El Correo

Podemos pide limitar a 2.000 euros el sueldo de los eurodiputados

Pablo Iglesias, líder de 'Podemos.' / Marta Jara
  • La diferencia entre lo estipulado por el partido de Pablo Iglesias y lo que actualmente cobran los eurodiputados iría a parar a las arcas del partido

Los cinco eurodiputados que defenderán los postulados de Podemos tendrán que suscribir una carta de candidatos antes de hacer las maletas y poner rumbo a Estrasburgo. O lo que es lo mismo, un decálogo de "compromisos" con la ciudadanía. Entre estos "compromisos" figura el de no cobrar más de 1.935 al mes en 14 pagas.

El sueldo bruto de un miembro de esta cámara es de 8.020 euros al mes, cantidad que queda reducida en 6.250,37 euros tras cumplir con sus obligaciones con el fisco. A esto hay que sumar 4.299 euros en dietas y gastos de viajes. "La retribución neta mensual con la que contarán los parlamentarios europeos de Podemos será, como máximo, 3 veces el salario mínimo interprofesional español (645 euros)". Es decir, tendrán 14 pagas de 1.935 euros. Aparte, "los gastos de alojamiento y manutención en las sedes parlamentarias, así como los desplazamientos a las mismas y en la circunscripción para el ejercicio de sus funciones".

La diferencia entre lo estipulado por el partido de Pablo Iglesias y lo que actualmente cobran los eurodiputados iría a parar a las arcas de Podemos, tal y como se señala en otro de los puntos de este decálogo. Esta práctica es habitual en formaciones como IU, dónde algunos de sus diputados ceden a las arcas de la coalición parte de sus nóminas. "Descontadas las obligaciones fiscales, los parlamentarios de Podemos deberán donar el resto de su salario oficial bien a la propia iniciativa Podemos o bien a proyectos, colectivos, asociaciones, etc. que compartan los fines generales" de esta formación.

Dejando de lado el tema económico, los candidatos a las primarias deben aceptar que "son representantes del protagonismo popular". "Se comprometen a una rendición periódica de cuentas para hacer posible el control efectivo de los ciudadanos sobre la actividad parlamentaria y política en general", se asegura en este documento. Para ello, "se habilitarán informaciones de fácil acceso y mecanismos de transparencia, consultas directas por internet y una oficina que dé a conocer su desempeño como parlamentario y tramite iniciativas populares".

Asimismo, se establece que "el desempeño de la labor de los parlamentarios de Podemos es incompatible con cualquier actitud discriminatoria por razones de etnia, género, origen u orientación sexual". Otro de los puntos de esta carta, el quinto, recuerda que deben de estar "al servicio de las iniciativas populares por la democratización y la ampliación de derechos". De ahí que, "trabajarán en colaboración con los movimientos sociales y las agrupaciones ciudadanas".

Esta formación recuerda a sus candidatos que "mantendrán su absoluta independencia respecto de las grandes corporaciones económicas y financieras". Para ahondar en esto, Podemos remarca que el desempeño de la actividad parlamentaria "es incompatible con cualquier otra actividad de representación institucional retribuida o con una actividad mercantil privada si esta interfiriera o provocara un conflicto de intereses".

En aras de aumentar, aún más si cabe, la transparencia, los cinco eurodiputados deberán hacer pública su renta y su patrimonio antes de acceder al escaño y volver a hacerlo tras finalizar su mandato. Si una de las principales exigencias era limitar el sueldo a menos de 2.000 euros, otro de los compromisos es realizar los desplazamientos en clase turista "como la mayoría de la población", incluso, "siempre que sea posible", en transporte público.

Para terminar con este decálogo, "las parlamentarias o parlamentarios de Podemos se comprometen a trabajar solidariamente con los representantes populares de diferentes países que estén a favor de la transformación democrática de Europa, frente al poder de las minorías privilegiadas, la deuda y las políticas de empobrecimiento de los pueblos".

Un lista de medidas cuyos objetivos busca "erradicar la corrupción política, eliminando privilegios, reforzando el régimen de control, incompatibilidades y transparencia de las instituciones europeas y los partidos políticos". Así como, "adoptar medidas dirigidas a combatir el fraude fiscal, la evasión de capitales y el blanqueo de dinero proveniente del crimen organizado y las drogas" y "luchar contra los paraísos fiscales como mecanismo de las grandes corporaciones para evitar pagar impuestos en los países en los que desarrollan su actividad". Sin olvidar, "poner fin a la vergüenza en las fronteras comunitarias garantizando el respeto a los Derechos Humanos".

Para ello, y entre otras cosas, la formación liderada por Pablo Iglesias aboga en este documento de siete páginas presentado por limitar el mandato a ocho años, "evitando la profesionalización de la actividad política". "Resulta indispensable establecer la temporalidad de los cargos públicos electivos con una duración de ocho años que pudiera prolongarse, excepcionalmente y por causa justificada, hasta 12 años", asegura Podemos en esta directiva.

Asimismo, según se expone, se apuesta por la limitación de sueldos. "Un parlamentario europeo cobra 8.000 euros mensuales, los Directores Generales y otros altos funcionarios triplican este salario", algo que para este partido "es intolerable" frente a "medidas de austeridad y recortes" impuestos desde Bruselas. De ahí que, se llame a establecer "techos salariales (correspondientes al sueldo medio del país)". En concreto, según el decálogo firmado por los miembros de la lista de Podemos, que el sueldo de ningún eurodiputado supere tres salarios mínimos interprofesionales: 1.980 euros mensuales.

A esto hay que sumar, el endurecimiento del régimen de incompatibilidades para, entre otras cosas, "acabar con la ‘puerta giratoria". "Hay que impedir que la política constituya una forma privilegiada de acceso a puestos destacados en las grandes corporaciones o bancos, sobre todo después del ejercicio de Altos Cargos públicos electivos y ejecutivos en las Administraciones y Parlamentos estatales y Autonómicos", se asegura en esta directiva que cuenta con el visto bueno de Villarejo.

En cuanto al acceso desde la actividad política a la empresa privada, esta formación "exigirá el transcurso de un plazo de 10 años desde el cese de la actividad pública. Y, en ningún caso, podría accederse a los Consejos de Administración". Por último, y entre otras iniciativas, Podemos quiere acabar con el privilegio de jubilación con pensión máxima después de 7 años cotizados en el Parlamento Europeo.