Nuevo revés de Transparencia al Ayuntamiento de Bilbao por el ruido nocturno

El asunto es un punto de fricción constante entre algunos vecinos, hosteleros y el Ayuntamiento, que tiene competencias regulatorias y de control para mediar entre el derecho al ocio y al descanso. El pasado diciembre presentó el mapa del ruido generado por la juerga nocturna, tras haber contratado un estudio para hacerlo. No hubo sorpresas a la hora de señalar las zonas más castigadas: Uribitarte, Ledesma, Pozas, Somera y Barrenkale.

Pero hay algo que a Uribitarte Anaitasuna no le cuadra –aparte de la ausencia de medidas concretas para contener las molestias–. Según su relato de los hechos, en junio de 2023 el Ayuntamiento contrata el estudio a AAC Centro de Acústica Aplicada S.L., y un año más tarde, en julio de 2024, la firma entrega el trabajo, el mapa del ruido del ocio, al Consistorio. Ese mismo mes los vecinos comienzan a reclamar a la Administración el expediente de contratación, sin éxito.

Desde Uribitarte Anaitasuna apuntan que «por alguna razón que desconocemos el Ayuntamiento siguió solicitando a la empresa que continúe trabajando en el mapa hasta diciembre de 2024, unos seis meses más de lo inicialmente previsto». «Sorprendentemente, el Ayuntamiento no enseña el expediente», dicen los vecinos, que buscan conocer tanto las facturas abonadas, como los trabajos parciales y finales, y las informaciones auxiliares. «Queremos saber qué se hizo en esos seis meses» y de qué manera se modificó el estudio inicial, porque sospechan que se hizo a la carta de los intereses municipales.

No viendo satisfechas sus demandas, Uribitarte Anaitasuna acudió a la Comisión del Gobierno vasco, que ha fallado a su favor de un modo muy contundente. En la resolución de Transparencia se apuntan los argumentos del Consistorio para no atender las peticiones vecinales: «Que el informe final del mapa de ruido es público desde el 20 de diciembre de 2024», que «las facturas y la documentación contable no añaden ningún tipo de información relevante para la ciudadanía» al ser «documentos relativos a la gestión y funcionamiento internos», y que «no procede hacer públicos documentos intermedios». También alega el gobierno local que se dio cuenta a los vecinos del estudio final y de las fechas de inicio y fin de los trabajos.

Transparencia no está nada de acuerdo con el Ayuntamiento. En su resolución dice que toda la información requerida por la asociación vecinal «sirve a los objetivos de control de la actuación pública y de conocimiento de cómo se gastan los fondos públicos». Alegar que no son relevantes para la ciudadanía, como defiende el Consistorio, «desconoce la finalidad del acceso a los documentos contables finales sobre la liquidación del contrato» y esquiva la «rendición de cuentas por la gestión municipal».

Además, el organismo del Gobierno vasco ve pertinente la petición vecinal de documentación para «el contraste entre el texto aportado por la empresa adjudicataria y el texto objeto de publicación en la página web municipal». Así que pide al Ayuntamiento que proporcione a los vecinos toda la información requerida: las actas de inicio y recepción del servicio, las actas parciales por fases, las facturas giradas por la empresa y el detalle de las diferentes fases.

El Consistorio de Bilbao señala que está «estudiando la respuesta» que dará a esta situación porque «se nos pide información que ya hemos dado». La asociación vecinal, por su parte, se felicita de que Transparencia haya atendido todas sus demandas y sospecha que la negativa municipal a compartir información responde a que «tiene algo que ocultar».