Arrankudiaga y Arakaldo siguen «en tierra de nadie» en el conflicto de sus aguas sucias

Con la construcción de la depuradora de Basaurbe, donde llegarán las aguas sucias de Orozko y que también prestará servicio a Llodio, y la de Markijana, hasta la que se transportarán las fecales de Amurrio y Ayala, el Gobierno central invierte cerca de 60 millones en una red saneamiento que se espera que en julio de 2023 eche a andar de forma provisional. Todo parecen buenas noticias, pero Arrankudiaga-Zollo y Arakaldo, localidades que no suman más de 1.100 habitantes entre las dos, se siguen quedando «en tierra de nadie» y se han convertido en los puntos negros de contaminación fluvial en el Alto Nervión.

Los alcaldes, Tutxi Ariznabarreta y Jabi Asurmendi, ambos de EH Bildu, han expresado en innumerables ocasiones su «frustración» ante la falta de respuesta por parte de Diputación y Gobierno vasco. Asimismo, han pedido «celeridad» ya que Arrankudiaga cuenta con 70 pabellones en el polígono Bakiola y otros tantos ocupan los terrenos industriales de Arbide y La Isla-Ugarriza en Arakaldo. «Verter aguas contaminadas en pleno siglo XXI, es un escándalo», asegura Ariznabarreta. Ambos ediles apuntan que ningún municipio de sus características puede asumir el coste de semejantes infraestructuras y están «cansados» de llamar a la puerta de organismos supramunicipales en busca de una solución a un problema que consideran «de extrema gravedad».

Ayer fue Zigor Isuskiza, apoderado del grupo EH Bildu, quien en el pleno de las Juntas Generales le preguntó a la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Amaia Antxustegi, sobre las medidas que adoptará la entidad foral ante la situación que sufren estos dos municipios vizcaínos. La diputada fue clara y puso sobre la mesa la misma solución que en otras ocasiones: asociarse al Consorcio de Aguas. Por el momento ninguno de los municipios está integrado en el organismo mancomunado. Razón por la que la depuradora de Galindo únicamente presta servicio hasta Ugao-Miraballes.

«La legislación establece que es competencia municipal. Entendemos que hay localidades que por su tamaño no pueden hacer frente y por eso hemos repetido en numerosas ocasiones que apostamos por un único Consorcio de Aguas para todo el territorio. Es el instrumento más eficaz para proporcionar un abastecimiento adecuado a todos los vizcaínos», recuerda. «Seguimos trabajando por incorporar a aquellos municipios que han manifestado su voluntad de integración recientemente, como Arrankudiaga», añade, y adelanta que ya se ha redactado un estudio que aúna tres actuaciones para esta localidad. La primera consistiría en incorporar las aguas residuales interceptadas en los barrios ubicados junto al cauce, enviarlas a la red del Consorcio en Ugao para ser tratadas finalmente en Galindo. Otra opción es un colector para los barrios del sur y la tercera serían depuradoras compactas para los lugares a los que no lleguen las alternativas anteriores. Todos estos trabajos ascenderían a los 21 millones de euros. «Arakaldo podría aprovecharse de estas soluciones, pero aún no ha manifestado que quiera adherirse al Consorcio», indica Antxustegi.

Sin embargo, el alcalde de Arrankudiaga puntualiza que ellos han hecho «sus deberes». En 2018 cedieron ante la imposibilidad de hacer frente a obras desorbitadas, tanto en abastecimiento como en saneamiento, y tomaron la decisión de integrarse en el Consorcio. «Cuando se iba a formalizar, en 2020, con todos los informes técnicos aprobados, llegó la pandemia y la Diputación cortó el dinero para nuevas inversiones y por lo tanto para nuevas integraciones. Así que nos quedamos en standby», explica el primer edil. La localidad firmó un convenio de colaboración por el que se han comenzado a dar algunos pasos y, a partir de abril, el ente mancomunado gestionará los recibos. «Estamos con un pie dentro y otro fuera», lamenta. «Desde URA se nos abren expedientes porque seguimos vertiendo. Es una situación de impotencia, cada vez que preguntamos se nos responde con evasivas y nosotros somos quienes sufrimos». Arakaldo, por su parte, apela a su «soberanía» para no adherirse al organismo provincial.

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