El TSJPV reconoce la relación laboral del Social con dos empleados despedidos

Escenario, patio y palcos del Social Antzoki basauritarra. / E. C.
Escenario, patio y palcos del Social Antzoki basauritarra. / E. C.

Considera que el vínculo durante siete años «queda probado» al prestar servicios en dependencias municipales «igual que un acomodador o un taquillero»

L. PÉREZBASAURI.

La denuncia de los proyeccionistas por contratación irregular y posterior despido por parte del teatro Social de Basauri ha dado un giro inesperado. La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dejado sin efecto la sentencia del Juzgado de lo Social número 11 de Bilbao que daba la razón al Ayuntamiento y admite la «existencia de una relación laboral» entre los trabajadores y la «casa municipal de Cultura del Ayuntamiento de Basauri». El alto tribunal vasco acepta así el recurso de Olga Arenillas y Manuel Fernández contra el primer fallo y estima su pretensión de poder recuperar su puesto de trabajo.

Los magistrados entienden que queda «probado que los recurrentes fueron contratados como proyeccionistas durante aproximadamente durante 7 años» y que en ese tiempo llevaron a cabo labores de «proyección de películas en la sala de cine municipal». A pesar de que existen «varios contratos administrativos» a lo largo de este período, se constata la existencia de una «relación laboral». En este sentido, alegan que existen las «notas de ajenidad y dependencia propias» de una relación de este tipo porque «los actores prestan sus servicios en la sala de cine de la casa de cultural del Ayuntamiento de Basauri y perciben desde hace años una retribución fija mensual».

Además, toman en cuenta que los demandantes prestan sus «servicios físicamente en las instalaciones municipales de igual forma que el taquillero o el acomodador». «Nos encontramos ante un claro indicio puesto que día tras día acuden a la sala a prestar sus servicios», apuntan los magistrados.

Actividad casi permanente

Consideran por lo tanto que las sesiones de cine tienen lugar a lo largo de todos los meses del año y ascendiendo el año pasado a 291 días de exhibición. «Se trata de una actividad prácticamente permanente donde todo el año, que denota la existencia de una necesidad fija por parte de la entidad municipal, necesidad que es cubierta única y exclusivamente por los dos demandantes desde hace años», añaden los jueces. Pero además admiten como prueba que cuando en el Social se desarrollaban ciclos de cine escolar y se adjudicaba a otras empresas, ellos seguían realizando sus labores de proyeccionistas. «Los jueces incluso apuntan que podríamos estar ante una cesión ilegal de los trabajadores», explicó ayer el abogado de los demandantes.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación al Tribunal Supremo. Ayer portavoces municipales explicaron que «los servicios jurídicos municipales analizan la sentencia y valorarán si se recurre o si se ejecuta, y en qué términos, optando por la opción más favorable para los intereses del municipio». Lo que decidan será determinante para que se pueda celebrar un segundo juicio por despido nulo.