Intervención critica que el servicio de proyeccionista del Social debía haber salido a concurso

Imagen del Teatro Social de Basauri. /E. C.
Imagen del Teatro Social de Basauri. / E. C.

La valoración del jurista solicitada por el grupo municipal de Basauri Bai reconoce que del año «2012 al 2018 no se excedió el importe máximo para realizar el servicio a través de contratos menores»

L. PÉREZ BASAURI.

Un informe del interventor del Ayuntamiento de Basauri apunta a que el servicio de proyeccionista del Social Antzokia debía tramitarse de «a cuerdo a lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público». La valoración del jurista solicitada por el grupo municipal de Basauri Bai reconoce que del año «2012 al 2018 no se excedió el importe máximo para realizar el servicio a través de contratos menores con cada uno de los terceros por separado». El máximo que estipula la ley es de 18.000 euros, precisamente la cantidad que el teatro pagaba a los empleados.

Aún así, recuerda que en febrero del año pasado se emitió un «informe de control interno» porque los importes globales, juntos, sí que excedían la cuantía máxima permitida. En este sentido, el jurista detalla que se han elaborado los pliegos conforme a la normativa vigente en la nueva Ley de Contratos del Sector Público y se espera a su adjudicación.

La solicitud de información de la marca de Podemos en la localidad se produce después de que los dos trabajadores denunciasen al teatro municipal para que «regularice su situación». Requieren una indemnización de «20.000 euros», la cuantía que consideran han dejado de percibir durante el último año. El resto de ejercicios han prescrito.

El tribunal de lo Social de Bilbao tendrá que decidir si la relación laboral que mantienen desde hace seis años es «irregular», como defiende el abogado de los proyectistas. En 2012 accedieron al puesto después de que el teatro echase a la anterior persona que ponía las películas. Tanto a este como a un segundo empleado les propusieron darse de alta en «autónomos» a pesar de que no hubo un concurso público. Desde el Consistorio defienden sin embargo que la relación laboral se basó «en la legalidad vigente».

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