«Es todo un montaje político», dice el empresario vasco acusado en Bolivia
El responsable de IME Consulting afirma que el escándalo de corrupción por la venta de respiradores se debe a la cercanía de las elecciones
Ignacio Mazarrasa, administrador de la empresa bilbaína IME Consulting, asegura tener la conciencia tranquila e insiste en que no ha hecho nada irregular. Para él, ... todo lo que ha pasado es «un montaje político». Lo afirma en declaraciones a EL CORREO después de que su compañía se haya visto implicada en un terremoto político y sanitario en Bolivia. ¿El motivo? El supuesto sobrecoste de varios millones de euros que el Gobierno del país andino habría pagado para hacerse con 170 respiradores producidos por la empresa catalana GPA Innova y distribuidos como intermediarios por la firma bilbaína IME Consulting.
El escándalo ya ha costado el cargo al ministro de Salud boliviano, Marcelo Navajas, cesado por la presidenta interina, Jeanine Áñez. El responsable de Salud fue detenido y trasladado a dependencias policiales para prestar declaración, junto con otros tres altos cargos del ministerio. El asunto está en manos de la Justicia, que ha abierto una investigación para averiguar si la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) de Bolivia cerró con un elevado sobreprecio la compra de 170 respiradores para tratar a pacientes de Covid-19.
El escándalo saltó cuando se supo que se habían pagado 25.100 euros por unidad cuando el precio de los respiradores oscila entre 6.300 y 10.000 euros, según el modelo. También se ha denunciado que no sirven para tratar a los pacientes en determinadas circunstancias.
Mazarrasa, empresario guipuzcoano afincado en Getxo, afirma que todo el escándalo es, en realidad, «un montaje político». Según su versión, la polémica ha surgido por la fuerte presión que los partidos de la oposición están sometiendo al Gobierno interino a apenas tres meses para la celebración de elecciones en Bolivia. Su intención, defiende, es llevar este asunto con «transparencia total».
Utilizados en Cataluña
De hecho, dice que ya se ha puesto en contacto con el ministro de Justicia para remitirle «toda la documentación» de la operación, en la que su firma iba a percibir un 20% de los más de 4 millones de euros en los que se cerró la operación. Es decir, su margen se situaba en torno a 800.000 euros. En este sentido, asegura que si las autoridades no están conformes, él está dispuesto a que le devuelvan los respiradores.
En todo caso, Mazarrasa insiste en que todo este asunto les está «perjudicando» y que se están planteando presentar una demanda por «daños y perjuicios». Lo hará -dice- si antes del lunes no les pagan la mitad del contrato (más de 2 millones de euros) que Bolivia tiene pendiente de abonar.
Respecto a la utilidad de los respiradores, cuestionada en medios locales, el responsable de IME Consulting insiste en que están siendo utilizados en «UCIs de Cataluña». En todo caso, recalca que en los próximos días estaba prevista una actualización de los equipos para que pudiesen funcionar a pleno rendimiento, ya que la negociación del contrato tuvo que realizarse en apenas cinco días.
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