«Ningún inmigrante se va a morir en la calle», asegura el consejero de Salud

«Estamos estudiando fórmulas que nos permitan mantener la atención a todas las personas que viven en Euskadi», reiteró ayer el consejero de Salud, Jon Darpón, al ofrecer un balance de su gestión a lo largo de este año durante la presentación de un nuevo escáner en el hospital de Galdakao. A la pregunta de si Osakidetza va a hacer oídos sordos a la sentencia, habida cuenta de que es muy difícil controlar si se presta o no asistencia a los ‘sin papeles’, Darpón se limitó a decir que «la sociedad vasca no permitiría que una persona falleciera sin ser atendida por el hecho de estar en situación administrativa irregular». Es más, calificó de «paso a atrás» el decreto de 2012 en la medida que ha terminado «con la universalidad» en el acceso a la sanidad que se implantó en 1986.

El consejero de Salud resaltó que autonomías gobernadas por el PP están asistiendo a todos los inmigrantes. Para ello, no han aprobado ninguna normativa, con lo que se han evitado el recurso del Gobierno Rajoy ante el Constitucional. Esta referencia de Darpón a la postura adoptada por otras regiones indica cuál es el camino que va a seguir Euskadi, una vez agotada la vía de los tribunales.

Para reforzar la decisión de seguir prestando cuidados a los inmigrantes ilegales, afirmó que se trata de un gasto «inferior al 0,5% de lo presupuestos sanitarios», una cantidad «que no pone en riesgo la sostenibilidad del sistema». Añadió que la inclusión de este colectivo -unas 17.000 personas- en el radar del Servicio Vasco de Salud es oportuno en la medida que permite controlar bolsas de enfermedades infecciosas como, por ejemplo, la tuberculosis.

En la misma línea, el titular de Salud señaló que su departamento mantiene las ayudas sociales para compensar el copago de fármacos a las personas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales. La normativa vasca anulada por el Tribunal Constitucional también hace referencia a la aportación que realizan los pacientes para comprar medicamentos. Sin embargo, estas subvenciones a los grupos más débiles económicamente no se ven afectadas porque se regulan mediante otro decreto que no ha sido recurrido por el Gobierno central.