SEPES demanda una solución para no perder los 16 millones de la Basconia

El desarrollo urbanístico que el Ayuntamiento de Basauri ha ideado para el terreno de la antigua fábrica de la Basconia, no es del agrado de sus dueños. SEPES, sociedad estatal propietaria del solar, de 131.152 metros cuadrados, ha presentado estos días una alegación al PGOU aprobado el pasado mes de junio por el Consistorio, con los votos de PNV y EH Bildu.

El planeamiento contempla la construcción máxima de 1.400 viviendas a lo largo de la próxima década en todo el municipio y, en el caso del espacio que ocupaba la fábrica, rebaja la edificación a tan sólo 300 pisos, la mitad de ellos libres. Inicialmente se estimaban 1.300 pisos, todos protegidas.

Esta operación fue la primera que realizó SEPES en Bizkaia. De hecho, nunca antes había adquirido un terreno en la provincia y se animó tras firmar un convenio, en 2009, cuando el Partido Socialista gobernaba en la localidad. Sin embargo, aquel pacto voló por los aires con la llegada del Partido Nacionalista al gobierno municipal, hace casi ocho años.

Pese a todo, la sociedad estatal sigue pendiente de gestionar el solar y de poder recuperar el dinero que aportó. En total, nada menos que 16 millones de euros que costearon, además de la adquisición, el derribo de varias edificaciones, entre ellas la antigua nave E, y la limpieza del terreno. Por eso, ha aprovechado la modificación de las normas subsidiarias para solicitar al Ejecutivo local que «permita el desarrollo del sector residencial o que se plantee una alternativa de ordenación que permita la viabilidad económica y recuperar las inversiones públicas realizadas».

En su alegación, recuerda que la decisión de reducir tajantemente la edificabilidad, «afectaría injustificadamente al interés público». «Los nuevos usos no dan cumplimiento al número de viviendas acordado», recalca. Matiza, además, que la declaración de Bien de Interés Cultural que solicitó el Ayuntamiento de una de las naves del taller , a propuesta del Partido Popular, supone una «carga sobrevenida que agrava el desarrollo». Así las cosas, la entidad pública, dependiente del Ministerio de Fomento y Vivienda, hace hincapié en la existencia de un «convenio» firmado en 2009 entre ambas instituciones, que podría acabar en los tribunales de no cumplirse.

Desde el Ayuntamiento, portavoces municipales defendieron que a través de las «mayorías en el pleno» la institución es «la competente para fijar el modelo urbanístico de pueblo que persigue». Si bien, el ejecutivo local se mostró abierto a «estudiar» la propuesta y la alegación, advirtió de antemano que «siempre se atenderá al modelo de pueblo que pretendemos impulsar». La idea que contempla el Consistorio para esta zona incluye además de las 300 viviendas, mantener actividad empresarial.