Tres días de huelga en la residencia de Arrigorriaga multada por la Diputación
Las trabajadoras siguen con sus reivindicaciones relativas a la «falta de personal, altas cargas de trabajo e inadecuada sustitución de las bajas»
Las trabajadoras de la residencia Domus Vi Arandia han dicho basta. Tras meses de protestas, reivindicaciones y un «diálogo infructuoso con la dirección» han decidido comenzar una huelga que se ha abierto hoy y se entenderá durante el miércoles y el jueves. Las empleadas se plantean continuarla durante las semanas venideras aunque por el momento descartan convertirla en indefinida.
La huelga ha comenzado con polémica por la acusación del sindicato ELA a los responsables del centro sobre la «vulneración» de este derecho al haber impuesto «unos servicios mínimos desproporcionados». «Normalmente estamos doce trabajadoras y justo hoy están 14», ha apuntado delegada sindical. Desde ELA denuncian que de esta forma han tratado de «restar efectividad a la huelga y vulnerar el derecho de las empleadas a parar».
Desde Domus Vi aseguran que se han dado tiempos ajustados para coordinar la asignación de estos servicios debido a «no recibir la notificación de la huelga por parte de las trabajadoras con suficientes antelación». Apuntan a su vez a que durante los próximos días han podido organizar los turnos correctamente «para asegurar el correcto funcionamiento y cuidado de las personas del centro».
«Nuestra salud está en juego», ha sido el lema escogido por la plantilla durante estos meses de protestas, porque condensa todas sus reivindicaciones, a saber, «las altas cargas de trabajo, la ausencia de protocolos adecuados ante enfermedades contagiosas y el incumplimiento de los ratios de personal».
El pasado 27 de octubre, la diputada de Acción Social Amaia Antxustegi, compareció en las Juntas Generales a petición de EH Bildu para dar explicaciones sobre la situación de un centro que posee plazas concertadas por el organismo foral. Antxustegi «explicó que a la residencia se le impusieron multas por valor de 37.000 euros debido a «no cumplir las condiciones de personal y de materiales y no alcanzar el ratio de trabajadores» entre otras cosas, pero aseguró que en la última inspección, realizada en septiembre, «se comprobó que sí se cumplen».
Sin embargo, las reclamaciones de las trabajadoras se mantienen invariables porque según apuntan «nada ha cambiado». «Se siguen produciendo faltas de respeto, las bajas no se sustituyen correctamente y sigue habiendo material defectuoso. Se compraron grúas nuevas pero no funcionaban y no se han arreglado», explica la delegada de ELA.
La evaluación de riesgos psicosociales ha sido otro tema candente. La plantilla lo solicitó en marzo y en octubre de 2024 y tras comenzar los trámites el resultado de la primera parte del proceso llegó el pasado mes de junio. La segunda fase, consistente entre otras cosas en entrevistas individuales con la plantilla, se realizó entre septiembre y octubre «pero todavía no han llegado los resultados», destacan. En busca de apoyos, las empleadas han realizado una recogida de firmas por Arrigorriaga y otros pueblos limítrofes como Ugao.
Desde el departamento de Acción Social de la Diputación se reafirman y ratifican que «cuando se produjo la inspección la residencia cumplía con los ratios estipulados». Preguntados por la efectividad de las sanciones de forma general destacan «con rotundidad» que «sí se notan mejorías en los centros que las reciben».
