Piden 5 años por un caso al inversor de Bilbao denunciado por estafa piramidal

Un conocido hostelero bilbaíno, su familia y amigos, un policía municipal, un empresario y un transportista figuran entre la docena de afectados que han dado el paso de recurrir a la Policía, aunque se calcula que puede haber muchos más que guardan silencio, ya que el denunciado presumía de tener un millar de clientes por todo el país. El último en presentar denuncia ha sido un allegado del hostelero, que valora en 120.000 euros el dinero estafado, según ha podido saber este periódico.

El relato del caso ya judicializado es muy similar al que narran el resto de las víctimas. Según el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido acceso este periódico, el afectado firmó un contrato con este prestamista, que «aparentaba solvencia profesional» y actuaba en nombre de una empresa de asesoramiento financiero e intermediación, con despacho en la Gran Vía de Bilbao, el 1 de marzo de 2023. El cliente aportaba 112.000 euros durante un plazo de 24 meses, con un interés del 20% anual, muy por encima del precio del dinero en el mercado. Por exigencia de J.I.R.F., este ciudadano entregó el dinero en metálico mediante dos reintegros de 97.000 y 15.000 euros en una cuenta bancaria. Esta es una de las principales pruebas que, según el denunciante, demostraría la entrega de dicha cantidad.

El acuerdo consistía en que el inversor bilbaíno le pagaba en mano en su despacho cada mes 1.867 euros en un sobre. Y así lo hizo durante casi un año, hasta febrero de 2024. Pero a partir de ese momento, ni efectuó los abonos mensuales ni devolvió el capital depositado sin dar razón ni respuesta pese a las reclamaciones del afectado vía whatsapp. Le respondía dándole «largas y con excusas», continúa el escrito, hasta que en octubre de 2024 el denunciante le envió un burofax. En este documento daba por resuelto el contrato de depósito y le reclamaba la devolución del capital más los intereses por valor de 13.069 euros, por los meses comprendidos de marzo a septiembre.

Al resto de los afectados también dejó de entregarles los sobres el año pasado. A algunos les explicó que se había puesto enfermo y se había quedado sin metálico al no poder trabajar, pero que cuando volviera al despacho retomaría la actividad y recuperaría los pagos, aunque eso no llegó nunca aproducirse. A principios de año, el Banco de España suspendió «la actividad de captación de depósitos y fondos» de J.I.R.P. en el marco de un expediente sancionador, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según la Fiscalía, en esta causa J.I.R.F. se ha apoderado de 112.000 euros y los intereses «incorporándolos a su patrimonio». Los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida por el que el Ministerio público reclama 5 años de prisión y multa de 11 meses a razón de 12 euros diarios.

Por su parte, la acusación particular, que representa al denunciante, recuerda que su patrocinado es «pensionista con una incapacidad pemanente total reconocida por la INSS y que no dispone de patrimonio salvo el que le entregó a J.I.R.P.». Esta parte eleva la petición de pena por los mismos hechos a 6 años de prisión y multa de 12 meses a razón de 30 euros diarios.