Murueta reclama derechos sobre seis parcelas del plan del Guggenheim Urdaibai

La empresa naval, que no ha querido hacer declaraciones, ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente que admita que, pese a que ya no es dueña legalmente de esos suelos, sí que puede seguir utilizándolos durante al menos 30 años. Si el trámite sale adelante, la compañía tendría que ser indemnizada en caso de verse forzada a abandonar la zona. Esta solicitud se produce en un momento en el que la Diputación ha iniciado conversaciones con el propio astillero y con otros propietarios del entorno para sondear la compra de la pastilla de terreno que posibilitaría el desembarco de una de las dos sedes que el centro cultural abriría en la comarca.

Astilleros Murueta ha reactivado este expediente después de casi 20 años. En 2005, según documentación a la que ha tenido acceso EL CORREO, los abogados de la compañía naval solicitaron a Costas que reconociera ese derecho de uso y aprovechamiento. Pero no recibieron respuesta. Al menos, eso es lo que ahora alegan para reiniciar el trámite. Que esta solicitud se cursara en 2005 no es una casualidad. Un año antes se había aprobado el deslinde que imponía las nuevas reglas del juego, en función de la Ley de Costas de 1988. Un deslinde que recientemente ha sido modificado para rebajar la protección de la zona de los astilleros, pasando la zona de servidumbre de 100 metros a solo 20. Esto en la práctica permitiría edificar en buena parte de las parcelas del entorno, siendo clave para la construcción del museo.

Según alega ahora la empresa de construcción naval, Costas nunca respondió a su petición. Y recuerda que planteó nuevos escritos en 2015 y en 2021 para interesarse por la situación de las parcelas. Ahora, Astilleros Murueta dice haberse enterado de que hubo un informe oficial que abogaba por denegar esta petición, por «no haber quedado suficientemente acreditada la titularidad de las fincas». Este documento lo habrían encontrado los abogados de la empresa vizcaína al solicitar copia del expediente.

En su nueva solicitud, los astilleros aportan certificaciones registrales de las seis parcelas. Según estos documentos, los terrenos ocupan una superficie de 52.000 metros cuadrados. La compañía naval también aporta escrituras de otros terrenos del entorno, con el objetivo de que no queden dudas, según los letrados, de su titularidad en el pasado.

¿Qué ha hecho Costas ante esta situación? Ha abierto de nuevo el trámite y ha pedido a las personas, asociaciones o grupos que puedan sentirse perjudicados que presenten alegaciones. Los grupos ecologistas y sociales que se oponen a la construcción de este museo en Urdaibai presentarán escritos de oposición. Estos colectivos entienden también que la concesión de los astilleros habría quedado ya extinguida y que la empresa está obligada a sufragar la descontaminación de los terrenos. Una labor para la que la Diputación ha logrado una inyección de 40 millones de euros por parte del Gobierno central.