Bizkaia prepara un sistema de peajes para todos los camiones que entren al territorio

Además, quiere también hacer de pago para el transporte pesado la autovía a Cantabria, la A-8, entre Sanfuentes y la frontera cántabra. En este caso la justificación no sería desviar los tráficos a arterias de alta capacidad, sino hacer efectivo el principio de que quien usa y contamina, paga. Es algo que se está haciendo en toda Europa, aseguró Pradales. Además, y siendo el Puerto de Bilbao el principal imán de los transportes pesados, desde la entidad foral aprecian un desajuste en el hecho de que haya que pagar por llegar a él cuando se viene de San Sebastián por la AP-8 pero no cuando se procede de Santander.

En la Diputación quieren dejar muy claro que toda esta maniobra no tiene nada que ver con el debate estatal sobre la posibilidad de instaurar el pago generalizado para todos los vehículos en vías de alta capacidad. Circunscribió la medida al tráfico pesado. De momento, no hay estimación ni del coste de los futuro peajes, ni de cuándo estarán operativos en su totalidad. Sí se pretende que sea un proceso gradual que, si todo sale como está previsto, comenzará a ser realidad en otoño del próximo año, aunque no está definido aún por qué vía empezará. Que se cumpla ese plazo dependerá de que el plan reciba las bendiciones de la Comisión Europea, que supervisa este tipo de regulaciones que afectan al transporte. De hecho, ya se ha enviado la documentación a las autoridades continentales.

La Diputación guipuzcoana ya implantó peajes similares en 2018; en este caso, en la N-1 y la A-15. Sin embargo, la medida le ha valido varios varapalos judiciales porque los jueces consideran que el pago es discriminatorio. En Bizkaia confían en que no les ocurrirá lo mismo. Fuentes forales aclaran que en Gipuzkoa esa discriminación está motivada porque los peajes regulan únicamente el 25% del trazado de las carreteras afectadas, en sus extremos, de manera que en los puntos intermedios siguen siendo gratis y eso beneficia a los transportes locales y perjudica mayoritariamente a quienes llegan de fuera a los puntos logísticamente más saturados. El plan de la Administración vizcaína es implantar el pago en el 96% del trazado, de modo que no se daría esa situación de favor para los transportes de corta distancia.

La medida afectará a camiones «de más de 3,5 toneladas», de los que cada día ruedan por el territorio «unos 80.000», precisó Pradales. Parte de ellos saturan a menudo las vías que se quieren hacer de pago, que además en algunos casos discurren por parajes de gran valor natural. Según los cálculos forales, la implantación de peajes de las vías afectadas retiraría de ellas alrededor de 4.000 camiones. En la N-240 y la BI-625, la estimación es que el tráfico pesado se reduzca un 50%; en la N-637, un 30%; en Rontegi, un 20%; a la altura del Max Center un 14%; y en Kanpazar por la N-636, un 30%.

También se prevé una reducción del 10,2% de los accidentes en las carreteras implicadas. En este sentido, desde la Diputación recuerdan que en 2019 hubo 855 siniestros con camiones implicados (no necesariamente culpables). Por el lado de las emisiones de CO2, se reducirían en 7.140 toneladas al año -este es uno de los grandes objetivos de la iniciativa-, lo que supone el 12,8% de las emisiones causadas por el transporte de mercancías. «Es tanto como plantar cada año catorce bosques con la superficie de San Mamés», metaforizó Pradales.

Esta reducción de emisiones sería lograda gracias a que menguarían en esa medida, un 12,8%, los kilómetros recorridos y también las horas de conducción. En este sentido, Pradales lanzó que los transportistas podrían incluso salir ganando con el cambio porque el pago de peaje sería compensado con el ahorro de combustible y en horas al volante.

Con este argumento, la intención de Pradales no es solo contar con apoyos políticos, sino del propio sector del transporte. Esto sí que se presenta difícil, porque es de suponer que si a las empresas les saliese mejor ir por la autopista, ya lo harían. En cualquier caso, el diputado de Infraestructuras apuntó que el sector está inmerso en muchos otros desafíos, como la renovación de flotas o la falta de chóferes, en los que las políticas públicas podrían ayudar para compensar el nuevo varapalo que les llega por el lado de los peajes. El control de los tráficos pesados por las vías afectadas supondría la instalación de una treintena de arcos con el sistema free-flow que permite aplicar un canon sin necesidad de detener el tráfico.