública (caso Zambrana, 3 años y 6 meses), un segundo delito contra la Hacienda Pública (caso Zambrana, 3 años y 6 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 18 millones de euros.

20.- Estíbaliz Arruti Letemendia: Hermana de Jesús José Arruti, hija de Jesús Arruti y empleada de Sidepur.

El fiscal pide una pena de prisión de 6 años.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), blanqueo de capitales (caso Zambrana, 4 años y 6 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 80.000 euros.

21.- Gorka Errasti: Esposo de Estíbaliz Arruti y socio constituyente de Zerulur.

El fiscal pide una pena de prisión de 6 años.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), blanqueo de capitales (caso Zambrana, 4 años y 6 meses).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 120.000 euros.

22.- Francesc Fernández: Uno de los responsables del grupo constructor catalán Riera, promotor del frustrado proyecto de Zambrana.

El fiscal pide una pena de prisión de 7 años y 6 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), cohecho (caso Zambrana, 3 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 13 millones de euros.

23.- Plácido Casas: Otro de los responsables del grupo Riera.

El fiscal pide una pena de prisión de 7 años y 6 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), cohecho (caso Zambrana, 3 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 13 millones de euros.

24.- Joaquín Sabater: Empresario vinculado supuestamente con la operación de Zambrana.

El fiscal pide una pena de prisión de 7 años y 6 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), cohecho (caso Zambrana, 3 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 13 millones de euros.

25.- Ramón Tomás Riba: Empresario vinculado supuestamente con la operación de Zambrana.

El fiscal pide una pena de prisión de 7 años y 6 meses.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), cohecho (caso Zambrana, 3 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 13 millones de euros.

26.- Prudencio Hierro: Gerente de las mercantiles Eskibel y Gestión de Recursos Baio.

El fiscal pide una pena de prisión de 7 años.

El fiscal le acusa de: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), falsedad en documento mercantil (caso P. Hierro, 2 años), cohecho (caso P. Hierro, 3 años).

Además, la Fiscalía solicita que deposite una fianza de 20.000 euros.