Dos hermanas de Arrigorriaga han vivido 20 años en su casa pese a haber sido expropiada

Fachada del caserío 'Barzubia', ubicado en el arrigorriagarra barrio de Kubo. / A. C.
Fachada del caserío 'Barzubia', ubicado en el arrigorriagarra barrio de Kubo. / A. C.

El Ayuntamiento, que nunca hizo efectivo el trámite, paga ahora 25.000 euros a la única dueña que queda viva y que ha decidido abandonar el inmueble

ASIER ANDUEZA ARRIGORRIAGA.

En 1995 el Ayuntamiento de Arrigorriga puso en marcha el proyecto urbanístico Torrontegi II, para desarrollar un polígono industrial. El plan contemplaba el caserío 'Barzubia' como edificio de cesión obligatoria, por lo que se le debía expropiar a los Albizua, la familia propietaria. El trámite se puso en marcha, se aprobó y, cuatro años después, la Junta de Compensación acordó indemnizar a las dueñas -dos hermanas- con 4,2 millones de pesetas. El inmueble figura como de titularidad municipal desde ese 1999, merced a un acuerdo plenario. Sin embargo, sus habitantes nunca llegaron a abandonarlo, ni se les obligó a hacerlo, ni cobraron la cuantía pactada. Ahora, tras la muerte de una de ellas y la marcha de la otra, los responsables municipales han decretado que se abone la cantidad acordada entonces, al cambio, unos 25.000 euros.

El 'Barzubia', también conocido como 'Barsobia', pertenecía a los Albizua desde sus orígenes. Hasta el proceso urbanístico de mediados de los 90, Karmele y Miren Isolda vivían en él sin muchos sobresaltos. De hecho, a pesar de las decisiones políticas, han seguido haciéndolo hasta el pasado mes de marzo, cuando la segunda falleció. De avanzada edad, la superviviente decidió abandonar el lar familiar, no sin antes enviar una carta al alcalde de la localidad, Asier Albizua, a la sazón, su sobrino. En ella, reclamaba el pago de la expropiación. Poco después, un decreto de Alcaldía, daba luz verde al abono.

«Ha tenido que inhibirse»

La decisión ha causado indignación en la oposición. EH Bildu ha pedido la eliminación o la revocación inmediata de la decisión. «Han residido allí en precario, sin ningún tipo de contrato y sin abonar un céntimo al Ayuntamiento pese a estar en una vivienda pública», denuncia Joseba Ibarretxe, edil bildutarra, que las califica incluso de «okupas». Y van más allá al señalar que el decreto municipal está firmado por un teniente-alcalde y no por el regidor «ya que éste ha tenido que inhibirse, pues la persona indemnizada es un familiar directo suyo».

«Es necesario que se busquen alternativas y que se medite más tiempo sobre este asunto. Además, lo argumentado por los servicios jurídicos municipales deja muchas preguntas sin contestar que habría que investigar», reclama Ibarretxe.

En el Consistorio tienen claro que la indemnización debe ser asumida. «El acuerdo de pleno de 1999 es completamente legal según nuestros servicios jurídicos», confirman. De hecho, el equipo de gobierno ha emitido un comunicado en el que asegura que la decisión de abonar el montante se basa en un informe emitido «conjuntamente por la secretaría y la intervención municipal». En él se señala que en aquel pacto se asumía «la obligación de abonar la indemnización a los ocupantes de dicho caserío en el momento en que lo desalojen», algo que acaba de ocurrir.

En cuanto al parentesco del primer edil con la indemnizada, fuentes municipales aseguraron que era «algo casual». «Todo el proceso tuvo lugar hace 20 años», zanjaron.

 

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