Diez familias de más de 80 años de un portal de Basauri esperan el ascensor para salir de casa

Una de las vecinas del bloque, con problemas de movilidad, observa el estado de la escalera. / JORDI ALEMANY
Una de las vecinas del bloque, con problemas de movilidad, observa el estado de la escalera. / JORDI ALEMANY

La quiebra de la empresa que realizaba las obras y la negativa de un txoko a darles permiso mantienen a diez familias de Basauri, la mayoría de más de 80 años, sin elevador

LEIRE PÉREZ BASAURI.

Para las diez familias, la mayoría octogenarios y nonagenarios que residen en un portal de la calle Lehendakari Aguirre de Basauri, instalar un ascensor era un sueño. Aunque en realidad era la única alternativa viable para poder salir de casa cómodamente y sortear las empinadas escaleras que les separan de la calle. Cinco pisos nada menos. Ilusionados a pesar de los inconvenientes, como ruido y suciedad, que conlleva una obra de este tipo, hace más de tres años decidieron aprobar un presupuesto de alrededor de 100.000 euros e ingresaron más de 30.000 euros en la cuenta de la comunidad para hacer los primeros pagos.

Todo marchaba correctamente. Se había alcanzado un «acuerdo verbal con el txoko Bidebieta que se encuentra en el bajo» y la empresa comenzó a reventar la mitad de la escalera para hacer hueco a la futura instalación. De un día para otro «los operarios dejaron todo patas arriba y no volvieron», recuerda el presidente de la comunidad José Ríos Moreno, uno de los vecinos.

No lo podían creer. «Habíamos entregado a la empresa 29.000 euros en forma de pagares y teníamos todo roto. Incluso tuvimos que contratar a otra empresa para que protegiera la zona del hueco con un armazón de madera y evitar que hubiera una caída», recuerda el portavoz de los residentes.

Por aquel entonces todavía no sabían la que les venía encima. El asunto se complicó porque por un lado la empresa se quedó con el dinero, pero trasladó el pagarés a otra sociedad, que ahora, aún con la obra sin hacer, exige a la comunidad el pago de toda la deuda. En el colmo de las desgracias, apareció otra variable que parecía solucionada. Al txoko accedió una «nueva junta y se negó a cumplir el acuerdo que había alcanzado». «Nos dijeron que no había nada escrito y ya no querían los 3.000 euros que les íbamos a dar por la expropiación de 3 metros cuadrados. Nos propusieron que tirásemos la escalera entera para no invadir su local, un proyecto que vale el doble y que nos obliga a salir de casa», relata apesadumbrado el presidente. «Nos piden cosas surrealistas, que incluyen, por ejemplo una empresa privada de seguridad para que vigilen que no entra nadie en el txoko», añade.

Los vecinos han tenido que pagar la colocación de listones de madera para mayor seguridad.
Los vecinos han tenido que pagar la colocación de listones de madera para mayor seguridad. / Jordi Alemany

Sin salir de casa

La falta de un acuerdo les ha impedido continuar con la obra y condenado a vivir durante más de tres años con el tajo a medias. «Somos muy mayores, no entendemos estas cosas, pero lo cierto es que hay gente que no puede salir de casa», asegura el presidente de la comunidad.

El tema está judicializado desde 2017. Entonces denunciaron también a los gestores de la lonja por impedir realizar una obra de accesibilidad. «Los abogados están a punto de llegar a un acuerdo», asegura el administrador de la Asesoría Basauri.

Sin embargo, los residentes ven que el tiempo pasa y nada cambia, a parte de su estado físico y a edad. «Nadie se ha preocupado de nosotros. Un vecino fue al Ayuntamiento y el arquitecto conocía el proyecto, pero no nos dio ninguna solución», asegura Ríos. Creen que hay una «inacción» por parte de la institución local que podría, en base a una ordenanza aprobada hace más de una década, ejercer una «expropiación en favor de la mejora de la accesibilidad». «En el txoko hay gente vinculada hay hasta un antiguo concejal del PNV. Y creemos que habido dejadez por este motivo», alertan. Desde Bidebieta prefirieron no hacer declaraciones, aunque aseguraron que el tema estaba en «abogados» a petición de la comunidad.

Ante las acusaciones portavoces del Ayuntamiento dijeron que es un «tema entre particulares que al estar judicializado no podemos actuar». «Nosotros quisimos mediar y los vecinos se negaron», lanzaron.

«Como dice la ordenanza para expropiar tiene que darse unos requisitos previos, estar motivado, que sea necesaria para dotar de accesibilidad al inmueble y en este caso no es así, ya que otros planteamientos técnicos que garantizan la accesibilidad. No se cumplen los criterios para la expropiación», zanjaron.

Municipio pionero en expropiar en caso de conflicto

Para dar una «solución rápida y eficaz a los conflictos, sin necesidad de que las comunidades de propietarios recurrieran a la vía civil», el Ayuntamiento modificó, hace diez años, la ordenanza municipal de promoción de la accesibilidad a las viviendas e incorporó un nuevo supuesto expropiatorio que incluía la Ley Vasca del Suelo en el artículo 177. De esta forma, en el caso de que hubiera oposición de un propietario la autoridad municipal podría acordar la incoación de la expropiación a petición de la comunidad.

Además para facilitar la instalación, hace seis años se decidió flexibilizar los criterios técnicos para que los edificios con entre 26 y 50 vecinos pudiera colocarlo en un hueco de tan sólo 230 centímetros. Eso sí, siempre que la escalera mantuviese un ancho mínimo de 80 centímetros.