Personas con discapacidad reclaman en Bilbao su derecho a «un asistente personal»

Estaban convocadas por Fekoor, la federación de asociaciones que apoyan a los vizcaínos con discapacidad física u orgánica, una veintena de entidades con alrededor de 10.000 socios. Y se reunían con motivo de la celebración del Día Nacional de la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad, fecha en la que, cada año, destacan algún artículo de ese documento que, a su entender, no se está cumpliendo. «Queremos tener el derecho de elegir dónde y con quién vivir, de trazar nuestro propio proyecto vital y de crecer en autonomía personal y participación en la sociedad», reivindicaba el director de la plataforma, Javier Gil.

La reclamación se sustenta sobre dos pilares. Uno es la creación de oficinas de vida independiente, en las que «se oriente y ayude» a estas personas y se establezca «un plan individualizado de vida independiente». Y, con lo que establezca esa hoja de ruta, se accedería a una prestación que debería estar «orientada única y exclusivamente a eso», porque ahora esa asistencia que «permite a estas personas afrontar el día a día» no está «garantizada» y la reciben «a base de juntar trocitos de pensión, de RGI, de ayuda a la asistencia» y «peleándose con ayuntamientos, Diputación y Gobierno vasco». Entiende que debe «priorizarse» este servicio sobre «otros recursos que puedan implicar la institucionalización en centros residenciales», y que sea «gestionado» por los propios usuarios.

Esa, la de poder decidir, era la exigencia que planteaba Marian Andrés, que fue la primera vizcaína en solicitar, allá por el 2008, una ayuda a la Diputación para contratar a un asistente personal. Sufrió cuando estaba en la incubadora, hace 38 años, una «parálisis cerebral infantil». Necesita ayuda de forma constante, aunque le corresponden «nueve horas a la semana». El resto del tiempo lo paga «sacando de aquí y de allá», de diferentes subvenciones, pero también de su bolsillo.

Y, por supuesto, de la familia, que es «la que cubre» los cuidados y la que «no puede hacer su vida». «Por eso es tan importante el asistente personal, y también poder elegir, porque te toca quien te toca y, si te llevas mal, te tienes que aguantar», exponía. Ella, que estudió Trabajo Social, opositó y estuvo empleada en la Administración «hasta que lo tuve que dejar porque no me ponían un asistente personal», aprovechaba para situar el foco además en la necesidad de «dignificar» esa figura, porque «tienen malas condiciones laborales».

La demanda de ayuda va además al alza. Rodrigo González, que sufre una distrofia muscular que le postró hace dos décadas en una silla de ruedas, señalaba en ese sentido que las horas de asistencia subvencionada «se están recortando». Él vive con su hermano, que padece la misma enfermedad, y tienen contratados asistentes personas gracias a que trabajó como funcionario del INEM y dispone de una buena pensión. «Necesitamos ayuda para todo y estaría bien que nos bonificaran los seguros sociales de estas personas», planteaba.

La Diputación tiene una prestación, de entre 180 y 520 euros, para asistencia personal. Y un servicio, el SAVI, gestionado por Fekoor, que la complementa. González lleva ocho años con este apoyo a la vida independiente, con el que «hemos ido perdiendo horas de servicio porque la demanda aumenta; hay lista de espera», aseguraba. Antes tenían derecho a unas horas de acompañamiento «los fines de semana y festivos», pero ahora «solo los días de labor porque parece que no tenemos derecho al ocio, a ir al cine o un concierto, a pasear o a la playa...».