El Parlamento vasco impedirá la construcción de grandes centros comerciales en las periferias

En Bizkaia no estaba prevista la apertura de nuevos centros. /F. Gómez
En Bizkaia no estaba prevista la apertura de nuevos centros. / F. Gómez

La Cámara respalda de forma unánime una ley sin impacto en Bizkaia al no haber prevista la apertura de superficies de más de 2.500 metros cuadrados

Luis Gómez
LUIS GÓMEZ

Comenzó siendo una aspiración de los grupos de la oposición -EH Bildu, Podemos y PP- y ha recibido finalmente el apoyo unánime de toda la Cámara. PNV y PSE respaldaron ayer la modificación legal para regular la implantación de grandes superficies comerciales que impide la construcción de establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados en las periferias de los núcleos urbanos. La normativa suple la Ley de Actividad Comercial de 1994 y supone un respiro para los pequeños negocios.

La Confederación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Euskadi (Euskaldendak), que agrupa a más de 5.000 establecimientos, aplaudió el acuerdo y admitió que la nueva regulación representa un «avance», aunque reconoció que es «manifiestamente mejorable».

A diferencia de Gipuzkoa, cuya resolución supone la paralización de un macro 'outlet' en Hondarribia, esta medida no tendrá en principio ningún impacto en Bizkaia, ya que no estaba prevista la apertura de ninguna gran superficie. Todos los macrocomplejos vizcaínos han dedicado importante inversiones en los últimos años a la mejora de sus instalaciones. La reforma proyectada por Max Center supondrá un desembolso de 20 millones de euros.

Los dos socios de Gobierno justificaron su giro al entender que la reforma cumple los requisitos de ser «equilibrada, necesaria y poseer seguridad jurídica», pese a considerar que, «para bien o para mal», no va a influir en «las nuevas formas de comprar y vender», subrayó Unai Grajales (PNV). En la misma línea, la socialista Susana Corcuera tildó de «importantísima y necesaria» la implantación de una normativa «bien sustentada jurídicamente».

«Inseguridad jurídica»

Desde el inicio de su tramitación, nacionalistas y socialistas incidieron en que la proposición de ley impulsada por todos los grupos de la oposición presentaba importantes vacíos jurídicos legales. Alegaron que esta «inseguridad» podría ocasionar graves perjuicios económicos a los ayuntamientos que rechazasen la implantación de este tipo de centros al incurrir en posibles delitos de prevaricación.

Tras dirimir sus diferencias, la Cámara apoyó que el texto aprobado supone una «protección del entorno urbano y medio ambiente», además de garantizar el patrimonio histórico artístico. El portavoz de Bildu, Iker Casanova, reconoció que su grupo había tenido que «rebajar alguna expectativa», si bien se congratuló de «neutralizar la proliferación» de superficies que «tanto daño hacen al pequeño comercio». «El texto es el mejor posible», se congratuló Edurne García, de Podemos, mientras que la popular María Carmen López de Ocáriz asumió que todos los partidos habían tenido que dejar «cosas en el tintero para salvar lo importante». No obstante, advirtió que estará «atenta» para ver «cómo evoluciona» una ley que alivia la situación de los pequeños comercios.