Muchas incógnitas y ambigüedades

El documento es minucioso con las dificultades que afronta el sistema de pensiones nacional y describe los efectos de los recortes que se han puesto en marcha con las dos últimas reformas, que no solamente rebajan la cuantía futura de la pensión sobre el último salario (tasa de sustitución) sino que elevan la edad de jubilación y los años necesarios de cotización. Todo ya conocido y debatido en los últimos años.

Ante es panorama desolador, su propuesta es encomiable: crear un sistema «suficiente», «solidario», «moderno», «armónico», «sostenible», «intergeneracional» y con otras atribuciones. Un panorama idílico, en especial cuando aparece en contraposición a todas las debilidades del sistema vigente, que ha pagado las pensiones en Euskadi durante medio siglo.

Sin embargo, el ciudadano de a pie y futuro pensionista puede echar en falta una descripción, aunque sea somera, de los medios económicos que justifiquen una iniciativa de tal calado y que permitan vislumbrar la viabilidad de ese objetivo final. Por ejempo, no explica a qué se debe el déficit creciente que las cuentas de la Seguridad Social presentan en Euskadi desde 2006, ni cómo podría corregirse a la hora de asumir la gestión íntegra del sistema, prevista para una segunda etapa de transferencias, posterior a la asunción de la gestión del régimen económico.

Tampoco aborda -dado que el gasto va a ser mayor en el futuro- qué parte del mismo es deseable que sea financiada con impuestos o cotizaciones voluntarias, ni si es previsible mantener los criterios actualmente vigentes sobre edad de retiro, años cotizados o cálculo de base reguladora.

El proyecto nacionalista propone crear un nuevo sistema público-privado -países como Reino Unido y Holanda lo tienen- frente al público, complementado voluntariamente con el privado actualmente vigente. Es en este apartado donde Euskadi tiene una ventaja clara con respecto al conjunto del sistema, ya que los fondos de pensiones (EPSV), que quiere integrar en el nuevo modelo, acumulan un patrimonio del 30% del PIB vasco, cuando en el resto de España esa cifra es del 8%, recuerda.

Pero los silencios del documento sugieren, con frecuencia, mucho más que lo que se dice. Por ejemplo, en su denigración sistemática del sistema de Seguridad Social vigente y la definición de las ventajas de su propuesta, apunta que los salarios vascos son más altos, insinuando con eso que generarán más ingresos para el nuevo modelo; pero silencia que también las pensiones vascas son más elevadas que la media nacional (un 24%), incluso unos puntos más que en el caso de los salarios.

Falta de concrección

Con la información facilitada, es evidente que los autores del documento tienen claro a dónde quieren llegar, saben las vías que hay que utilizar para acceder a la meta, pero no desvelan con qué materiales van a construir esas vías.

Muchos de sus objetivos son ambiguos, como cuando dicen que el fin es lograr una pensión «lo más próxima posible» al último salario. No se plantea ninguna meta al respecto, ni la participación que tendrá en ello el segmento privado con el que pretende fundir el público, y eso abre muchos interrogantes. Un breve ejemplo: en el sistema holandés, la parte pública del sistema aporta el 30% del último salario, y la privada, el 60%, lo que da una tasa de sustitución conjunta del 90%, posiblemente la más alta del mundo. Esto es algo impensable para el sistema actualmente vigente en España y el País Vasco, que los expertos sitúan entre el 65% y 70% a largo plazo.

Hay otras incógnitas. Pese a que el debate lleva vivo varios años en toda Europa y a todo lo que los vascos se juegan con esta propuesta, el documento no aporta cifras sobre aspectos como el objetivo del gasto en pensiones en porcentaje del PIB, ni si está abierta la posibilidad de subir las cotizaciones de los trabajadores o los empresarios, etc.

Por último, una de las funciones que atribuye el documento a Lagunkidetza es la de «consensuar con los interlocutores sociales una política de rentas que permita disponer de los recursos necesarios: bases de cotización; evolución de las mismas; y compromiso de la protección». Tal como están las cosas en Euskadi, este será posiblemente el objetivo más difícil de cumplir. Mucho habrían de cambiar las cosas para que los sindicatos nacionalistas se pongan de acuerdo con la Confederación Empresa Vasca, Confebask, en algo de tanto calado.