Condenan a dos hombres por estafar a una comunidad de vecinos de Basauri

La empresa que habían creado fue contratada para realizar una obra que nunca se desarrolló y por la que recibieron 67.000 euros de adelanto

LEIRE PÉREZ BASAURI.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a quince meses de prisión -el Ministerio Fiscal solicitaba tres años de cárcel- a dos responsables de la empresa Indeco Obras y Proyectos por estafar a una comunidad de vecinos de Basauri. Deberán además indemnizar a los residentes con 45.250 euros.

Los hechos se remontan a 2016 cuando los propietarios contactaron con la firma para instalar un ascensor. Aceptaron el presupuesto de 102.003 euros y un calendario de pagos por el que al principio de las obras debían pagar el 20% del montante, tres cuantías del 5% en los tres siguientes meses y otro 5% más al finalizar las obras. El 60% restante se abonaría en 24 mensualidades.

Sin embargo, apremiados por Indeco, los residentes abonaron más cantidad de la que les correspondía, en total 67.000 euros. El ingreso no logró que las obras avanzasen más rápido y en octubre de ese mismo año, tres meses después de arrancar el tajo, la empresa de metalisteria que había sido subcontratada se negó a seguir por los «impagos que estaba sufriendo por parte de Indeco», recoge la sentencia.

Ante tal circunstancia los vecinos decidieron cesar en los pagos lo que derivó en la paralización de la obra y y el abandono por parte de los trabajadores. Fue entonces cuando decidieron demandar porque «en el momento del abandono se había ejecutado aproximadamente un 23% de la obra, valorándose en 21.750 euros», detalla el fallo.

Propósito de defraudar

Los tres magistrados que han juzgado el caso consideran como hechos probados que «se exigió al inicio la mayor cantidad de dinero posible y se mantuvo la ejecución de la obra en las condiciones mínimas que permitiesen exigir más sumas, abandonando los trabajos cuando cesaron las entregas». Matiza, además que «era evidente su propósito de defraudación ilícita».

La sentencia, que es recurrible, añade que el comportamiento de los dos gestores de la sociedad era «un comportamiento que apunta a la voluntad de incumplimiento desde el principio».