PNV, PSE y Podemos aprueban su reforma fiscal en Bizkaia

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El Parlamento territorial cumple así uno de los grandes objetivos marcado en la agenda política desde el arranque de la legislatura el verano de 2023. «Era el compromiso más importante que teníamos», se ha congratulado la diputada general, Elixabete Etxanobe. «Se cierra el ciclo», ha resumido la responsable foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, en el final de un camino que tuvo sus primeros hitos con las modificaciones del IRPF y del Impuesto de Sociedades pactados por el PNV con el PP en 2014 y 2018 respectivamente. El Gobierno foral, que prefiere llamar «reconfiguración' y no »reforma« a lo aprobado ahora echó cuentas el año pasado y concluyó que había margen para reducir la presión fiscal a ciertos colectivos manteniendo una recaudación sólida.

Desde este punto arrancó en enero la negociación definitiva de un acuerdo al que se ha sumado Podemos. Se estima que las tres haciendas vascas dejarán de recaudar en conjunto unos 240 millones. Por ejemplo, la reforma eleva de 14.000 a 20.000 euros el límite exento para presentar la declaración de la renta, un colectivo que por primera vez podrá recibir hasta un 35% de lo abonado en concepto de alquiler aun no tributando el IRPF. Nacen nuevas bonificaciones para autónomos y pymes, para favorecer la conciliación familiar y laboral, el alquiler y la compra de vivienda y la salida al mercado de los pisos vacíos. A cambio, el tipo impositivo máximo para las rentas más altas se eleva del 25% al 28%, quien acredite unos ingresos superiores a 68.000 euros no podrá deducirse un piso de nueva adquisición y se elevará el gravamen a las empresas que obtengan beneficios y generen impacto ambiental que se intentarán compensar con deducciones por inversiones en medidas que faciliten la descarbonización.

Las cartas del debate sobre fiscalidad están boca arriba desde hace semanas porque la reforma, aparte de su vertiente política, ha superado varios trámites previos en las Juntas antes de su aprobación definitiva. Así que los partidos han reiterado en Gernika sus posiciones sobre una de las cuestiones que más fricción ha generado en un Parlamento en el que el clima es apacible y que llegaba a este momento álgido tras el inédito pacto presupuestario alcanzado por PNV y PSE con EH Bildu en diciembre. Hoy el principal grupo de la oposición ha querido marcar distancias. «Deben ser las únicas fuerzas de izquierdas que apuestan porque las administraciones tengan menos recursos para sostener servicios», ha lanzado su portavoz Iker Casanova a los socialistas y a Podemos. Para la popular Raquel González el nuevo modelo es un «impuestazo» que va a «desanimar» al tejido industrial y las clases medias.

En el lado del 'sí' Podemos ha vivido la jornada con mayor visibilidad del mandato. Una «brecha en la estructura fiscal vasca» considera su portavoz, Eneritz de Madariaga, las bonificaciones rascadas a PNV y PSE en la negociación. Jeltzales y socialistas han aprovechado el final para reprochar a EH Bildu su 'no'. «Las propuestas han sido de brocha gorda», ha dicho el peneuvista Aitor Arregi. «Les ha dado vértigo un nuevo pacto», ha zanjado Goyo Zurro del PSE.