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La multitud de escaleras y cuestas que presenta el barrio de Ollargan, desarrollado urbanísticamente en la década de los 70, se convirtieron con el tiempo ... en un grave obstáculo para sus vecinos, especialmente para las personas mayores, los más afectados por la mala accesibilidad. La necesidad de un proyecto de reurbanización ha sido una demanda histórica entre sus habitantes, de ahí que en el mes de abril del 2024 el Ayuntamiento de Arrigorriaga sacará a licitación un proyecto para una reforma integral del barrio, por una cantidad de 1.954.678 euros. Finalmente, la obra fue adjudicada en junio a la empresa Bezel-Siecsa por 1.573.000, una cifra sensiblemente inferior a la proyectada.
Las obras comenzaron en septiembre, pero siete meses después, desde el Consistorio anunciaron que tendrían un sobrecoste de 600.000 euros, una decisión que fue aprobada en el pleno del mes abril. En ese momento surgió la polémica entre el equipo de gobierno, integrado por EH Bildu, Arrigorriaga Gara y NOA, con el principal partido de la oposición, el PNV. En la información remitida desde el Ayuntamiento se señalaba que los 600.000 euros extras se destinaban a «mejorar el proyecto», un argumento que provocó la reacción de los jeltzales, que acusaron al Consistorio de «mentir». La portavoz del PNV Ainara Sáez señalaba que «esa cantidad no va dedicada a mejorar el proyecto, sino a terminarlo». «Nos abstuvimos en el pleno porque queremos que los vecinos vean terminada la obra cuanto antes, pero nos pareció que no se contaba la verdad al pueblo y por eso hablamos», destacaba Sáez.
Preguntado sobre los motivos del sobrecoste, el concejal de Urbanismo, David Cidre, explica que proceden de dos fuentes. Por un lado están las deficiencias en el proyecto, que suponen aproximadamente 300.000 euros. «Una vez comenzó la obra se vio que había errores de medición de diferentes unidades», señala Cidre. La otra parte corresponde a imprevistos. El edil destaca que «la red de saneamiento no había dado problemas, pero cuando metieron las cámaras se dieron cuenta de que no era aconsejable comenzar la urbanización encima de una red en tales condiciones».
Al tratarse de un incremento superior al 20% del total del presupuesto, tanto el contrato como el proyecto en sí deben ser modificados, algo en lo que están inmersos actualmente los técnicos municipales. Según señala la portavoz del PNV «una vez hecha la modificación deben colgarlo en la plataforma y notificárselo a las empresas que se presentaron, y en el caso de que una de ellas decidiera recurrir las obras podrían paralizarse». Por parte del equipo de gobierno, Cidre negó tajantemente que eso pudiera suceder y afirmó que desde el Ayuntamiento «no se baraja esa posibilidad».
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