Ocho años de cárcel para el empresario que estafó 475.000 euros al Gobierno vasco

La historia de este engaño a la Administración vasca arranca en el otoño de 2012, cuando esta persona presentó su iniciativa en Lakua y pidió financiación a través del programa Gauzatu. Este es un plan de innovación destinado sobre todo a generar empleo. El solicitante, de origen rumano, recibió un préstamo reintegrable del 35% de la inversión que iba a realizar, hasta un máximo de 1,5 millones. El ahora condenado optó al máximo posible. En cada edición, el Gabinete de Urkullu adelanta 28 millones de euros al conjunto de beneficiarios.

El 29 de octubre, el empresario fue admitido en Gauzatu y se hizo con el dinero del primer plazo -353.737 euros, cifra que asciende a casi medio millón si se tienen en cuenta los intereses-. Para ello justificó el gasto con una serie de facturas que se dieron por válidas. El problema es que esos recibos «no tenían contenido económico real». Así lo destacan los jueces en la sentencia dictada el pasado 2 de junio por el Tribunal Supremo. Es decir, eran facturas simuladas. Lo más llamativo del caso es la forma en la que el ahora condenado se preparó para hacerse con el dinero del programa Gauzatu.

En septiembre de 2012, solo un mes antes de recibir el visto bueno del Gobierno vasco, el hombre de negocios tomó el control de una empresa que ya existía en Bizkaia (Iriarte Grupo Lanzarote). Pese a no tener ningún cargo en su junta directiva, el supuesto emprendedor fue nombrado presidente y se hizo con plenos poderes, tal y como figura en el registro mercantil. Para ello, desplazó a los dos administradores, uno de los cuales es apoderado en un negocio de pastelería.

Y no solo eso. La compañía, fundada en 2006, cambió también su denominación: pasó a llamarse Internacional Technology Corp Soft SA y amplió su objeto social. De dedicarse al «comercio al por mayor de textiles» se introducen en «la fabricación, compra y venta de toda clase de productos, equipos y sistemas informáticos». Su sede social quedó establecida en un caserío de Lezama. Todo se formalizó unas pocas semanas antes de ser reconocidos como beneficiarios de los créditos públicos.

En 2013, International Technology Corp Soft logró un primer pago de 353.737 euros. Antes de recibir la segunda entrega, el Gobierno vasco realizó una inspección a la empresa. Sin embargo, no halló a su máximo responsable y tampoco existe rastro de ningún puesto de trabajo creado. A partir de ahí, se encendieron las alarmas en la institución pública, que solicitó la devolución del capital adelantado. El asunto acabó en los tribunales. Hace dos meses, el Tribunal Supremo condenó al empresario a los citados 8 años de cárcel.

De forma paralela al proceso, el Ejecutivo autonómico intentó recuperar la deuda interponiendo un pleito contra uno de los directivos de International Technology Corp Soft. Pero esta vía también fracasó porque los jueces consideraron -hubo en marzo sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco- que el único responsable de la apropiación del dinero fue el empresario extranjero. Fuentes del Departamento de Industria aseguran que «es la primera vez» que sucede un fraude así en el programa Gauzatu.

Reconocen que ha habido otros agujeros e impagos, pero generados por cuestiones legales, como concursos de acreedores o quiebras, pero «nunca» una sucesión de delitos como la protagonizada por el presidente de esta compañía.