La diócesis de Bilbao crea un tribunal de mayoría laica para los casos de pederastia

La diócesis de Bilbao crea un tribunal de mayoría laica para los casos de pederastia
Luis Ángel Gómez

Será de los primeros en investigar estos abusos en España y de sus cinco miembros tres serán mujeres

Sergio García
SERGIO GARCÍA

La diócesis de Bilbao ha decidido pasar de las palabras a los hechos y acordado la próxima creación de una comisión para atajar los casos de abuso sexual, en especial de menores, en el seno de la Iglesia de Bizkaia. No es la primera en adoptar esta medida: Astorga y Córdoba ya han ensayado fórmulas parecidas, mientras en Francia, la Comisión, que tiene carácter nacional, incluye entre sus miembros a gente de ámbitos tan dispares como la educación y la seguridad, en un intento por garantizar la máxima independencia de sus conclusiones.

La decisión, hecha pública por el obispo Mario Iceta, se enmarca en el requerimiento que realizó el Papa Francisco el pasado mayo recogido en el documento 'Vos estis lux mundi', que la jeranquía católica «lleva tiempo estudiando». En él se insta a las diócesis de todo el mundo a arbitrar «en el plazo de un año» las medidas necesarias para evitar que los abusos sexuales a menores se repitan, dotándose de «un sistema para denunciar estas situaciones». Ultimado ya el borrador, el obispo auxiliar de Bilbao, Joseba Segura, señaló ayer a este periódico que la comisión que se creará en el seno del tribunal diocesano verá la luz «el próximo otoño, posiblemente en octubre». Pero fue más allá. «Este órgano estará formado por un total de cinco miembros, cuatro de ellos laicos, de los que tres serán mujeres. Sólo uno -desveló- va a ser un sacerdote ordenado».

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La comisión estará presidida por el fiscal del tribunal diocesano y el resto de miembros pertenecerán a los ámbitos, civil y penal, de la investigación policial, de la enseñanza y el tiempo libre y de la Fundación Lagungo, el centro de orientación familiar para casos de abusos o situaciones traumáticas. «Estas personas ya han sido propuestas -confirma Joseba Segura-, tenemos sus nombres y estamos a la espera de que contesten si están dispuestos a asumir la responsabilidad». El objetivo no es otro que conseguir que la Iglesia «sea un lugar seguro para todos los que acuden a ella, especialmente los menores de edad».

El procedimiento a seguir todavía esta sujeto a cambios. «Estamos pensando en personas de independencia acreditada para estudiar con libertad cualquier cuestión que se pueda presentar y luego elevarla a los cauces oportunos. Todo ello en línea con el afán de transparencia que tiene la Iglesia. Ya hemos tomado algunas medidas en este sentido y existe una voluntad muy clara de seguir haciéndolo, todo lo que sea necesario para que esto no se repita». Preguntado Joseba Segura sobre si existe en el seno de la Iglesia vizcaína, después de los casos de abuso destapados este año, la sensación de que este asunto se le ha ido a la Iglesia de las manos, contesta sin paños calientes. «Yo sí creo que habría que haber actuado antes. Pero hay que ver qué queremos decir con ese 'antes', porque hace 40, 50 años, el contexto social era totalmente diferente. La situación que estamos viviendo en la actualidad nos permite, en cambio, tomar medidas, incluso en materia de prevención, que quizá en otro momento no hubieran resultado fáciles».

«Que no se repita»

Que estos episodios se pongan en conocimiento no sólo de la justicia canónica sino también de la civil, invita a pensar que algo está cambiando, que lo que pasa en la Iglesia no debe quedar en la Iglesia. «Este contexto nos está ayudando a asumir responsabilidades que antes no estaban claras», admite Segura. La jerarquía católica «no alberga dudas de que hay cosas que no le corresponde sólo a ella valorar», sino que entran dentro de las competencias de la autoridad civil porque tiene un impacto en toda la comunidad. «Eso lo tenemos clarísimo -afirma Segura-, cuando se han producido estos casos hemos informado inmediatamente a la opinión pública y a la autoridad legislativa civil. ¿Que en otros tiempos o lugares no haya sido así? Pues sí, ciertamente es así, no hay ninguna duda. Pero eso ha cambiado y hemos adoptado un modelo de actuación para tratar de que eso no se repita».

Fuentes del Obispado recordaban ayer que la web de la diócesis ya incorpora un manual de buenas prácticas para la prevención de abusos, «una herramienta que se va a mejorar y que, con la creación de esta comisión, pondrá en funcionamiento un correo electrónico para que, quien lo precise, pueda realizar las pertinentes denuncias y dar pie a una investigación de los hechos, tanto desde instancias religiosas como civiles».

Sobre la apertura de esta línea de denuncias, Segura dice que es «un cauce que tenemos que publicitar» para que cualquiera que quiera comunicar una experiencia traumática pueda hacerlo. Es muy consciente de que «puede haber más casos», aunque «me resultaría extraño que empezaran a surgir un montón de acusaciones de repente». Insiste en que este cambio de prisma «responde a las recomendaciones del Papa, pero también al deseo que teníamos nosotros como diócesis de establecer un cauce para recibir cualquier queja que se pueda plantear o cualquier experiencia de abuso».

El anuncio se produce en un momento de conmoción social, tras conocerse casos como los detectados en Jesuitas de Indautxu en los años 80 -con el supuesto agresor ya fallecido-, el colegio Salesianos de Deusto -de los que se responsabiliza al ya retirado Don Chemi- o los perpetrados contra seminaristas que estudiaron en Derio hace ya más de medio siglo. Una oleada que trasciende el ámbito autonómico y que ha llevado a plantear medidas encaminadas a enjugar el dolor ocasionado.

En este sentido, la Conferencia Episcopal Española ha diseñado un protocolo que obligará a denunciar los abusos sexuales, unas «acciones abominables» que, como dijo su presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, «no pueden quedar impunes». El texto ya ha sido enviado a Roma y «muchas diócesis esperan su visto bueno para dar el paso», señalaban ayer fuentes próximas a la Iglesia. También los jueces se han sumado a esta corriente, al pedir hace apenas un mes que los abusos sexuales a menores no prescriban antes de que las víctimas tengan 45 años, aunque el sentir generalizado entre estas es que el delito «persiga a sus autores hasta la tumba».